“Múltiples irregularidades”, beneficios a privados y un manejo desprolijo del dinero complican a Sendic y a ocho jerarcas de Ancap

Por otra parte, el fiscal solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que procese al ex vicepresidente por “reiterados delitos de peculado”, debido a que hizo un “uso indebido” de las tarjetas corporativas de Ancap, “incurriendo en múltiples gastos que no fueron debidamente justificados”. El uso irregular de las tarjetas fue un hecho que se añadió posteriormente a la causa judicial, luego de que Búsqueda publicara una investigación que revelaba compras inusuales de Sendic en tiendas de ropa, de electrónica, supermercados, free shops, joyerías y librerías, tanto en Uruguay como en el exterior.

Por otra parte, el fiscal aclaró que, tras levantar el secreto bancario de los indagados, no se detectó que en ningún caso haya habido un enriquecimiento ilícito de su parte.

La jueza Larrieu fijó audiencias con los nueve indagados entre el 10 y el 13 de abril para que realicen sus descargos sobre el pedido fiscal, y luego dispone de 45 días para resolver. Si los procesa se dará comienzo al juicio, que podría tardar de meses a años en resolverse.

“Múltiples irregularidades”.

Uno de los hechos de mayor relevancia entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía es la triangulación entre Ancap y la empresa Trafigura para refinar petróleo ecuatoriano, sobre la cual Búsqueda informó en un artículo de setiembre de 2014, previo a que se iniciara la comisión investigadora.

Entre los años 2010 y 2012, Ancap acordó comprar crudo a la estatal ecuatoriana Petroecuador y luego venderle el crudo refinado. Pero como Ancap no tenía capacidad de refinar todo el crudo, contrató a su vez a la empresa Trafigura para que se encargara. El negocio le reportó ganancias por US$ 200 millones a Trafigura, que fue contratada sin licitación.

De acuerdo con el dictamen fiscal, el ente “incurrió en una grave irregularidad” al contratar a la empresa sin un procedimiento competitivo, ya que colocó a Trafigura en “una posición extremadamente ventajosa”. Aunque Ancap obtuvo beneficios económicos por el negocio —de unos US$ 5 millones— “fueron abrumadoramente superiores los beneficios obtenidos por Trafigura”. Pacheco consideró que se trató de “un acto arbitrario, contrario a las normas de la buena administración” y pidió el procesamiento por abuso de funciones de Sendic, quien firmó el contrato con la empresa, y de los integrantes del Directorio que lo aprobaron, Riet, Gómez y Amaro. Excluyó de responsabilidad al blanco Carlos Camy, ya que, si bien aprobó el acuerdo, inmediatamente después denunció irregularidades en la contratación.

La intervención de la financiera Exor en las tratativas de Ancap para cancelar una deuda contraída con la venezolana Pdvsa por la adquisición de crudo también resultó irregular para la Fiscalía, que advirtió “mu´ltiples, sucesivas y graves irregularidades en la actuacio´n del ente estatal”. Exor propuso una ingeniería financiera para que Ancap cancelara su deuda con la venezolana, y aunque Pdvsa accedió, luego decidió que interviniera otra empresa. Exor entonces reclamó a Ancap por quedar fuera del negocio, habiendo prestado su know how. Para compensarla, la petrolera uruguaya hizo un nuevo acuerdo para una segunda cancelación de deuda, y se obligó a pagarle una indemnización si incumplía. Más tarde, debido a una decisión del Poder Ejecutivo, el acuerdo con Exor efectivamente se incumplió y Ancap quedó atada a una indemnización millonaria que se rehúsa a pagar y que hoy se dirime en un tribunal civil.

El fiscal cuestionó en primer lugar que la relación entre Exor y Ancap se “trabó exclusivamente” entre Sendic y su representante, sin que conste la firma de ningún documento y sin un llamado a licitación. Además, señaló que “no se comprende en absoluto que el Directorio de Ancap haya pactado” penalidades millonarias en dólares a favor de Exor en caso de incumplimiento de la operacio´n, y que lo haya hecho “sin tener la certeza de que contaría con los fondos del Ejecutivo para la segunda cancelacio´n”.

“Finalmente, menos se comprende aún que el propio Directorio incumpla flagrantemente el acuerdo, a sabiendas de que expondría a Ancap a un juicio millonario en dólares en su contra”, escribió Pacheco.

Por estos hechos pidió procesar por abuso de funciones a Sendic, a Coya, quien lo sucedió en la presidencia del ente, a Riet y a Gómez. En el caso del director colorado Juan Máspoli, que también aprobó el acuerdo con Exor, pidió una audiencia ampliatoria porque no lo interrogó sobre el tema, y se expedirá posteriormente.

