¡Que se queden todos!

Desde este lado del Río de la Plata se veía cercana la negrura en el horizonte y era predecible que trajera la tormenta que explotó meses después en Uruguay. Fue un punto de quiebre traumático lo vivido en aquellos tiempos y de lo peor que surgió, por su gran valor simbólico y destructivo, fue el “¡Que se vayan todos!”. Más del 70% de los argentinos estaban de acuerdo con esa frase que implicaba poner a todos los gobernantes y políticos, fueran del partido que fueran, en el mismo lodo de corrupción e ineficiencia.

¿Qué significa eso? Basta con analizar lo ocurrido en la estructura estatal desde la restauración democrática de 1985 hasta la fecha para darse cuenta de que cada vez hay más lugares para repartir entre los que se dedican a la política y eso hace que sean muy pocos los que realmente se van. Ganen o pierdan, sean gobierno u oposición, en mayoría o en minoría, parece haber lugar para todos.

Uno de cada cinco uruguayos trabaja para el Estado, en promedio, según un informe incluido en la última edición de Búsqueda. Esto es porque la estructura pública se ha vuelto un gigante que da para todo. Los que están en el gobierno tienen centenares de cargos para repartir y la oposición, otro tanto —menor— para ejercer el contralor, y también pueden recurrir a los pases en comisión o a las intendencias que pertenezcan a su partido político.

Algunos números al respecto son apabullantes. En 1985, con el retorno de la democracia, eran 10 los ministerios con sus respectivas estructuras, 19 las intendencias, cada una con su Junta Departamental con 31 ediles, y decenas los organismos y empresas públicas con directorios de más de un integrante. Hoy los ministerios son 14, a las intendencias y las juntas departamentales se agregaron 112 alcaldías y los organismos y empresas vinculadas con el Estado pasaron a ser centenas, con distintas figuras jurídicas.

La Torre Ejecutiva ocupó el lugar del Edificio Libertad en 2009. Así, la sede de la Presidencia y símbolo del Poder Ejecutivo pasó de tener ocho a 11 pisos y multiplicó la cantidad de oficinas. Igual no fueron suficientes. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se inauguró un edificio anexo, en donde funcionan las oficinas de la Corporación Andina de Fomento pero también otras nuevas dependencias y agencias estatales, con nuevas siglas, jerarcas y funcionarios.

Se les suman a las otras creadas en los últimos años. Solo a manera de ejemplo, se pueden mencionar las unidades reguladoras como la Ursec o la Ursea, las casi 20 nuevas personas públicas no estatales, como el Ircca, Ande, Parque Científico de Pando e Inefop, empresas operando en el derecho privado, como Alur, Petrouruguay y Gas Sayago, y otras dedicadas a fomentar la enseñanza o la investigación científica, como el Plan Ceibal, el Ineed y la ANII. La lista es enorme. Algunas mejoran mucho el desempeño estatal y otras solo sirvieron para más reparto.

Todas retribuyen a sus empleados de forma diferente. Más de 100 maneras distintas de pagar el sueldo tiene el Estado. Desde la mentira en las juntas departamentales, donde supuestamente los ediles no cobran pero sí lo hacen a través de asesorías dudosas —se recomienda al respecto un artículo incluido en la última edición de Búsqueda sobre lo que ocurre en Canelones— hasta los que reciben más en compensaciones y agregados que en sueldo.

Es todo muy complejo y entreverado en el organigrama estatal. Lo que sí está claro es su explosivo crecimiento y el aumento de lugares a distribuir. Es probable que entre todos ellos haya imprescindibles y también totalmente descartables. Sobra lugar para recortar. La disyuntiva es si se siguen haciendo retoques superficiales o cambios profundos.

Si la idea es la segunda, lo que correspondería, por ejemplo, sería suprimir algunas intendencias y juntas departamentales. Es inconcebible que un país de poco más de tres millones de habitantes tenga 19 departamentos con sus respectivas estructuras burocráticas. Es como si un barrio de San Pablo o una localidad de Buenos Aires tuvieran 19 intendentes y cerca de 600 ediles. Pero es muy difícil que eso ocurra porque sería pedirle al sistema político que limite su propio oxígeno. Demasiado.

Hay caminos intermedios. Ahora que se acercan las elecciones municipales se podría eliminar o bajar a la mitad las alcaldías y hacer juntas departamentales proporcionales a la cantidad de habitantes de cada departamento. También, con la idea del actual gobierno de recortar gastos, se podrían suprimir algunos organismos de reciente creación o hasta discutir la posibilidad de ir a un Poder Legislativo unicameral, como alguna vez se sugirió.

El problema es que lo tienen que hacer los políticos, que son los que se benefician de la abundancia de cargos. Por ahora, la mayoría de ellos sigue gritando: “¡Que se queden todos!”, como si fuera un mantra religioso. Actitudes como esas terminan alimentando la frase contraria, como ocurrió en Argentina, y sería una ingenuidad pensar que somos tan diferentes.