En enero de 2025, el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha del segundo censo nacional de personas privadas de libertad, en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales. Pasados 15 años del primer censo, era “imprescindible” realizar un nuevo estudio para contar con “datos precisos y confiables” sobre la población reclusa, que en ese período se duplicó, informó el Ministerio del Interior. En dos meses, un equipo de 25 censistas recorrería todas las cárceles del país. Como novedad, el censo recogería datos sociodemográficos como la ascendencia étnico-racial.
La elaboración de mejores estadísticas sobre las desigualdades que experimenta la población negra en Uruguay es un viejo reclamo de colectivos afro y la falta de información ha sido reprochada por organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas. Por eso, organizaciones afro como Social Salvador hicieron fuerza para que se incorpore la dimensión racial en el censo.
Un año y medio después, los resultados del censo aún no se divulgaron. Ana Vigna, asesora en políticas penitenciarias del Ministerio del Interior, dijo a Búsqueda que está previsto publicarlos en octubre, y atribuyó la demora a que el trabajo de campo —que se inició en la administración pasada y se completó en la actual— fue "mucho más complejo" de lo esperado. Aunque se habían estimado dos meses de trabajo, el relevamiento recién se culminó en diciembre de 2025.
La tardanza causó inquietud en las organizaciones, que ven en el censo “una gran oportunidad” para tener datos actuales y completos sobre las características raciales de los presos. Es que, pese a que las desigualdades que enfrenta la población negra en Uruguay no son una novedad —se reflejan en la educación, la salud y los niveles de pobreza—, hay un particular interés en los datos carcelarios.
Complejo penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, ex Comcar, en Montevideo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Colectivos afro en otros países de la región y del mundo han puesto el foco en la realidad carcelaria porque entienden que es reflejo del racismo sistémico que sufre esa población, que se manifiesta en sesgos en la labor policial y de la Justicia. En línea con esta preocupación, en 2021 la ONU creó un órgano para “promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley”, y combatir el racismo y la violencia de las fuerzas de seguridad contra las personas afro.
En los últimos años esa preocupación comenzó a ganar peso en Uruguay. “Entendimos que indagar sobre el tema carcelario es una necesidad para evidenciar los problemas más estructurales que enfrentamos”, dijo el coordinador de la Organización Social Salvador Orlando Rivero a Búsqueda.
El impacto del racismo en la Justicia
Mientras esperan por los resultados del censo, las organizaciones se apoyan en la información existente y en estimaciones propias para denunciar que hay una sobrerrepresentación de las personas negras en la población reclusa.
“La exclusividad racial del sistema judicial está atacando de una manera muy agresiva, de una manera muy violenta, y lo único que lo explica es el impacto del racismo en esa estructura, pero fundamentalmente en el sistema judicial”, denunció Rivero ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores en una comparecencia en julio.
Ramón Orlando Rivero, activista de la Organización Social Salvador, en la Comisión de Educación del Senado.
Laura Nicola/Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo
Rivero contó que como preparación del informe que presentarán ante el CERD de las Naciones Unidas en la próxima instancia de revisión del Estado uruguayo, en 2027, la organización hizo una estimación de la población reclusa de ascendencia afro en el período 2022-2023. “Podemos decir que más de 4.000 de quienes hoy están en el sistema penitenciario son fundamentalmente varones menores de 35 años y negros”, indicó Rivero en el Parlamento. Ese número representa casi el 27% de los presos que había al cierre del año 2023 (15.000).
La proyección se realizó a partir de una muestra representativa que se elaboró para un estudio de 2012 de Ana Juanche —hoy directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)— y Javier Palummo —hoy relator especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El porcentaje contrasta con lo que representan las personas afro en el total de la población uruguaya: menos del 11%, de acuerdo al censo nacional de 2023.
Población afro es más pobre y mayoría vive en la periferia
Entre los niños y niñas afrodescendientes menores de 12 años, la pobreza supera el 50%. Un niño negro de cada 20 niños blancos concurre a la educación privada; más del 95% asiste a educación pública en contextos críticos. Solo el 5% de la población universitaria es negra. En Montevideo el 80% de las personas afro viven en barrios periféricos.
