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    miércoles 05 de junio de 2024

    “Ni los políticos ni el empresariado” son conscientes de la gravedad del problema del crimen organizado en Uruguay

    “En Chile como en Uruguay estaba esta sensación de que la violencia estaba contenida en ciertas áreas y segmentos de la población”, pero eso en un momento “escapa de control”, advierten los especialistas Juan Pablo Luna y Andreas Feldmann

    En febrero se cumplió un año de A Ultranza PY, la mayor operación contra el crimen organizado en la historia de Paraguay. A la fecha se realizaron 130 procedimientos, se incautaron bienes por US$ 250 millones y fueron detenidas 24 personas. A Ultranza PY desmanteló a una megaorganización de tráfico de drogas y lavado de activos, a partir de cooperación internacional de la que participó la Policía de Uruguay. Es que, más allá de tener como centro a Paraguay, atacó a una red transnacional extendida por toda la región, cuyo objetivo principal era exportar cocaína fabricada en Sudamérica a Europa, África y Asia.

    La operación es una de las referencias de una investigación académica de los profesores Andreas Feldmann (Universidad de Chicago) y Juan Pablo Luna (Pontificia Universidad Católica de Chile) que analizan las relaciones entre crimen organizado y política en Paraguay, Perú, Chile y Uruguay, y cómo esas relaciones afectan a la sociedad, la economía y la democracia de esos países. Uno de los ejes centrales de su estudio, incluido en un paper próximo a publicarse titulado Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America, es que el camino de un país hacia el desarrollo puede desviarse cuando la economía ilegal tiene un peso demasiado grande en comparación con la economía legal.

    En una entrevista con Búsqueda, Luna y Feldmann coincidieron en que Uruguay no escapa a esa dinámica. “Lo que es claro es que en la región hay una especie de convergencia, ¿no? Entonces, ves que los casos donde supuestamente habría mayores niveles institucionales y donde supuestamente los niveles de crimen organizado y, en particular, el narcotráfico estaba sumergido o menos visible, empieza a emerger con mayor fuerza”, explicó Luna, uruguayo radicado en Chile.

    —Ustedes dicen que el camino de una sociedad subdesarrollada a una desarrollada no está dado más allá de que exista crecimiento económico. Por el contrario, advierten que el crecimiento de la economía ilegal puede torcer ese camino. ¿Está sucediendo eso ahora en Uruguay?

    Luna —Sin duda.

    Feldmann —Totalmente. Un desarrollo lineal hacia un estadio de alto desarrollo humano que evidentemente está siendo mermado por ese fenómeno.

    Luna —Esto es importante también para las élites económicas. No estás hablando solo acá de temas de seguridad, estás hablando de que en la medida en que avanza la ilegalidad, y está avanzando en estos países, los derechos de propiedad empiezan a ser más cuestiones que pelear con armas. Entonces, las reglas de juego de la economía formal y que le importan a la economía formal, empiezan a ser constreñidas en sus operaciones en distintos mercados, en distintas áreas funcionales, por actores de facto que le disputan esos derechos de propiedad o la legalidad. Y, por otro lado, es importante entender que son sociedades que funcionan como muy escindidas. No hay un Uruguay, hay varios Uruguay. Y tenés relaciones complejas entre esos Uruguay: en el Uruguay violento, digamos, del norte de avenida Italia para arriba, tenés las mismas aspiraciones de consumo que en Pocitos. Pero en ese Uruguay, lo único que podés hacer para satisfacer esas necesidades de consumo, dada la estructura que tiene hoy la economía, es ser exitoso en el fútbol, que es muy difícil, o dedicarte a estas economías ilegales. Esos son incentivos que les pegan muy duro a nuevas generaciones que están socializadas en este contexto y que hacen que, por ejemplo, vos mejores las escuelas y que inviertas en capital humano pensando que eso te va a llevar al desarrollo, pero eso no aterrice bien en un contexto donde los niños tienen todos los incentivos para hacer otra cosa. Aunque se mueran jóvenes, ¿no? Eso es algo que vemos en nuestras entrevistas, que antes no pasaba en Chile y Uruguay, pero que hoy sí pasa. Y es que hoy tenés jóvenes que dicen: prefiero tener una vida corta, sé que en algún momento se me va a apagar la luz, pero voy a tener una buena vida y no me voy a romper el lomo trabajando como mis abuelas y mis padres, que están acá metidos en este lío y se rompieron el lomo toda la vida.

