Patricia Laburu (PL) —Hemos tenido dos sentencias desfavorables, pero no son resoluciones que haya tomado la Senaclaft, son anteriores, cuando la inspección la llevaba la Auditoría Interna de la Nación. Nosotros tenemos dos en trámite, pero todavía no hay sentencia.
JC —Nosotros queremos cumplir a rajatabla con el debido proceso administrativo, y que si eventualmente hay alguna sentencia adversa del TCA, que no se deba a imperfecciones cometidas en el desarrollo del proceso administrativo. Estamos reforzando enormemente esto.
Y también estamos fortaleciendo el Observatorio de Riesgo, que es nuestro análisis de inteligencia. Esta es una de las oficinas del Estado que hace inteligencia; incluso, formamos parte de la nueva mesa de inteligencia que dirige el doctor Garcé, el secretario de Inteligencia del Estado. Hemos querido reforzar eso a los efectos de que sea lo más científico posible nuestro análisis de riesgo. Cuando comparamos con la pandemia, decimos que es seguir el vector, no hacer hisopados sin un análisis previo, no hacerlos aleatoriamente. En este caso estamos preparando inspecciones en zonas francas. Alguien nos criticaba en Twitter por decir que les estábamos avisando. Pero nosotros no dependemos de inspecciones sorpresa, nuestra supervisión no depende de que no se enteren que vamos, porque lo que hacemos es análisis de operaciones que ya se hicieron en los cinco años anteriores. Nuestra función es básicamente preventiva. Así que no solo estamos advirtiendo, sino que estamos en conversación con los representantes de los sectores a los efectos de que la inspección sea lo más útil y pedagógica posible. Queremos colaborar con los que nosotros ahora queremos llamar “sujetos colaboradores” para que hagan la debida diligencia de la mejor manera posible. Lo mejor es que tengan claro cuáles son o van a ser los períodos de las inspecciones. Incluso hemos señalado al fútbol, que es para el primer semestre del año que viene.
—Ser “sujeto colaborador” obligado, porque obligado está por la ley a reportar operacione sospechosas.
(JC) —Alguien decía en Twitter que llamar sujeto contribuyente al que paga impuestos, es como que el violador llame novia a su víctima. En realidad, lo que queremos no es disfrazar que es el sujeto obligado, sino demostrar que nuestra actitud es de prevención y colaboración, de pedagogía, para facilitarles el cumplimiento de la debida diligencia. No es esperar que fallen para caerles y sancionarlos y multarlos. Razón por la cual hemos tomado varias medidas en el sentido de elaborar manuales de cumplimiento, hemos estado en varios webinarios a los efectos de aterrizar la normativa y su cumplimiento para efectivamente facilitar. Es verdad que Uruguay tiene, en relación con el lavado de activos, una situación privilegiada en comparación con la región.
—¿En qué sentido?
(JC) —Al menos en lo que se ha podido detectar, la entidad del lavado de activos en Uruguay es baja; no es que sea inexistente, sino que es baja en relación con la región. Es uno de los indicadores que es consistente con la mayoría de los indicadores que suele tener Uruguay en índices de desarrollo humano y ahora en pandemia. Esa situación no exime de estar absolutamente vigilantes y realizar todos los controles que debemos realizar. A fortiori también hay que hacerlo en relación con el financiamiento del terrorismo, que prácticamente —quizás la aseveración sea atrevida— es casi casi un tema teórico, en Uruguay es un tema absolutamente de prevención para que no pase, para que esa situación de virtual inexistencia siga siendo tal.
—Usted decía que los niveles de lavado son muy bajos…
(JC) —… bajos comparativamente con la región.
—Pero Uruguay tiene fama de ser uno de los centros de lavado de activos en la región. ¿Es justificada?
(JC) —Hasta donde hemos podido ver, e incluso con la experiencia en relación con lo penal en el Poder Judicial y la Suprema Corte, no es una fama que se corresponda con la realidad. No ha habido en Uruguay un quantum de lavado de activos relevante. El tema es quién nos ha acusado o quién nos ha creado la fama. Si se refiere a la acusación de que, por ejemplo, la mayoría de los capitales con los cuales se ha construido Punta del Este no son capitales nacionales, bueno, eso es cierto, lo ha sido durante medio siglo, lo que no quiere decir es que hayan existido delitos precedentes a ese ingreso de capitales extranjeros al Uruguay para hacer inversiones inmobiliarias. Básicamente, por situaciones históricas, lo que ha habido en países vecinos ha sido elusión, que no es ilegal, es tratar de pagar la menor cantidad de impuestos que sea posible y, si se puede, poner los ahorros o capitales a resguardo de la persecución de gobiernos que no brindan reglas claras. Y eso no es lavado de activos, al menos no lo es técnicamente.
—Las investigaciones sobre lavado suelen ser complejas y a veces eso provoca que se frustren. ¿No puede ser un poco engañoso basarse en que hay pocos procesamientos? Otro ejemplo similar es el de la trata de personas, en el que también hay pocos procesamientos y un consenso de que no son representativos de lo extendido que está el problema. ¿No ocurre algo parecido con el lavado?
(JC) —Me acuerdo que tuvimos una discusión con la ministra de la Corte de Estados Unidos Sonia Sotomayor, que estuvo de visita en Uruguay años atrás. Ella no podía creer que en ese momento cada juzgado uruguayo tenía solo dos casos de trata cada uno. Me acuerdo de que los jueces le señalaron que hasta donde sabíamos esa era la realidad que teníamos en Uruguay, no había más denuncias. Nosotros hemos tenido algunos casos de lavado un poco espectaculares, pero no un número de casos relevante. Nos han señalado lo mismo desde el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con el tema de los reportes de operaciones sospechosas. ¿No, Patricia?
