“No se puede hacer un proceso colonizador si no existen condiciones de acceso a los servicios básicos”

A partir 2005, cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno, hubo un proceso de adjudicación de tierras que puso igual énfasis en los proyectos presentados por productores agropecuarios y por asalariados rurales, acorde a lo que establece la ley Nº 11.029 que creó ese ente autónomo estatal. A esa política se le sumó la priorización de planes asociativos, que en el caso de las organizaciones de trabajadores del campo generó “un cambio de responsabilidad”, observó. “Un trabajador rural de un momento para otro no pasa a ser productor” agropecuario, enfatizó.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

—¿Cuáles son sus principales objetivos en este nuevo cargo?

—El principal es alcanzar el objetivo en hectáreas a ser incorporadas y adjudicadas.

Luego, facilitar el acceso a los asalariados rurales y a los productores familiares de menos recursos y generar condiciones mediante la articulación interinstitucional para que la infraestructura básica llegue a las nuevas colonias y servir de apoyo a las ya creadas. Podemos hacer un mayor esfuerzo para aceitar la articulación con Mevir y la Dirección de Desarrollo Rural, entre otras instituciones. Ambas están afines a realizar un trabajo de acceso más integral, es decir que facilitar el acceso a tierras, pero también a viviendas.

Hubo muchos cambios cualitativos en el proceso de selección de los colonos y en el trabajo en el territorio, como por ejemplo que sean grupos asociativos, jóvenes, mujeres y estén vinculados a ciertos rubros como la lechería.

Otro aspecto es el proceso que se viene realizando en la inspección en cuanto a custodiar que en las tierras de Colonización se cumpla con las normas vigentes y el cuidado de los recursos del suelo. También con verificar el cumplimiento de la permanencia en el predio.

Ahora están más aceitados esos procesos y capaz que podemos avanzar en cómo fortalecer la intervención en el territorio. No existe proceso de desarrollo rural inclusivo sin una articulación interinstitucional. No se puede hacer un proceso colonizador si no existen condiciones de acceso a los servicios básicos, y darles las condiciones de vida para el arraigo de la población en el campo. Eso significa el acceso a la luz, el agua, la escuela y la salud.

Eso lleva tiempo, como la electrificación rural. Hubo casos en que llegó primero Colonización con el otorgamiento de tierras y luego vinieron los servicios demandados por las propias organizaciones allí instaladas.

—¿Con la ley que creó el ICIR y la que reinstaló el impuesto al Patrimonio en algo alcanza para combatir la concentración de la propiedad de la tierra? ¿Se precisan nuevas normativas en ese sentido?

—Hay un marco legal para el funcionamiento del INC, que es la ley con un nivel de amplitud impresionante.

Si uno lo piensa tenemos más margen para trabajar en esa ley Nº 11.024; hay otras cosas que son de fuera del INC. Son políticas de Estado que trascienden al instituto pero en algunos casos aportan para competir en el mercado. Colonización tiene recursos limitados; entonces no sé si perdimos o en realidad no teníamos los recursos disponibles.

La creación del fideicomiso permitiría ampliar los recursos para los objetivos que tiene el instituto de otorgar tierras. La demanda de tierras siempre es mayor que las capacidades que tiene. Si alcanza o no, esto tiene que ver con una política más integral.

—El Estado, mediante el INC, interviene en las compraventas de tierras ¿Piensa que debería hacerlo también en los arrendamientos?

—No intervenimos en los arrendamientos, que es un acuerdo entre privados por un plazo específico y por lo tanto es algo más momentáneo. El INC tiene políticas que van más al largo plazo vinculadas al arraigo del productor familiar y el trabajador rural.

Para los casos de arrendamientos lo que se hizo fue crear el programa de estabilización para el productor lechero.

—¿Colonización planifica la ubicación de las nuevas colonias pensando en repoblar las zonas rurales con menos productores?