Deslindó de responsabilidad a Alejandro Steineck, representante de Exor en Uruguay y exdiputado suplente por el Frente Amplio, sobre quien aseguró que quedó probada “la ausencia de cualquier tipo de favorecimiento o influencia en las distintas etapas de las negociaciones”.

Otro de los puntos denunciados por la oposición fue el proyecto para vender cal a la empresa brasileña Electrobras CGTEE, que implicaba la previa construcción de una planta de cal en Treinta y Tres. El costo de la planta terminó casi duplicándose y se generaron demoras que costaron millonarias multas a Ancap. Para la Fiscalía, si bien hubo “decisiones estrate´gicas que pueden ser naturalmente discutidas y cuestionadas”, estas no configuran delito.

Pero sí consideró que merece reproche penal la contratación de la empresa Pleno Verde para transportar la cal a Brasil. Esta recibió adelantos de dinero por parte de Ancap de US$ 2.400.000, “sin garantía y sin intereses, a cuenta de futuros transportes”. Tales “préstamos encubiertos”, que no estaban previstos en ninguna de las cláusulas del contrato original, “a una empresa privada, sin el respaldo documental correspondiente, y sin el aval del Directorio de Ancap”, constituyen “actos arbitrarios, cometidos en perjuicio de la administración”, sostuvo el fiscal. Por eso solicitó procesar por abuso de funciones al director de Cementos del Plata y gerente de la división Portland de Ancap, Juan Romero.

En cuanto al contrato entre Ancap y la Armada por la adquisición de un remolcador, que debido a supuestos defectos en la construcción su puesta en marcha se atrasó por años, el fiscal entendió que si bien “llama la atención” que la petrolera presentara “sucesivas observaciones a las condiciones del buque y dilatara notoriamente su puesta en funcionamiento”, incurriendo en cuantiosos gastos, no se configuraron delitos.

En cambio, afirmó que hubo “múltiples irregularidades” en el contrato que realizó Ancap con una empresa naviera para transportar combustible mientras se culminaban los ajustes al buque de la Armada. Ancap hizo varios llamados para contratar otro remolcador, y todos fueron ganados por la empresa Nautimill. Kios, la otra empresa que se presentó a los llamados, presentó dos acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y para evitar el litigio Ancap le ofreció contratarla de forma directa. Pero luego de acordar esa solución, Ancap no cumplió el contrato con Kios y volvió a adquirir los servicios de Nautimill. La empresa entonces decidió presentar una demanda contra Ancap por “daños y perjuicios”.

Como razón para incumplir el contrato con Kios, Ancap alegó que sus barcos superaban el calado requerido. Pero la medición de dicho calado se realizó en condiciones climáticas inadecuadas y sin la presencia de Kios. Para el fiscal, los funcionarios involucrados en la medición —Goldsztejn y Lemes— actuaron con “mala fe y abuso de funciones” e indujeron a error al Directorio de Ancap. Pacheco solicitó el procesamiento por abuso de funciones para ambos.

Entre las denuncias de la oposición estaba también el incremento de gastos en publicidad, la concesión dudosa de pauta a una radio de Quebracho y el gasto de más de US$ 370.000 en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja. En estos casos el fiscal entendió que más allá de que pueda cuestionarse la conveniencia de los montos gastados, de la “evidente desprolijidad administrativa” que constató en la autorización de la pauta a la radio, o del costo que “aparece a todas luces como exorbitante” en la fiesta, no se trató de conductas ilegales o delictivas.

En cuanto los cuestionamientos a la subsidiaria Alur, que ha requerido de constantes aportes económicos por parte de Ancap para subsistir, la Fiscalía consideró que “si bien se ha acreditado la veracidad de las circunstancias denunciadas, se trata de decisiones empresariales y estratégicas, y más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse a tales decisiones, se trata de conductas que no se enmarcan en figuras delictivas”.

Pacheco cuestionó sin embargo los sucesivos beneficios otorgados a la empresa Abengoa, constructora de la planta de bioetanol en Paysandú. En particular, el premio de US$ 1 millón por entregar de forma anticipada la obra, aunque esta aún tenía desperfectos. Por esto pidió el procesamiento del gerente general de Alur, Manuel González, por el delito de estafa, ya que consideró que a trave´s de “engan~os y artificios” indujo a error a Alur, para “procurar a un tercero un provecho injusto”.

Pacheco deslindó responsabilidad en estos hechos al exdirector de Alur, el senador frenteamplista Leonardo de León, ya que no continuaba en el cargo cuando se concedió el premio a la empresa constructora. El senador también había sido denunciado por el supuesto uso ina­decuado de las tarjetas corporativas de Alur. Sobre ese punto, el fiscal manifestó que aguardará al pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública para expedirse.

Otros hechos que formaban parte de las denuncias de la oposición, como las presuntas irregularidades en la importación de crudo o en el pago de la deuda de Pluna a Ancap, fueron desestimados por la Fiscalía.