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En medio del debate electoral se abre una etapa de definiciones para la magistratura. Debido al fallecimiento el 6 de junio del ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Dardo Preza, su vacante deberá ser cubierta dentro de los 90 días siguientes salvo que, mediante un acuerdo político, la Asamblea General designe a quien la ocupará por los siguientes 10 años o hasta que cumpla 70, la edad constitucional tope.
Una situación similar se producirá a partir del 5 de noviembre cuando cese en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el ministro Julio Chalar. La puja electoral domina el plazo de Preza y la sustitución de Chalar ocurrirá en medio de un eventual balotaje o, si hay un ganador presidencial en octubre, dentro de las complejas negociaciones del nuevo presidente para su futuro gobierno.
Para que quede claro: el artículo 236 de la Constitución establece que la Asamblea General designará por dos tercios de votos a los titulares de ambos organismos y que si dentro de los 90 días de una vacante no hay acuerdo, ingresará “automáticamente” el ministro más antiguo de los Tribunales de Apelaciones. En el caso de Preza los 90 días vencen el 6 de setiembre y en el de Chalar el 5 de febrero. En ambos casos serán los actuales legisladores quienes deban decidir.
Los ministros más antiguos de los tribunales y sus fechas de nacimiento son, por su orden, José Echeveste (12/9/50), Felipe Hounié (21/8/48), Eduardo Vázquez Cruz (10/12/52), Eduardo Turell 12/10/50), Beatriz Fiorentino (25/3/47) y Elena Martínez (19/9/55).
Los políticos uruguayos no se caracterizan por ubicar estos temas entre sus prioridades salvo cuando los afectan intereses políticos o partidarios. Con el marco de la puja electoral, no parece sencillo un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Si ocurriera, significaría un gran paso para la democracia, especialmente si se incluyeran en ese acuerdo las vacantes que se producirán durante el próximo gobierno.
Veamos el calendario de ceses: Jorge Ruibal (SCJ), 6 de junio de 2015; Ricardo Harriague (TCA), 23 de agosto de 2015; Mariela Sasson (TCA), 10 de noviembre de 2015; Jorge Larrieux (SCJ), 26 de noviembre de 2016; Ricardo Pérez Manrique (SCJ), 17 de mayo de 2017; Juan Tobía (TCA), 12 de marzo de 2020.
Para que los partidos no aborden esta cuestión pueden incidir tres razones:
1) Desinterés, porque el sistema judicial o jurídico interesa solo a una ínfima parte del electorado.
2) Tanto les da un juez como otro.
3) No están dispuestos a perder tiempo en otra cosa que no sea conservar o aumentar las cuotas de poder. Sin embargo, en todos los partidos hay abogados y dirigentes que conocen la importancia de este tema. Por citar a los más notorios: Pedro Bordaberry y Ope Pasquet (Partido Colorado); Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga (Partido Nacional); José Luis Korzeniak y Gonzalo Fernández (Frente Amplio); y Pablo Mieres (Partido Independiente).
Si esto no prospera, menos lo hará el proyecto del Colegio de Abogados a estudio de la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado. Prevé un llamado público, abierto, de aspirantes para esos cargos. Los jueces deberían presentar diez fallos y los abogados trabajos profesionales o académicos que los avalen. Los seleccionados por una comisión especial serían interrogados en entrevistas públicas. El sindicato de los jueces rechaza la iniciativa porque “no asegura una mayor transparencia, ni una mejor calidad del Poder Judicial”, supondría un “menoscabo” a la carrera judicial y potenciaría el lobby para acceder a los altos cargos, dijeron hace unos meses a los legisladores los integrantes del gremio, los jueces Rolando Vomero y Alberto Reyes.
Sin embargo, parece tener ventajas: no surge de un partido político; no hay que modificar la Constitución; no regula la estructura del Poder Judicial sino el procedimiento; obliga a postularse sin priorizar antigüedades; los interesados deben estar seguros de su idoneidad para comparecer ante los “examinadores”; los legisladores y la sociedad civil pueden conocer, en el fondo y en la forma, a los aspirantes.
El Poder Judicial se ha caracterizado por la resistencia a los cambios. Con la computadora y currículum a la vista, los jueces reivindican los ascensos para los ministros de los Tribunales de Apelaciones más antiguos, la segunda opción de la Constitución. Aunque cuando las cúpulas consideran que esas antigüedades no son idóneas, hacen gestiones políticas para sí o para terceros, en forma personal o a través de corporaciones.
En 2012 se produjo un cambio. En ese momento las vacantes eran cuatro entre ambos organismos y todos los partidos acordaron, sin considerar las antigüedades, designar a Juan Tobía y Alfredo Gómez Tedeschi al TCA y a Ricardo Pérez Manrique y Julio Chalar a la SCJ. Aunque ambos organismos tienen igual jerarquía y salario, todos los magistrados prefieren terminar su carrera en la Corte porque, en definitiva, es un poder del Estado.
Algunas interrogantes centrales a estas cuestiones son: ¿qué calidad de jueces queremos en la cima de los poderes jurisdiccionales? ¿Los mejores juristas, sean o no jueces, o los más antiguos? ¿Los políticos tienen en cuenta que si se mejora la calidad institucional se le dará al pueblo más calidad en ese terreno? Más tarde o más temprano, los actos privados o públicos de todos los uruguayos terminan frente a los tribunales civiles, administrativos o penales.