Senador Pedro Bordaberry en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
Laura Nicola/Departamento de Fotografía del Palacio Legislativo
“Los indicadores de la población afrodescendiente se encuentran entre los peores del país”, sintetizó Rivero ante los senadores, tras repasar las cifras. “No hay una explicación más concreta que el impacto a nivel estructural del racismo”, afirmó. “Necesitamos que este Senado y esta comisión piensen algunas medidas, específicamente políticas —estamos hablando de legislación— para poder revertir esta situación”.
Cárceles: datos "alarmantes"
Un diagnóstico sobre mujeres privadas de libertad publicado en junio de 2025 por la consultora Nómade encontró que el 73,3% de las prisioneras encuestadas se identificó como caucásica o blanca y el 17,4% afro o negra (el 5,9% se identificó con otras ascendencias y el resto no respondió). “Es llamativo el alto porcentaje de mujeres afro privadas de libertad, al menos del doble de lo encontrado en datos oficiales para la población afro en general”, dice el diagnóstico, que trabajó con una muestra intencional de 86 casos de Montevideo, Salto y Rivera y fue realizado en colaboración con la organización de mujeres afro Mizangas, entre otras.
Un estudio en la cárcel de mujeres de Rivera en 2024 mostró datos elocuentes sobre la cuestión racial: el 83% de las mujeres presas en ese departamento (35 de un total de 42) eran afrodescendientes. “Es la primera vez que una encuesta toma en cuenta la variable étnico racial en personas privadas de libertad y los resultados son alarmantes”, dijo a El Observador en abril de ese año Samia Abboud, directora de Inclusión Social de la intendencia, oficina que realizó la encuesta con apoyo del Ministerio del Interior.
Otro dato surge del informe presentado por el Estado uruguayo ante el CERD en 2020. Allí se cita un relevamiento realizado por el INR en abril de 2018 sobre el nivel educativo alcanzado por la población privada de libertad en el que se recogieron datos sobre el origen étnico-racial. Ese estudio, que relevó al 86% de la población carcelaria (en 2018 ese porcentaje equivalía a 8.646 personas), arrojó que el 20,1% de los encuestados se autopercibía afro o negro.
Unos años antes, en 2010, el estudio de Juanche y Palummo, que se basó en una muestra representativa de 8.777 reclusos en 27 de las 30 cárceles que había en ese entonces, halló que 27,3% de los entrevistados declaró tener ascendencia afro o negra. En su informe ante el CERD en 2023, la ONG Social Salvador citó ese dato para estimar que la tasa de prisionalización para las personas afrodescendientes en Uruguay es de 720 cada 100.000 habitantes, mientras que para la población no afro es de 210 cada 100.000.
“En la medida de que la probabilidad de ser encarcelado en el caso de una persona afrodescendiente en Uruguay es más de tres veces superior a la del resto de la población, es posible que exista una mayor tendencia a la punitividad respecto a dicho colectivo”, dice el informe, algo que afecta a la población afrodescendiente tanto nativa como inmigrante.
En esa línea, la organización consideró “fundamental incluir la variable étnico–racial en los registros del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, con el fin de conocer en mayor profundidad si efectivamente existe un mayor sesgo punitivo en el sistema penal. La evidencia presentada en principio alude a esto, pero no se dispone de información sobre el contexto socioeconómico, el tipo de delitos o el tratamiento policial que reciben las personas afrodescendientes en comparación al resto de la población”.
En mayo de 2025, el CERD, que hace un exámen periódico de los países miembros, reprochó a Uruguay la “falta de información” específica sobre esa población, como el número de familias afrodescendientes beneficiarias del Bono Crianza o el impacto de medidas adoptadas por el Estado en la reducción de las disparidades en el mercado laboral. También reiteró al Estado su recomendación de diseñar e implementar estrategias específicas para nivelar las desigualdades que enfrentan las comunidades afro.
“Son cifras que no hablan de la conducta de las personas afro, sino de la conducta del sistema. La tasa de encarcelamiento demuestra que hay un sesgo racial", dijo Rivero, y añadió: "Por eso insistimos en que se incorporara la dimensión racial en el censo, para que esto se pueda visibilizar”.
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