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Pocos dirigentes del Frente Amplio quisieron hablar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ayer miércoles 19, que rechazó el pedido de los defensores del exministro de Economía Fernando Lorenzo y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, de declarar inconstitucional el delito de abuso de funciones que les tipificó el fiscal Juan Gómez.
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Varios dirigentes, en especial del Frente Líber Seregni (FLS)—sector al que pertenecen Lorenzo y Calloia—, consultados por Búsqueda prefirieron no opinar sobre la decisión de la Corte y esperarán a la resolución de la jueza del caso, Adriana de los Santos.
Uno de los que sí habló fue Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio. “Conocido el fallo, lo primero que nos genera es preocupación, porque a los frenteamplistas nos preocupa cualquier cosa vinculada a la gestión de gobierno”, afirmó Castillo.
El dirigente del Frente Amplio dijo que confían “en los compañeros involucrados”, porque “no están ante una situación delictiva o de enriquecimiento ilícito”, sino ante un “error” administrativo.
Al respecto, la senadora del Movimiento de Participación Popular Lucía Topolansky declaró a Televisión Nacional, que “no hubo robo ni enriquecimiento ilícito”.
Además afirmó que esta decisión de la Corte les genera “un problema” a los legisladores que están analizando derogar el delito de abuso de funciones.
Previo a la decisión de la Corte, dirigentes del Frente Líber Seregni hicieron referencia a la situación de algunos de sus compañeros involucrados en investigaciones judiciales.
“Parece que estamos de cartón ligador”, dijo ayer miércoles a Montevideo Portal, el director de Casinos, Javier Chá. El jerarca realizó esta declaración a raíz de una nota de “El Observador” sobre una investigación judicial respecto a la compra en un remate de máquinas tragamonedas.
En tanto, en el acto aniversario de Alianza Progresista realizado el lunes 17, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Rodríguez, dijo que la “judicialización de la política afecta a la democracia”, porque los actos de gobierno deben ser juzgados por el pueblo y no por un técnico del Poder Judicial.