N° 1992 - 25 al 31 de Octubre de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa posibilidad de que otra vez deban ajustarse las tarifas de los combustibles, ya que tanto el precio del crudo como el valor del dólar se encuentran por encima de las referencias que Ancap tiene fijadas en su paramétrica, ha puesto nuevamente en alerta a los sectores productivos. Para las empresas privadas, lógicamente, eso sería una pésima noticia que deterioraría todavía más su ya menguada competitividad.
Objetivamente, hace meses que el costo real para Ancap supera al asumido cuando se fijaron por última vez las tarifas, por lo que las finanzas de la empresa pública deben absorber dicha diferencia, algo que no puede sostenerse indefinidamente. También es claro que los precios de los combustibles en Uruguay son los más caros de la región, lo que justifica la preocupación de los diferentes sectores productivos. Como el déficit fiscal está en el orden del 4% del Producto Bruto Interno y por encima de lo que es sostenible a largo plazo, el dilema es muy claro, toda vez que para el gobierno bajar el gasto del Estado es algo que no está en consideración.
Y aquí precisamente es donde radica el problema de fondo. Mientras no haya voluntad para reducir de manera drástica el gasto global, habrá que soportar niveles de presión tributaria formal y de tarifas públicas que van a castigar de manera cada vez mayor a la producción. Y por más aburrido que sea volver sobre el tema una y otra vez, no hay otra solución posible.
Es que el boom de los precios de las materias primas y la bonanza económica regional terminó allá por 2013 y 2014, y ahora tenemos por delante varios años de “vacas flacas”, en el mejor de los casos. Como los argentinos lo están viviendo en estos momentos, al final la realidad termina primando. Y cuanto más se demora el ajuste, más violento y duro tendrá que ser.
En el caso de Argentina, la inflación y la fuerte depreciación cambiaria de este año han hecho el trabajo de reducir el nivel de gasto primario que el sistema político no quiso hacer, con mucho daño colateral por el camino y sin que esté claro todavía si es que la situación actual se va a estabilizar o si será necesaria una nueva ronda de inflación y devaluación (además de un posible default) para poner el gasto público a un nivel compatible con el nuevo contexto externo en materia de precios de las materias primas, tasas de interés, liquidez internacional y crecimiento de la economía mundial. Como suele decir el exministro de Economía argentino Ricardo López Murphy, es absurdo e imposible sostener un nivel de gasto pensado para cuando la soja estaba a US$ 600 la tonelada, cuando el grano cotiza actualmente a la mitad.
El mismo problema de Argentina lo tiene Brasil, aunque ese vecino corre con la ventaja de que se instalará un nuevo gobierno a partir del 1º de enero de 2019; habrá que ver en ese momento cómo se planta ante el desafío de bajar de manera sustancial el nivel de gasto público.
En el caso de Uruguay, las señales que ha dado en torno al manejo fiscal el actual gobierno —y los dos anteriores del Frente Amplio— no permiten ser demasiado optimistas, por lo que al menos por los próximos 16 meses no se deberían esperar medidas que ayuden a mejorar los niveles de competitividad y rentabilidad.
Cuántas empresas y puestos de trabajo quedarán por el camino en lo que queda de esta administración, es una de las grandes incógnitas en la actual coyuntura. Otra es si los partidos de oposición van a presentar propuestas creíbles para revertir de manera contundente esta dinámica fiscal y de deuda pública insostenible o si, al estilo de Mauricio Macri en Argentina, van a intentar presentar una visión de ajuste “gradual” que, como la propia experiencia muestra, no conducirá a ninguna parte.