“Todo vale” con los fiscales

Hace un año elogié la decisión del exdiputado Gonzalo Mujica de abandonar su banca en el Parlamento para buscar nuevos caminos. Le erré como a las peras. Había sido electo por tercera vez para representar al Frente Amplio y desde su primera legislatura cambió tres veces de sector: Nuevo Espacio, Espacio 609 y Asamblea Uruguay. Luego de renunciar se sumó al sector Todos del Partido Nacional; el senador Luis Lacalle Pou lo recibió “loco de la vida”.

Mediante sus exabruptos y difamaciones —llámelos como prefiera— el tránsfuga señaló a todos los fiscales como delincuentes. Les atribuyó estar “más dedicados a hacer mandados para el Frente Amplio que a hacer Justicia”. De esa acusación genérica pasó a las particulares: “Cuando quería ver payasos pagaba entradas para un circo, a partir de hoy me voy a divertir mirando las fotos de esos dos señores”: el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, y el fiscal General, Jorge Díaz, porque, afirmó, buscan “resolverle el año electoral al Frente Amplio”.

Su razonamiento se basa en que Pacheco archivó dos denuncias contra el senador oficialista Leonardo de León (Lista 711). En una era investigado por el uso de las tarjetas corporativas de Alur, y en otra por las negociaciones entre Ancap y Venezuela a través de la empresa Aire Fresco.

Durante muchísimos años he cubierto información del sistema judicial. Fui testigo de enérgicos cuestionamientos a decisiones de jueces y fiscales —yo mismo las formulé—, de fuertes debates jurídicos sobre ellas, de intentos por torcer el camino legal de los magistrados, e incluso de insinuaciones veladas sobre sus conductas. Pero nunca había presenciado acusaciones tan tóxicas como las de Mujica. Atribuye a los fiscales en general y a Pacheco y Díaz en particular digitar con conciencia y voluntad expedientes penales para beneficiar al Frente Amplio: prevaricato, corrupción, abuso de funciones son algunos de los delitos que me citan expertos en la materia.

El exdiputado cree que Díaz debería renunciar porque perdió “la confianza de tres cuartas partes del sistema político”. Se refiere al mismo sistema que en 2012, por unanimidad, le confió ese cargo, le otorgó la atribución de designar a los fiscales y de instrumentar el nuevo Código del Proceso Penal que también recibió el aval de todos los partidos.

Un dirigente político que se precie de ser responsable y transparente tiene la obligación política y moral de informarle al ciudadano los detalles de sus acusaciones; exhibir las pruebas que tiene para atribuirles delitos a los fiscales y a su jefe y, además, debe revelar en qué casos concretos y cómo conspiraron para favorecer al gobierno. Salvo que todo sea una vil mentira porque “todo vale”.

La diputada blanca Graciela Bianchi y el senador del Partido Independiente Pablo Mieres también fueron críticos sobre las decisiones técnicas del fiscal Pacheco, pero quizá por su condición de abogados no le imputaron haber cometido delitos, aunque pegaron en el palo.

Pacheco pidió la intervención de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. El gremio remarcó algo que es clave: lo que dijo Mujica “contribuye al incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones” y sus acusaciones “son agraviantes e impertinentes” sobre “la honestidad, la confianza y responsabilidad de todos los integrantes del Ministerio Público”.

Estas palabras calzan como anillo al dedo en el delito de difamación. Se le atribuye a quien expone a una persona “al odio o desprecio público”. ¿Atribuirles a los fiscales cometer delitos falseando los hechos y torciendo la ley no genera contra ellos odio o desprecio público? ¡Claro que sí!

Pero para que Mujica sea investigado por la Justicia penal necesariamente se requiere la denuncia del ofendido. No es posible intervenir de oficio en este delito.

Por otra parte, el Código dice que “en caso de ofensa contra una corporación social o administrativa, solo se procederá mediante autorización de la corporación ofendida o de su jefe jerárquico…”.

Esto significa que si se entiende que el Ministerio Público es una corporación administrativa el ofendido debería solicitarle autorización a su jefe (Díaz) para formular una denuncia. Se complica un poco si el denunciante es Díaz: es ofendido y jefe del servicio. Sin embargo, las difamaciones fueron contra los fiscales y no contra la corporación. Habrá que ver qué dicen los que saben.

En el caso de que se presenten una o varias denuncias hay un dato que no es menor: Mujica carece de fueros y puede ser investigado y eventualmente procesado sin ese amparo.

De cualquier manera, creo, intuyo, imagino, supongo, que ningún fiscal lo denunciará. Es probable que metan violín en bolsa para no revolver el avispero, pero no denunciar constituiría un grave error: avalarían la tesis de que en política “todo vale”.