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La educación es el eje del programa de medidas socioeducativas que impone el Código de la Niñez y de la Adolescencia para los menores de edad (entre 13 y 17 años) que cometen delitos. Sin embargo, en el sistema también convive una población mayor de edad, porque “el pico de comisión de delito” hoy se ubica en los 17 años y el máximo de penas es de cinco. “Muchos jóvenes entran con 17, pero luego tienen estadías de tres a cinco años en promedio, por lo que también trabajamos con adultos, lamentablemente”, dijo a Búsqueda la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco.
Fulco explicó que otros países, como Costa Rica, solucionaron el tema de la convivencia penitenciaria entre mayores y menores al crear un “sistema intermedio”, por el cual los jóvenes que cumplen 18 años en prisión pasan a otra modalidad de reclusión, hasta los 25 años. “Entonces quedan bien separadas las franjas de edad con programas de rehabilitación adaptadas a las características del desarrollo psicofísico de cada joven”, explicó.
La jerarca propuso este sistema ni bien asumió la dirección del Inisa, en 2015, al advertir que los mayores generaban “muchos problemas” y “mala influencia” en los demás internos. “Sobre todo los jóvenes que vuelven del Comcar con un saldo de pena y llegan con otra experiencia, porque acá están como sobrados o superados y no quieren saber nada de nada con ningún tipo de propuesta sociopedagógica. ¿Y entonces, qué hacemos? Nos complican tremendamente por las malas prácticas que traen y su mala influencia”.
Otro problema del sistema, según Fulco, es la falta de descentralización, porque si bien el Inisa asume la privación de libertad en todo el país, todos sus centros se concentran en Montevideo (con cinco lugares) y Canelones (con siete), excepto el de Lavalleja, que alberga apenas a seis internos. El Inisa reclamó la construcción de un centro regional al norte del río Negro, o al menos reforzar el de Lavalleja con otras 20 plazas.
Para Fulco, “la centralización implica un destierro adicional al encierro que sufren los adolescentes del interior y también sus familias”. Los internos de Paysandú, Salto o de Artigas “tienen otra cultura, otra crianza, y la adaptación no es fácil. Esto suma violencias que las proporciona, sin querer, la propia institucionalidad”.
“La centralización es un daño adicional importante para nuestros jóvenes, porque la prisión no es fácil, y menos sin familia, amigos, nada. Eso es terrible”, concluyó.
