Las socialdemocracias financian a sus Estados a través de altísimos niveles de imposición a la renta personal, impuesto al que el batllismo siempre se opuso por considerarlo un impuesto al trabajo y prefirió otro tipo de imposiciones como detracciones, ganancias elevadas, herencias y desde que se inventó, el IVA.
El gasto público de las socialdemocracias europeas ha construido Estados cuyo objetivo es el desarrollo de una administración aplicada a construir estrategias de políticas públicas que ofrezca servicios de calidad a sus ciudadanos y una red muy inclusiva de protección social compatible con el mercado.
El Estado uruguayo salvo en casos puntuales de gestiones eficientes, que la gente común en general desconoce quién es el responsable, ha sido históricamente usado en beneficio de sus integrantes, base social del acuerdo político que lo creó, cuya plantilla la mayoría quiere integrar, porque es casi la única garantía de protección social vitalicia que otorga. Alur, las pasividades militares, son ejemplos de la corrupción estructural de nuestro Estado. La puedes usar o no, pero está en el contrato.
El Estado uruguayo no lo creó Batlle, ni es socialdemócrata, es más, ningún partido salvo sectores minoritario del oficialismo es progresista o socialdemócrata. Los partidos en Uruguay tienen todos poderosas mayorías conservadoras, cuando no lo son en su totalidad.
El Estado uruguayo es fruto del acuerdo herrero-terrista que puso fin a las pretensiones modernizadoras de Batlle y dio el golpe de 1933. Muy influido por el mussolinismo. Basado en una ideología estadocéntrica y económicamente autárquica para la cual el reparto del poder político electoralmente cuotificado, la intromisión partidaria en ámbitos del Estado donde no debe estar y el corporativismo social, donde encontró su nicho el estalinismo vernáculo a través del sindicalismo, son parte del contrato. Simplificando: un contrato elitista entre propietarios rurales y funcionarios estatales.
Nuestra sociedad está cimentada en el conservadurismo del siglo XX.
Por ende, no es de extrañar que cíclicamente tengamos que ajustar nuestras cuentas, para intentar volver a la realidad.
Si el Estado uruguayo no transforma sus estructuras, su gasto es incontrolable, y la calidad de sus servicios también. El país ha vivido una década de reformas puntuales explicitadas en el libro del Dr. Bergara. Tomo como ejemplo más reciente Aduanas. La reforma fue elogiada por todos los usuarios porque les significaba un abatimiento de costos por agilización en los procesos y disminución de la corrupción. El vetusto Estado herrero-terrista se defendió declarándola inconstitucional, su institucionalidad ampara el corporativismo bajo el título de carrera funcional y la corrupción bajo el título de inamovilidad del funcionariado público.
Cualquier modificación modernizadora implica la necesidad de crear una estructura paraestatal paralela, llámese Plan Ceibal, Agesic, Uruguay XXI o ANII.
La ley de Inclusión Financiera es otro ejemplo de la alteración que cualquier modificación modernizadora puede causar en nuestras reaccionarias neuronas. Un senador llegó a afirmar que “es quitarles de las manos dinero contante y sonante a pequeños comerciantes, costureras y alambradores”, cuando de lo que se trata es que todos ellos accedan al dinero electrónico, con el objetivo explícito de formalizar la economía. Y lo peor es que el senador puede llegar a ser presidente.
Espanto: los cajeros no dan billetes de cien, ni monedas de dos pesos.
El gremio bancario, los magistrados, cualquiera estatal puede protestar por el cierre de dependencias innecesarias, sucursales bancarias, juzgados, asumiendo su fin social, desconocido para el resto de los mortales. Primero por considerarse, con cierta razón, corporaciones que son copropietarias de parcelas de poder, segundo, porque la pertenencia al Estado se debe defender aunque sea inútil, cara o perniciosa.
