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El pasado miércoles 27 de enero, tras reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Tabaré Sosa, las legisladoras de la bancada femenina, lideradas por la vicepresidenta Beatriz Argimón, hicieron anuncios auspiciosos a la prensa. Se instalarían no tres sino seis Juzgados de Género y se trabajaría en conjunto entre el Poder Judicial y el Legislativo para encontrar soluciones a la escasez de recursos, como el apoyo de personal técnico de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el préstamo de locales.
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Sin embargo, las declaraciones públicas parecen estar lejos de las posibilidades reales que hoy tiene la Corte para instalar esos juzgados, previstos en la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género Nº 19.580 y creados en la última Ley de Presupuesto. Así lo manifestó la ministra de la Corte Elena Martínez a Búsqueda, que dijo que si bien “se valora” y “agradece” la colaboración de quienes asistieron a las reuniones —primero las legisladoras y luego la directora de Inmujeres, Mónica Bottero—, las necesidades de recursos que la Corte planteó al presidente Luis Lacalle Pou en una nota enviada en diciembre siguen “incambiadas”.
“Las palabras expresadas en diciembre deben reiterarse íntegramente a la fecha”, afirmó. “Nada ha cambiado. Iniciado febrero de 2021 estamos igual que el 18 de diciembre de 2020”, afirmó, y advirtió: “Así como estamos, las sedes de Género no pueden funcionar”. “Estamos esperando alguna respuesta favorable en el sentido de que haya locales o recursos. Pero por ahora no tenemos certeza de nada”, agregó.
Martínez dijo que “la insuficiencia de recursos se agrava sin la derogación de los incisos C y D del artículo 51 de la Ley Nº 19.580”. La Corte había pedido en el Parlamento derogarlos para acotar las competencias de los nuevos juzgados y reducir los costos, pero fueron aprobados.
Consultada sobre si en las reuniones se habló sobre ese aspecto —Búsqueda no pudo comunicarse la semana pasada con Sosa—, Martínez dijo que el presidente les informó que “todos coincidieron en que la derogación era una necesidad”.
La ministra resaltó “la voluntad permanente de la Corte de agotar los esfuerzos” para que las sedes se instalen, y señaló que inició gestiones ante el Ministerio de Economía en noviembre y “no tuvo respuesta”.
Respecto a las ventajas que implicaría contar con locales del Estado que ahorren el costo de alquiler, Martínez dijo que “ofrecerlos es un aporte importante”, pero que se desconoce en qué departamentos estarían ubicados y qué características tendrán, y que posiblemente sea necesario hacerles obras, “lo que no puede hacerse de un día para otro”. Además, la Corte seguiría sin poder “solventar los gastos de funcionamiento”. Por eso, señaló, es “urgente” contar con los locales y los recursos: “Estamos con un tiempo muy acotado para lograr que el 1º de julio empiecen a funcionar”.
La ministra también aclaró que no se crearán seis sedes sino tres, como prevé la ley. “Presumo que hubo un mal entendido porque las sedes son tres, pero con doble juez”, indicó. Por otra parte, señaló que la posibilidad de contar con personal de salud pública “no parece que vaya a poder concretarse en la práctica”, porque ASSE comunicó en estos días a la Corte que debido a la saturación de los servicios no podrán continuar haciéndose cargo de las Juntas Médicas que se convocan en el marco de juicios.