(PL) —El nivel ha sido bajo en determinados sectores. Si bien ha aumentado en lo que respecta sobre todo a escribanos y al sector inmobiliario, no ha aumentado en el resto de los sujetos obligados de la manera en que pretendería Gafilat.
(JC) —Ahora, que eso sea un defecto del sistema de contralor, nosotros no lo tenemos claro. Nos parece que hay mucho de adecuación a la realidad, que no es que se esté encubriendo el fenómeno, sino que el fenómeno no tiene magnitud —ninguno de ellos, ni el de la trata, que sí se ha incrementado en los últimos años, ni en este momento el de lavado de activos—. Reitero, no dependemos exclusivamente de los reportes de operaciones sospechosas, ni tampoco de las inspecciones; se hace también en nuestro observatorio labor de inteligencia que es básicamente cruce de bases de datos.
—En los últimos años estudios jurídicos, sociedades anónimas y algunas cuentas bancarias de Uruguay han sido involucradas en casos de lavado de dinero como el Lava Jato (Brasil), la Ruta del dinero K (Argentina), el empresario Balcedo y el escándalo de corrupción en el fútbol. Todos esos casos, con vínculos locales, no fueron detectados en Uruguay hasta que explotaron en el exterior.
(JC) —De fútbol sé poco, pero la intervención de Estados Unidos fue decisiva a nivel mundial.
—Sí. Pero usted dice que hay pocos casos y los que explotan en Uruguay es porque la información viene de afuera. ¿No estará faltando mejorar adentro del país?
(JC) —Es verdad lo que usted señala. Y además, creo que reportes fructíferos de operaciones sospechosas han sido pocos, ¿no, Patricia?
(PL) —Sobre todo en los casos a los que él refiere.Y sin perjuicio de la reserva y demás, no creo que los sujetos que hayan intervenido hayan hecho los reportes correspondientes en esos casos.
Gustavo Misa (GM) —Hay que tener claro que lo que nosotros investigamos no tiene que ver con el lavado de activos. Todos esos casos que tu nombrás, son casos de lavado de activos que los investiga la Fiscalía. Nosotros lo que hacemos es, en función de esas denuncias o de delitos precedentes, investigar a sujetos obligados en función del cumplimiento de la normativa. Es decir, si el sujeto obligado está colaborando, pero puede llegar a probar que cumplió con la normativa, bueno, nosotros no podemos ir más allá.
—Pero la Senaclaft tiene elementos para definir si el nivel de lavado en Uruguay es alto o bajo.
(JC) —Es relativamente bajo. Por supuesto, es muy probable que tenga mucho que ver con el mercado uruguayo y con la magnitud del movimiento de capitales. Tenemos la sensación de que lavar 10 millones de dólares no debe tener la misma facilidad que hacerlo en Brasil. Es bastante más difícil. La normativa de contralor del Banco Central es bastante importante y los controles redundantes que deben hacer los sujetos colaboradores u obligados también es grande. Ahora, ¿puede darse que no salte en todos esos controles y que el sistema sea usado para lavar activos? Y sí, puede darse. No hemos detectado una situación masiva de esos casos y creo que es la misma sensación. No es una sensación que tenga solo la actual secretaría, sino que también existía antes.
—Cuando estaban en la oposición, legisladores blancos cuestionaban que Uruguay era más realista que el rey a la hora de aplicar las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en temas de lavado. ¿Fue o es demasiado realista?
(JC) —A lo que usted señala de ser más realista que el rey o más papista que el papa, técnicamente es una situación de sobrecumplimiento. Es decir, si estamos cumpliendo con los estándares mínimos internacionales, o hay una situación de sobrecumplimiento de esos estándares. Lo que en concreto el gobierno entendió y nosotros compartimos, es que había margen, sin desconocer los estándares mínimos de cumplimiento, para desescalar un poco. Es un ajuste hacia la racionalización de algunos controles y eso es lo que se terminó plasmando en la Ley de Urgente Consideración. Creemos que se llegó a una redacción un poco abstrusa, un poco larga, pero que evidencia con claridad cuál era la intención: facilitar en determinadas situaciones de muy bajo riesgo la realización de la debida diligencia sin que menguara la eficacia de los controles. Creo que había margen, por lo menos, como se efectivizó, para ser un poco más flexibles.
—¿Tienen fecha para los controles a los partidos políticos?
(JC) —A los partidos políticos, no.
(GM) —Este año, como decía el doctor, estamos encarando todo lo que es la parte de reestructura interna, armando los equipos de fiscalizadores y armando procedimientos de fiscalización y fortaleciendo el observatorio. Por lo tanto, este año se nos va a ir todo en lo que es zonas francas. El año que viene la idea es empezar con todo lo que tiene que ver con asociaciones civiles y ahí estaría el fútbol, cultos religiosos, partidos políticos, gremios, colegios, mutualistas.
(JC) —Grosso modo, de unas 7.000 sociedades civiles y sin fines de lucro terminamos en un padrón de 600 o 700 sujetos obligados, abarcando todo este universo tan disímil de organizaciones. Ahora estamos enfocándonos en hacer un análisis más perfeccionado en zonas francas, o sea, donde el ajuste hacia un método lo más científico posible de cruzamiento y análisis de riesgo se está estrenando es con el sector zonas francas.
- Recuadros de la entrevista
Criterio de control es distinto para una iglesia con “2.000 años” en comparación con una “más nueva”
Es necesario crear el delito de enriquecimiento ilícito