Es imprescindible abandonar la lógica estadocéntrica y poner al Estado al servicio de los ciudadanos. Entes y servicios descentralizados regidos por el tres y dos más los representantes sociales es una lógica de gestión sin soporte técnico alguno. Es obvio que conduce a que el gobierno corporativo de los entes autónomos sea el peor de América Latina. Es obvio que si no se someten a la lógica del mercado sus monopolios van a ser usados siempre con fines fiscales encubiertos. Entes y servicios deben regirse por el Derecho Privado, bajo el control de uno o más pero siempre pocos órganos políticos de los ya existentes, que controlen el cumplimiento de los planes de acción que sus jefes de sistemas operativos, seleccionados con el mismo rigor que Francia selecciona a los de sus múltiples empresas y servicios públicos, presenten bajo los lineamientos estratégicos de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Habló de energía y de salud, de agua y de enseñanza, etc.
Nunca va a brindar un servicio de calidad una administración que solo puede echar a sus empleados por ineptitud o delito. ¿Por qué no por reestructura de servicios? Los empleos en la administración pública deben ser a término bajo compromiso de gestión.
Hay algo más relevante para la administración pública en el presente. La nueva realidad tecnológica obliga a una flexibilidad mucho mayor de la gestión.
Todos sabemos que en un futuro cercano gran parte de los puestos de trabajo agrarios, industriales y de servicios serán sustituidos por robótica, el trabajo se humanizará, abandonando tareas de bestias, máquinas o psicológicamente degradantes. Todos sabemos que en ese futuro casas y empresas serán energéticamente sustentables por energía eólica o solar con costes marginales cero. Todos sabemos que los vehículos tendrán GPS, serán conducidos por sensores digitales y serán energéticamente autosustentables. Y todos sabemos que a través de Internet se están desarrollando cambios en el sistema económico que llamamos economía colaborativa.
Nunca fue tan fácil en la historia tener una idea, lanzarla al mercado y saber si funciona o no. Se ofrece, se compra, se comunica incluso adentro de las empresas a través de aplicaciones, ellas son elementos permanentes en la vida.
En esta realidad tecnológica, ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Cómo vamos a distribuir? ¿Qué institucionalidad nos va a asegurar la redistribución y la inclusión?
Discutir la reasignación de recursos en la Rendición de Cuentas para llegar a un misterioso 6% para la educación, no es discutir cómo nos vamos a acoplar al futuro, es torpe, es reaccionario.
Para ello es necesario discutir cómo crear infraestructura institucional para acceder a lo importante, los aplicativos, las redes, el big data, el Internet de las cosas. Se requerirán plataformas únicas para orquestar la administración de todo lo que hay debajo, o seguiremos replicando la segmentación y que cada sector trabaje en nichos para su isla. ¿Estamos creando infraestructura para poner ese futuro al alcance de todos o subsidiamos lo obsoleto? Más inversión pública ¿en qué? En UTE y Ancap que probablemente desaparezcan o queden muy reducidas como la telefonía fija con respecto a la celular o en su adecuación tecnológica e innovación funcional.
No será prudente discutir infraestructura institucional para una sociedad donde el trabajo en dependencia disminuye rápidamente. No será prudente ir creando las bases de una educación lúdica-digital-actitudinal para niños y adolescentes que no son capaces de concentrarse en un libro sino que su concentración puede mantener varias ventanas digitales abiertas a la vez. No será prudente crear tecnicaturas facilitadoras del acercamiento al cambiante mercado de trabajo, en vez de insistir en este inservible mamotreto que veneramos y llamamos educación pública. Seguiremos pensando que es igualitario e inclusivo por la túnica blanca, la moña azul y la enseñanza de la letra cursiva, cuando solo el 2% del quintil más pobre llega a una educación terciaria gratuita asegurando la reproducción del corporativismo social herrero-terrista y la redistribución regresiva del ingreso. El doctor de La Teja es un ejemplo por excepción, no la regla, de una sociedad elitista que si eres pobre e inteligente, trabajas duro y te portas bien te tira con un título, si eres rico o de clase media alta el Estado te facilita el camino.
Si damos pasos en la dirección mencionada, y no olvidamos “el superávit fiscal que el país se merece” (Astori 2007), “la madre de todas las reformas” (Vázquez al final de su primer mandato) podremos parecernos a las sociedades avanzadas.
También podemos seguir llorando con nuestra doble moral conservadora por el aumento de tarifas y los ajustes fiscales, pedir más gasto público para medicamentos de alto costo que aún no se probaron en ratones por razones humanitarias en una psicosis incomprensible.
Raúl Labadia
CI 1.273.000-3
