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Las protestas y movilizaciones de los ruralistas “autoconvocados” han vanguardizado demandas compartidas por otros sectores productivos, como por muchos ciudadanos de a pie, respecto del gasto público, el agobiante peso de la presión tributaria, el elevado costo de la energía y de otros servicios públicos. Servicios cuya prestación, en relación con sus costos, además, no se considera satisfactoria. A pequeños y medianos empresarios les preocupan también los costos laborales y la inflación de regulaciones propias de naciones del primer mundo para una economía de escala y nivel claramente inferior.
Previsiblemente la oposición ha procurado capitalizar políticamente todos estos cuestionamientos que ellos mismos plantean desde hace tiempo. Principalmente los blancos, que sueñan con desplazar al Frente Amplio.
Desde el oficialismo, no menos previsiblemente, se descalificó y desmereció la protesta por ser parte de una supuesta campaña de “la derecha” para desestabilizar al gobierno “progresista”. Campaña que asocian a la “conspiración” político-periodístico-judicial que quiere impedir que Lula vuelva a la presidencia en Brasil.
Más allá de estos enfoques interesados, muchos ciudadanos tienen la sensación de que ni por izquierda, ni por derecha, ni por el centro se percibe que el sentimiento que emerge de la protesta ruralista, que cruza horizontal y verticalmente a la sociedad uruguaya independientemente de actividades y preferencias políticas, es el esbozo de una rebelión del contribuyente ante un Estado que limita sus posibilidades de desarrollo y que siente que lo asfixia. Se trata de un sentimiento que incluye otros cuestionamientos sobre la actuación de gobernantes y políticos, que no deberían ignorar o desatender.
Cuando el ruralismo y otros sectores productivos protestan por el aumento del gasto público, de los impuestos y de las tarifas, los costos salariales y las regulaciones impuestas lo hacen porque saben que pese a la bonanza económica vivida —el gobierno se ufana por 15 años consecutivos de crecimiento económico—, poco o nada se hizo en materia de infraestructura vial o ferroviaria. Y porque basta la exigencia de un gigante empresarial como UPM, sin siquiera comprometerse a concretar la inversión, para que de buenas a primeras el gobierno se ponga a trabajar. Y, como si nada, el ministro de Obras Públicas considera necesario destacar lo obvio: que el ramal Paso de los Toros-Montevideo beneficiará a otros productores. ¡Bueno sería que solo UPM pudiera usar las vías!
Cuando el ruralismo y otros sectores productivos protestan por el gasto, los impuestos y las tarifas, lo hacen porque son conscientes del despilfarro de los recursos que le son extraídos y porque saben por experiencia que ningún ministro de Economía, por más austero que sea, puede evitarlo. La burocracia tiene hábitos e inercias incontrolables. Pero además, porque quien más quien menos tiene conocimiento de acomodos en la administración pública que pagan adhesiones, compran lealtades políticas o paz sindical.
Hábito que no conoce color político y al que ni siquiera la dictadura militar fue ajena. Uruguayismo que los políticos explotan y que muy pocos combaten honestamente.
La oposición machaca en las pérdidas de Ancap, del Fondes, de lo descabellado del proyecto Alas Uruguay, o del de la regasificadora —que se le quiere endosar a la multinacional Shell—, o los gastos de las tarjetas corporativas, o el costo del Antel Arena. O los sueldos gerenciales en empresas públicas que se rigen por el derecho privado que superan el 60% del sueldo del presidente de la República. Etc., etc., etc.
Son estas “aventuras” empresariales, estas malas inversiones, estos malos negocios a cargo de la nomenclatura frenteamplista lo que fastidia y harta a quienes se esfuerzan día a día por mantener sus actividades a flote y a quienes ni siquiera lo lograron.
Ridiculizar sus quejas y cuestionamientos, atribuirles intenciones desestabilizadoras o señalar que su verdadero propósito es eliminar los programas sociales del gobierno —aunque algún día otros tendrán que revisarlos y reenfocarlos para evitar que terminen siendo un instrumento clientelar—, es no entender nada. Es política barata, maniqueísmo puro. Y lo saben. Saben que no tienen mejores argumentos para defender lo indefendible.
La oposición explota todas estas situaciones y el oficialismo acierta cuando devuelve el golpe y cuestiona el manejo de recursos y la discrecionalidad con la que contratan personal las intendencias en poder de la oposición (12 nacionalistas y una colorada), cuyas prácticas no suelen ser muy diferentes a las de quienes critican al gobierno nacional. Abundan los cargos de confianza política muy bien remunerados y tampoco destacan por su eficiencia y calidad los servicios que prestan.
En las últimas semanas se ventilaron un par de casos en las comunas bajo gobiernos blancos en Lavalleja y Cerro Largo. La Junta Departamental de Lavalleja negó autorización a la intendenta Adriana Peña para conceder aumentos salariales considerados escandalosos a varios de sus principales colaboradores. Entre ellos su pareja, quien debido al revuelo público anunció que no lo cobraría.
En Cerro Largo, el intendente Sergio Botana acaba de reconocer que ni bien reasumió la jefatura comunal en 2015 reingresó a 202 funcionarios (“fuera de la norma”, pero en “un acto de justicia”, explicó) cesados por Pedro Saravia, quien lo suplió en el cargo mientras el intendente hacía campaña para lograr la reelección. Botana calificó los ceses de “persecución política”. Saravia lo negó.
Sea como fuere, Botana sabe que todo funcionario destituido tiene vías legales para lograr el reintegro al cargo si su cese fue un acto arbitrario. Sabe que lo suyo fue una alcaldada para recompensar servicios que contribuyeron a su reelección.
La semana pasada circuló en Internet una fotocopia del contrato de adscripción a la ministra de Educación y Cultura, con una remuneración mensual más que envidiable para la mayoría de los trabajadores públicos y privados, de una notoria militante feminista, de origen colorado reconvertida años atrás en activista frentista.
El director de Redacción de El País, Martín Aguirre, aludió en su columna del pasado domingo a un biólogo adscripto al Ministerio de Economía e ironiza sobre los aportes que el adscripto podría efectuar al ministro Astori.
El fastidio y el hartazgo respecto de ciertas prácticas y manejos políticos, del aprovechamiento y abuso que hacen gobernantes y políticos de los recursos que el Estado obtiene de los contribuyentes, no tiene color político. Es un sentimiento cada vez más extendido y profundo que debe ser tenido en cuenta y contemplado a riesgo de enfrentar nuevas protestas. Protestas a las que ciertamente no se va a sumar la dirigencia sindical, que solo se moviliza por ventajas y privilegios propios, los que solo son posibles con más y más recursos extraídos a los contribuyentes.
¿Habrá en el ámbito político quien se anime a ponerle el cascabel al gato?
