Para el gobierno de Panamá, las medidas que en los últimos años Uruguay ha venido tomando con el fin de adecuarse al estándar de transparencia fiscal lo colocaron como un país discriminador, al igual que otras 19 jurisdicciones que afectan su economía e intereses comerciales, al considerarlo de “baja o nula tributación”. Esas “son medidas de contraataque y que implican devolver la discriminación”, dijo a Búsqueda el director del Departamento de Asesoramiento Impositivo de EY Uruguay, Rodrigo Barrios.
Advirtió que, si bien la resolución es reciente y hay que ver cómo las autoridades panameñas la implementan, no es una acción “proporcional” porque excede lo tributario y afecta el comercio exterior, la situación migratoria, laboral, y la inversión de las empresas uruguayas en Panamá.
Opinó que puede considerarse una “extorsión” para ver si Uruguay y los demás países (entre los que se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Perú, Francia, Grecia, Portugal y Rusia, por ejemplo) lo sacan de su lista “negra”.
La situación no tiene antecedentes para Uruguay ,y, a su juicio, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez deberá continuar el diálogo bilateral buscando alguna solución, ya que “el ojo por ojo no le sirve ni a Panamá ni a los otros países”.
—Al inicio de marzo el gobierno de Panamá incluyó a Uruguay y a otros 19 países en una lista de jurisdicciones discriminadoras. ¿Qué implica eso?
—Después de toda la movida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de países de la Unión Europea en búsqueda de mayor transparencia en materia fiscal internacional, Uruguay modificó su legislación en varios aspectos, como el intercambio automático de información financiera, las medidas que introdujo para desfavorecer el uso de estructuras que tengan sociedades o que involucren a países considerados de baja o nula tributación. Y varios países han considerado que Panamá no cumple con los estándares internacionales en transparencia fiscal. En nuestra legislación Panamá es considerado así, y tiene un tratamiento adverso respecto a lo que es el régimen general.
Panamá desde 2002 tiene una ley que le permite al Poder Ejecutivo emitir una lista de países y aplicar medidas de “retorsión” contra quienes lo discriminen.
—Eso es lo que hizo. ¿Qué significa retorsión?
—Básicamente, son medidas de contraataque y que implican devolver la discriminación, tanto a nivel gubernamental como de personas físicas, empresas y demás involucrados. Aquella ley se actualizó en 2016 y ahora la lista es emitida por tres ministerios panameños.
La ley nombra seis categorías de efectos. Si uno se pone del lado panameño puede entender que Uruguay ha hecho una discriminación a nivel tributario. Pero la medida panameña no es proporcional, porque excede lo tributario y va a temas arancelarios, lo que afecta el comercio exterior y llega a medidas migratorias y laborales contra los nacionales uruguayos. Puede llegar a suceder que si una persona nacida en Uruguay está trabajando en Panamá, pierda el derecho a hacerlo.
Habrá que ver cómo se pone en práctica, o si es simplemente una amenaza. La resolución es reciente, del 8 de marzo; tiene que publicarse en el diario oficial panameño y luego adquiere la vigencia legal.
Inclusive, la ley otorga al Consejo del Gabinete —un órgano del Poder Ejecutivo panameño— la posibilidad de aplicar otras medidas no previstas en la ley. Eso puede llegar a incrementar las medidas.
—¿La razón de fondo puede ser un pedido de ayuda?
—No conozco la interna del gobierno panameño, la medida parece ser más un medio para intentar dialogar con los demás países, de forma de ver cómo se puede hacer para que lo quiten de sus listas negras. El ojo por ojo no le sirve ni a Panamá ni a los otros países.
—¿Qué efectos prácticos estima que puede tener esto para Uruguay?
—Hay que ver en la práctica cómo se implementa, pero sin duda hay una medida en el papel, de retorsión tributaria, que es aumentar la tasa de retención a los pagos que se realicen de Uruguay a Panamá. Pero hay otras de tipo arancelario que incrementa la tasa para los productos uruguayos que ingresen a Panamá. Además, hay medidas migratorias y laborales que podrían llegar a que no se permita que uruguayos trabajen en Panamá, no otorgar más residencias migratorias a uruguayos, o inclusive hasta revocar las otorgadas, lo que parecería un exceso. Uruguay no planteó en ningún momento ese tipo de medidas.
También se afectaría el comercio y la inversión, porque se prohíbe a empresas uruguayas (o cuyos beneficiarios finales sean nacionales uruguayos) a participar en licitaciones o contrataciones públicas con el gobierno panameño en diversos temas, como transporte, extracción y explotación de recursos renovables, naturales. Por tanto, afecta la posibilidad de las empresas uruguayas de participar en ese tipo de actividades, inclusive se restringe y hasta se puede llegar a suspender el movimiento de carga y pasajeros en la vía terrestre. Quizás por la lejanía la medida no nos afecta tanto, pero a países como Colombia seguramente sí.
—¿Cómo se resuelve esto? Uruguay está procurando alcanzar un tratado de intercambio de información. ¿Qué están haciendo los demás países afectados?
—En la región nos comunicamos con las otras oficinas de EY y no hay noticias de qué están haciendo los gobiernos al respecto. Supongo que estarán analizando la medida y manejando el tema en forma diplomática.
En Uruguay, hace tiempo sabemos que el Ministerio de Economía ha estado en conversaciones con Panamá, primero intentando buscar que no estuviera en la lista de países de baja o nula tributación. Eso no se logró porque Panamá no alteró sus normas tributarias. Luego, con algún acuerdo de intercambio de información entre ambos países; eso tampoco se logró. La intención del gobierno ha sido dialogar y buscar un consenso con Panamá, pero hay algunas restricciones de la legislación panameña para hacerlo, con lo cual supongo se deberá retomar este tipo de conversación para intentar solucionarlo.
—¿Hay antecedentes para Uruguay de este tipo de medida?
—En este tipo de lista, como país discriminador, no recuerdo un antecedente. Sin duda, estuvimos en listas como país de baja tributación o como paraíso fiscal, pero no estando del otro lado, como país discriminador.
—¿Cree que otros países puedan tomar medidas similares a las de Panamá?
—Es posible… países del Caribe o más pequeños que tienen menor peso relativo. Pero es posible que vean o analicen cuál es la respuesta que dan los otros países, sobre todo los europeos, que en general responden a este tipo de temas, en especial cuando la medida es no proporcional.
No me sorprendería si la medida hubiera sido tributaria, porque en definitiva sería proporcional y con cierta reciprocidad, pero esto lo excede totalmente. Lo que más me preocupa es que se incluyan temas migratorios y laborales, que afectan la vida de personas.
Hay que esperar la respuesta de los otros países; dudo que la comunidad internacional cambie el estándar porque Panamá se sienta discriminado. Más que una retorsión, puede considerarse una “extorsión”; pero quiero pensar que es más una invitación —un poco fuerte— a dialogar y buscar un consenso para que se saque al país de la lista, obviamente dentro de las formas que permitan mantener el estándar internacional.
