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Vecinos de Kiyú y Arazatí reclaman mayor presencia del Estado ante el avance de la erosión y el uso de agroquímicos
Organizaciones de ambos balnearios plantearon ante el Senado la necesidad de recuperar zonas de amortiguación, frenar la erosión costera y fortalecer los controles ambientales
Kiyú y Arazatí forman parte de una franja de la costa de San José donde conviven desde hace décadas actividades productivas, viviendas, turismo y un ecosistema marcado por las barrancas y la costa platense. En ese territorio, la presión sobre el ambiente se ha convertido en una preocupación creciente para vecinos y organizaciones locales, quienes advierten sobre el avance de la erosión costera, la pérdida de espacios públicos y los efectos de las actividades agropecuarias en zonas próximas a áreas habitadas.
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Representantes de la Red Comunitaria e Interinstitucional de Kiyú y Arazatí, encabezada por Camila Cedrés, Sofía Mansilla y Florencia Cesilia, concurrieron el 11 de agosto a la Comisión de Ambiente del Senado, donde plantearon una serie de reclamos para que el Estado atienda los problemas ambientales que, según sostienen, atraviesan a la zona.
“Queremos que se pueda convivir, tanto los predios productivos como las personas que vivimos y residimos ahí”, señaló Cesilia. Según narró, Kiyú es “uno de los pueblos fumigados” como consecuencia de la actividad productiva cercana. “Se plantan cultivos transgénicos hasta la avenida principal de la localidad y no se respetan las zonas buffer”, afirmó.
La delegación planteó como una de sus mayores necesidades la posibilidad de “regenerar” estas zonas de amortiguación y promover su cumplimiento, para poder “compatibilizar los usos turísticos, habitacionales y productivos”.
“No estamos planteando que no se cultive soja, sino que también se respete la salud de la población”, explicó.
Mansilla —representante de la agrupación los Tucu-Tucu de Arazatí—, afirmó que el grupo elaboró un documento confidencial que fue entregado en su momento al equipo de gobierno de Yamandú Orsi, en el que solicitaron datos epidemiológicos específicos a efectos de conocer la incidencia de cáncer en la zona. “Somos pocos y nos conocemos, y la verdad es que nos alarma mucho”, señaló.
Cesilia agregó que, en la actualidad, “hay mucho conocimiento” sobre el impacto que tienen los agroquímicos, concretamente el glifosato, en la salud de las personas y denunció que “hay cultivos transgénicos hasta en el centro del pueblo, a donde llegan avionetas a fumigar”.
“Por eso, también queremos pedir encarecidamente que el Estado cumpla con los correspondientes controles”, agregó, al explicar que no ha podido ingresar el reclamo al sistema de denuncia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ni a otras vías estatales.
Mansilla respaldó el reclamo de Kiyú sobre la recuperación de las zonas buffer de todo el departamento y se refirió a otro punto que también preocupa a la organización. Según consta en la versión taquigráfica, la experta aseguró que, a raíz del cambio climático, Arazatí “se ha ido quedando sin espacio público”, producto de la erosión que sufre la barranca. “Si bien hay estudios que dicen que de aquí a 100 años se va a erosionar muchísimo, ya está pasando lo que iba a pasar en diez. Eso es lo que nos preocupa”, señaló en referencia a un estudio elaborado por la doctora Claudia Moroy.
Según mencionó la delegación, la costa de ambos balnearios “es una de las más comprometidas en términos de erosión costera”; ha alcanzado niveles tan altos que se registraron numerosos accidentes. “Creemos que estamos en un punto crítico en el que las organizaciones comunitarias no damos abasto, no podemos solas, necesitamos la presencia real y verdadera del Estado, porque, honestamente, hay una omisión brutal en la gestión de todo ese territorio”, denunció Cesilia.
Entre las soluciones posibles, la delegación planteó la posibilidad de instalar cercas captoras en algunas barrancas, pero explicaron que para ello es necesario que el gobierno departamental y las organizaciones coordinen las acciones a implementar, con el objetivo de que las que se apliquen en una localidad no terminen por perjudicar a otra.
Desde el Colectivo Ecos del Río, en tanto, Cedrés afirmó que ambos aspectos afectan a toda la costa, razón por la que desde su organización han centrado el trabajo comunitario en la educación ambiental. “Ya sea para que (la población) sepa que puede hacer denuncias ante el Ministerio de Ambiente o simplemente para que esté informada sobre cuáles son sus derechos”, explicó.
Hizo especial hincapié en la importancia de que el trabajo sea colaborativo con el Estado y, si bien celebró el acercamiento con el gobierno departamental a través de los municipios, afirmó que “es fundamental poder contar con recursos”.
“El trabajo en el territorio empieza con los residentes, por lo que es fundamental que tengamos las herramientas para conocer el lugar que estamos habitando y que se tenga en cuenta lo importantes que son la salud y el cuidado de esos espacios. En definitiva, el llamado es a trabajar en conjunto, tanto las organizaciones sociales como los vecinos y, obviamente, el Estado”, cerró.
Desde el departamento de comunicación del Ministerio de Ambiente, en tanto, dijeron a Búsqueda que “no hay registro de denuncias recientes de ese tipo en esa zona”. Añadieron que cuando llegan reclamos se derivan al MGAP, que es la institución competente en este tema.
Sobre la erosión en Kiyú, por otro lado, señalaron que “se han tomado medidas pero hay un proceso natural y otro inducido que puede acelerar el retroceso de la barranca”. Respecto a las dificultades para realizar denuncias formales, indicaron que si bien “el sistema de denuncias ha estado algunas veces fuera de servicio, no es la regla”.
“Se da respuesta y se reciben denuncias”, indicaron.