¡Todos a la cárcel!

Pero es injusto cargarle todo a este político de 54 años con un juvenil cerquillo beatle. Tan responsables como él son los exgobernantes que lo respaldaron. Abusaron de millones de conmovidos catalanes y los convencieron de que para alcanzar un objetivo político cualquier cosa es válida. Hasta violar la Constitución sin consecuencias.

¿Que Lamela pudo tomar otras medidas cautelares para evitar rispidez política? Tal vez. Pero, ¿desde cuándo los jueces —aquí o allá— deben decidir por cuestiones ajenas a la ley? Se resolverá en las apelaciones. En una sociedad democrática la sumisión a la ley es inevitable.

Para la jueza existió una estrategia coordinada del gobierno catalán para movilizar a los ciudadanos hacia fines ilícitos: “Alentaron actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”. Conocido el fallo se organizó una multitudinaria manifestación en contra exigiéndole al gobierno revertir la prisión. La separación de poderes, letra muerta.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, el partido más a la izquierda, se quejó: “Me avergüenza que en España se encarcele a políticos opositores”. Una mentira. No están en prisión por ser opositores sino por violar la Constitución y malversar el dinero público en su aventura independentista.

Puigdemont huyó a Bruselas acompañado de cuatro consejeros. Un juez belga los dejó en libertad con medidas cautelares a la espera del trámite de extradición.

Los fundamentos jurídicos son terminantes: impulsaron leyes “para darle cobertura normativa al proceso de separación del Estado Español”. También promovieron actos y proclamas sembrando en la sociedad “la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación” para legitimar cualquier acto de los gobernantes “al margen de las leyes y en contra de la Constitución”.

Añaden que a la “radical falta de competencia” para convocar a un referéndum impulsaron “una insurrección activa” de la población “frente a la autoridad legítima de las instituciones del Estado”. En consecuencia, la Generalitat (la cabeza de la comunidad autónoma) y los diputados independentistas se situaron “en abierta rebeldía al ordenamiento constitucional”.

¿Cómo entender lo ocurrido? El nacionalismo catalán ha consolidado la tesis de ser una nación con su propia lengua, historia, educación y derechos por fuera del Estado español, al que pertenece. Esa filosofía es de la mayoría de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña pero no de la mayoría de los 46,5 millones de habitantes del país. Se ha desarrollado de generación en generación. Mientras eso ocurría, algunos gobernantes, como el que fue presidente durante 23 años, Jordi Pujol, robaba centenares de millones de euros con la complicidad de muchos políticos independentistas. Y desde el gobierno nadie lo ha descalificado.

Por muchas razones que trascienden esta breve explicación, para el extranjero con diferentes parámetros políticos e institucionales es difícil de comprender lo ocurrido. Los observadores a la distancia quedan atrapados por las imágenes de los enfrentamientos, por las protestas, por las emoción de los independentistas, por la dura represión policial, o por frases hechas que también se utilizan en Uruguay.

Los alzados buscan confundir con gárgaras de democracia, reivindicar el derecho al voto, atribuirles a los encarcelados la condición de presos políticos e invocar la superior voluntad del pueblo para oponerse a la Constitución y a la Justicia.

¡Claro que hay que respetar la voluntad de las urnas, como opinó la Mesa Política del Frente Amplio al cuestionar una opinión del gobierno! Es más, debemos luchar para que así ocurra. Pero siempre dentro de las Constitución y no para violarla.

Puigdemont y sus secuaces validaron una República independiente ante una multitud que agitaba banderas, cantaba, lloraba y aplaudía. Cuando el gobierno nacional lo intimó a que dijera claramente si había declarado la independencia y que si decía que no, dejaría de lado el artículo 155 de la Constitución, saltó como un panqueque. Le trasladó la responsabilidad al Parlamento que la declaró solo con el respaldo de los independentistas.

Ese artículo 155 nunca fue aplicado ni cuestionado por inconstitucional en los 39 años de democracia. Establece la facultad del gobierno nacional para controlar a las comunidades autónomas. Contempla mecanismos excepcionales para un control subsidiario de carácter excepcional. De tal forma obliga a una región autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus deberes cuando “se atente gravemente el interés general de España”.

Al presidente Mariano Rajoy no solo lo apoyó el Partido Popular, el suyo, sino el Partido Socialista y Ciudadanos, las tres fuerzas que constituyen una aplastante mayoría. Así destituyeron a los gobernantes de Cataluña, designaron nuevos administradores, eliminaron nueve embajadas catalanas (paralelas a las del Estado) y se convocó a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Puigdemont se presentará.

“Se ha suspendido la democracia”, “El franquismo ha vuelto”, “Rajoy quiere humillar a Cataluña”, “El gobierno debe liberar a los presos políticos”. Los ingenuos —a esta altura imbéciles emocionales— toman esas mentiras como verdades absolutas. El totalitarismo y el fascismo no se gestan solo en la derecha. La tiranía y el despotismo empiezan en cualquier régimen cuando se aplasta a la Constitución.

El dos veces presidente socialista Felipe González (¿alguien puede atribuirle ser derechista o franquista?) calificó lo ocurrido como “la peor crisis que ha sufrido el Estado democrático” desde 1978. Sostuvo que la fuga de Puigdemont a Bélgica fue “un acto de cobardía” y reinvindicó la independencia judicial. Serrat y Sabina opinaron parecido a González. ¿Serán derechistas o franquistas clandestinos?

Este jueves 9 comienza el juicio a los parlamentarios. Los delitos que se les imputan son los mismos que a los otros gobernantes y es probable que terminen en la cárcel sin fianza.

Nadie descarta que los partidos nacionalistas sean mayoría el 21 de diciembre. Difícil prever si impulsarán la independencia o si lo ocurrido los llamó a sosiego en una sociedad que ha quedado fracturada hacia adentro y hacia afuera. Lo demuestran quienes se oponen al independentismo, que se lanzaron a la calle agitando la bandera española y coreando como un eslogan el título de una famosa película de 1993 de Luis García Berlanga: “¡Todos a la cárcel!”.