    —En Uruguay los políticos insisten en que la industria narco no ha infiltrado el sistema a diferencia de países como Colombia o México. ¿Creen que hay conciencia del problema en Uruguay?

    Luna —Creo que no. Ni los políticos ni el empresariado. Sigo escuchando, cuando planteo estos temas: “Ves mucho Netflix”, “como el Uruguay no hay”. Esas dos frases son bien elocuentes de que todavía no hay conciencia en sectores claves de la población, que viven fuera y alejados de donde se produce la violencia —el síntoma más visible de esto— de que acá hay un problema serio.

    Feldmann —Países como los nuestros son actores más marginales del negocio, por lo cual dinámicas como las de Colombia y México no han entrado en nuestros países no por nuestras capacidades institucionales sino porque somos actores medio irrelevantes. Si acá no pasan las cosas que pasan en Guadalajara es porque los narcos no han entrado en esas dinámicas, no por mérito de las autoridades. Pero en las autoridades hay complacencia de que nuestras condiciones institucionales son tan buenas que por eso estas dinámicas acá no suceden. Pero ¿por qué Chile y Uruguay tendrían que ser distintos a esos otros países? El Estado en realidad no tiene los recursos, está mal preparado y está complaciente. No es momento de complacencia, es un tema de salvación nacional. Y sin reaccionar ya estamos llegando un poco tarde a poder solucionar el problema.

    Su estudio asegura que Chile y Uruguay tradicionalmente han sido vistos como sitios con “políticas democráticas más resilientes y mayores niveles de desarrollo social donde el narcotráfico juega un papel limitado”. Sin embargo, la industria narco “ha permeado y reconfigurado” la política, la economía y las relaciones entre el Estado y la sociedad de ambos países, debido a la interacción entre políticos, actores del crimen organizado y agentes estatales. “El sistema político uruguayo ha sido indeciso para regular la influencia del dinero en la política. El país también se ha abstenido de implementar una oficina de transparencia con la capacidad de supervisar y procesar activamente el enriquecimiento ilegal por parte de funcionarios públicos. Esta omisión es particularmente evidente en un momento en que Uruguay se ha convertido en un lugar privilegiado para el trasbordo de cantidades masivas de drogas, así como un punto crítico para el lavado de dinero en la región”, advierte el informe.

    Según los investigadores, en el caso uruguayo el ingreso más contundente del narcotráfico se da a través del lavado de activos, un elemento mucho más silencioso que los homicidios, quizás la consecuencia más evidente del avance de la industria narco. “Queríamos disociar un poco narcotráfico de violencia. Básicamente, nuestro objetivo no es tanto entender el narcotráfico y la violencia per se, sino entender cómo ese fenómeno criminal, sobre todo cuando no se ve, te empieza a erosionar la institucionalidad estatal y la institucionalidad política”, explicó Luna. “El narcotráfico que funciona mejor es sin violencia. Donde se gana más dinero con el narcotráfico no es en los asentamientos, sino en los lugares donde no se ve”, añadió.

    La investigación de Feldmann y Luna señala al lavado de activos como la ventaja competitiva que Uruguay ofrece para las organizaciones internacionales de narcotráfico por su frontera con Brasil y Argentina, la capacidad exportadora y la infraestructura portuaria que lo convirtieron en un hub logístico para la salida de cocaína producida en Bolivia y Perú. “La estabilidad política, las leyes de secreto bancario y un sistema comparativamente sencillo y eficiente para obtener la residencia fiscal en el país y establecer sociedades de responsabilidad limitada han posicionado a Uruguay como un centro bancario y financiero preferido en el Cono Sur. Esta característica es crítica, ya que desde temprano las organizaciones criminales vinculadas al negocio de las drogas identificaron a Uruguay como un lugar ideal para lavar sus cuantiosas ganancias”, sostiene.

