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Para el ex senador socialista y ex catedrático de Derecho Constitucional José Korzeniak, “si todavía quedan indigentes y pobres; gente sin vivienda; si debemos mejorar la educación, la salud y en lo posible la seguridad, ¿qué culpa tiene la Constitución? ¿Necesitamos reformarla para reformar el Estado que podría funcionar mucho mejor que ahora? ¿Algún punto del programa dejó de cumplirse por lo que dice la Constitución?”.
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Esta semana, consultado por Búsqueda, dijo que mantiene la misma posición que antes, aunque reconoció que si bien todos los artículos de una Constitución se podrían mejorar, él tiene dos propuestas que considera “importantes”: crear un Tribunal Constitucional y en la parte dogmática colocar un artículo que estipule que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Parlamento tengan jerarquía constitucional.
La primera medida habilitaría la especialización de los magistrados y la segunda que se presenten conflictos entre normas locales e internacionales.
Ambas propuestas son polémicas. Ni siquiera en su propio partido hay consenso para crear un Tribunal Constitucional como existe en España, Alemania y la mayoría de los países europeos pero no en América Latina —salvo Colombia— ni Estados Unidos.
Fuera del Frente Amplio, la creación de un Tribunal Constitucional es visto como temor.
“El barrio es peligroso”, dijo el ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez durante un panel en la sede de la departamental nacionalista, en alusión a lo que consideró una pérdida de independencia de los magistrados en Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Tanto Ramírez como el ex integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Leslie Van Rompaey hablaron de su preocupación porque una reforma del Poder Judicial sea en realidad “un intento de someterlo al poder de turno”. Van Rompaey dijo que “en Bolivia los magistrados son un instrumento del poder político” y destacó el caso de Uruguay, en su opinión más independiente aún que Chile y Costa Rica.
El ex ministro de la SCJ definió al Tribunal Constitucional como “el riesgo más próximo y más claro” y lo definió como “un despropósito y un menoscabo”. Puso el ejemplo de Colombia, un país donde los enfrentamientos entre la Corte y el Tribunal Constitucional se conoce como “choque de trenes”.
Los panelistas dejaron abierta la posibilidad de que una reforma amplíe el número de magistrados de la Corte (en la actualidad son cinco) y que integrando con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y otros dos miembros se trabaje con salas especializadas, una idea que también ronda las cabezas de varios dirigentes y técnicos frentistas.
En el mismo panel participaron los abogados del estudio Ferrere, Cristina Vázquez y Marcelo Marchetti. Vázquez defendió la necesidad de incluir controles a las sociedades anónimas de las empresas públicas, que se hicieron comunes desde 2001 y dotar de más atribuciones al Tribunal de Cuentas. Marchetti, especializado en impuestos, propuso que se limite la capacidad de la Dirección General Impositiva (DGI) para admitir sus errores, porque en algunos casos se demora 15 años. En general, los blancos defienden su papel histórico de contralor y ponen como ejemplo los programas que dependen de Presidencia, no pasibles de control parlamentario y las limitaciones para la creación de comisiones investigadoras, un asunto que irrita incluso en el oficialismo.