—Al observar en el mapa de Uruguay la ubicación de las colonias, se ve una franja en el litoral Oeste, en ciertas zonas del Sur y en algunos departamentos. Pero eso tiene que ver con un proceso histórico; el INC prioriza a productores familiares y asalariados rurales en forma individual o asociativa. Pero las demandas de tierras van a estar más concentradas donde se encuentra esa población.

Por ejemplo, en el este del departamento de Salto, a pocos kilómetros de la frontera con Rivera, hay una colonia llamada Julia Arévalo que se gestó por organizaciones del lugar integradas por productores pequeños, en un escenario en el que hay muchos grandes productores. Eso se percibe cuando uno va por las rutas de Salto y pasa varios kilómetros sin ver una sola persona. En esos lugares donde hay pueblos Mevir o localidades donde viven los trabajadores rurales, la historia es que, en general, hubo un trabajo pensando en poblaciones que atiende el INC y extensiones más grandes de tierras con otros fines.

La demanda de tierras en esos lugares existe, pero para poder llegar hasta ahí tenemos que hacer un proceso de desarrollo territorial. En esa zona de Salto, a partir de un esfuerzo que se inició en 2005 desde el MGAP, se fortalecieron las organizaciones rurales.

No es que esté concentrado en un rubro en especial. En el caso de la lechería tiene una forma de organización que le permite incrementar su escala para intensificar su producción.

Cualquier productor familiar, en muchos lugares también compatibiliza la producción con su fuerza de trabajo.

—¿Cree que dándoles tierras, apoyo técnico y servicios, los trabajadores rurales pueden convertirse en productores agropecuarios?

—Con los asalariados rurales pasaron distintas cosas. Como accedieron a tierras del INC y lo hicieron en procesos asociativos o sea en emprendimientos colectivos, entonces cambió la responsabilidad. Por ejemplo, recientemente un dirigente del Sindicato de Peones de Estancia y de la Unión de Trabajadores Rurales comentaba en una reunión la dificultad que tienen: ellos son conocedores de la materia, de la producción y demás desde lo individual, pero cuando pasan a los procesos colectivos deben pensar y repensar en todo. En el trabajo, en la toma de decisiones, en la gestión de un recurso compartido, eso es un proceso que requiere aprendizaje. Un trabajador rural, de un momento para otro no pasa a ser productor.

Muchas de las propuestas de los asalariados pasan por generar una estabilidad que tiene que ver con un conjunto de ingresos que les permitiría una producción colectiva, que no necesariamente alcanzan para cubrir la totalidad de las necesidades de las familias involucradas, sino que tendrían un complemento de ingreso en ese predio y siguen siendo trabajadores rurales.

Son procesos de más largo plazo pero que hay que arriesgarse. Porque hay experiencias que han resultado. En Arerungúa, en la colonia Líber Seregni, en la Raúl Sendic, también hay productores y asalariados rurales.

No existe ningún proceso colectivo en el que no existan conflictos. Hay que ir construyendo ese proceso e ir aprendiendo desde lo colectivo.

—¿El INC politizó el nombramiento de las colonias poniéndole el nombre de referentes del Frente Amplio?

—No creo que sea así. En la elección de los nombres de las colonias también hay un contenido que tiene que ver con personas vinculadas a la tierra, a las reivindicaciones de los trabajadores rurales y a los productores familiares. Que han tenido la visión de que la tierra es un factor estratégico en un proceso de desarrollo rural. Siempre están vinculados a que tuvieron algún antecedente relacionado a la tierra y la distribución más equitativa de la misma.

Hay colonias con nombres de referentes de distintos partidos políticos.

—¿Prevé recurrir con más frecuencia a la expropiación de campos para cumplir ciertos objetivos del INC?

—Es una herramienta que está en el marco de la ley y que se utiliza en una situación que se podría dar en ciertas condiciones, como cuando hay un uso abusivo de los suelos o no hay cuidado de los recursos naturales. No es que se expropia en cualquier lugar. Es una herramienta a la que se recurre a situaciones que hasta trascienden al INC.