    Menciona como métodos de lavado a la industria turística y de bienes raíces, especialmente alrededor de Punta del Este, y al boom de los negocios vinculados al agro provocados por el superciclo de las materias primas, que “ha llevado recientemente a los delincuentes a lavar su dinero en inversiones inmobiliarias rurales”. También refiere a que la regulación laxa para las sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI) creó condiciones favorables para que el crimen organizado use corporaciones de inversión privada y los llamados paraísos fiscales que son difíciles de rastrear. Por último, también apunta al fútbol y a las transferencias de futbolistas como una plataforma usual donde se vuelca dinero ilegal.

    “Los Estados muchas veces miran para el otro lado porque el dinero del narcotráfico son los recursos que tienen para cumplir con una y mil cosas que son necesarias, socialmente y políticamente”, advirtió Feldmann. “En la medida en que los dineros de la economía informal e ilegal, sobre todo ilegal, entran en la economía legal de un modo que ya no puedes separar una de otra, estamos hablando de un tema muy complicado”.

    En su estudio de la región, Luna observa sistemas políticos que tienen pocos recursos, donde el dinero que generan las economías ilegales muchas veces provoca dinamismo económico y crecimiento para los Estados. “Y muchas veces los Estados pueden hacer eso por mucho tiempo sin generarte costos, ¿no? El costo es la violencia, el costo políticamente visible es la violencia. A mí me pasa que tanto en Chile como en Uruguay estaba esta sensación de que la violencia estaba contenida en ciertas áreas y segmentos de la población, tenía que ver con gente que se mataba entre ella y eso no derramaba”.

    —Se refiere a los ajustes de cuentas.

    Luna —Es posible que eso no derrame mucho, por mucho tiempo. Pero algo que demuestra el caso de Chile hoy es que eventualmente eso se escapa de control, y cuando se escapa de control, el encontrarte con aparato estatal y con una política que ya está infiltrada por otros mecanismos por el crimen organizado, hace que tu capacidad de responder sea básicamente nula.

    Balas de plata.

    De acuerdo a los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2023 hubo 93 homicidios en Uruguay, una baja del 7,9% respecto al mismo período del año pasado. En 2022 la cifra total de homicidios fue de 383, un aumento del 25% en comparación con 2021. En ambos casos se trata de números importantes y en proporción más altos que los de otros países de la región. La investigación académica de Feldmann y Luna atribuye estas muertes al enfrentamiento entre bandas por territorios de venta de droga en zonas metropolitanas.

    “El aumento del desempleo, el hambre y la desesperación arrojaron a miles de personas al mercado de la droga, contribuyendo así al rápido aumento del microtráfico en las periferias urbanas de Montevideo y el interior. Se produjo así la violencia relacionada con la competencia local por parte de las bandas de narcotraficantes, que ha continuado desde entonces”, dice el estudio, que además del índice de homicidios alerta sobre los casi 15.000 presos que hay en Uruguay, cuatro cada mil habitantes, la tasa de prisionización más alta de Sudamérica.

    —El gobierno está próximo a lanzar un programa con énfasis comunitario que busca a través de mediadores —en algunos casos, personas que estuvieran presas— evitar los asesinatos por venganza entre las bandas. ¿Es una alternativa viable para frenar la violencia?

    Feldmann —Me parece una muy buena iniciativa la de Cure Violence en Uruguay. Los programas granulares, con base de comunicación con las comunidades, son muy importantes, porque diría que la tasa de homicidios de Uruguay es un indicador duro que muestra que el problema de la violencia no es a escala uruguaya y que el problema de la violencia se puede volver estructural. En ciertas ciudades de Estados Unidos hay un sedimento de violencia estructural. Y es en Estados Unidos, donde hay un sistema punitivo superfuerte, una capacidad investigativa impresionante y recursos muchísimo más grandes que aquí.

    Luna —Acá no hay soluciones fáciles ni balas de plata, hay que probar distintas alternativas a ver qué es lo que pasa. Sabemos que la solución punitiva solamente no funciona. Si no reconstituís el entramado social y ponés al Estado en el centro de ese entramado, estás frito. Por eso me parece bien que a las comunidades se las vea como socios, como ayudantes.

    Información Nacional
    2023-05-03T23:30:00