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Las redes sociales han hecho posible la irrupción de personajes de todo tipo, muchos de los cuales manifiestan la clara necesidad de enseñarse cultos, lustrados e inteligentes. Y no es cuestión de quejarse de ello, ya que eventualmente quien escribe, sin darse cuenta, puede haber ingresado a la selecta y cuestionable nómina. Pero lo cierto es que acceder a estas presencias por momentos anima, ya que no deja de sorprendernos y en ese gesto que sacude despunta la vida.
Con la lógica de una letra concebida para una canción, Santullo expresa que el presidente Lacalle Pou se equivocó al recibir a los Familiares de los Prisioneros Políticos y para sostener la oportuna afirmación con la cual se ubica en el centro del tema del momento, al menos por estos días, sostiene que en una democracia no pueden existir prisioneros políticos. Y va más allá, citando a Wikipedia para establecer qué es un prisionero político. Y en la naturaleza de su revelada fuente de consulta se explica, aun cuando su texto nos da a entender que no comprendió lo liviano de su análisis, aún.
Me detengo en la columna de Santullo, ya que su análisis es promedio y entonces nos permite insistir en la definición de la situación de nuestros familiares que, en efecto, viviendo en democracia, son prisioneros políticos. La definición sorprende, llama la atención y muchas veces motiva afirmaciones apuradas que más tienen que ver con un deseo que con la realidad que, cada hora, cada día, sorprende.
Nuestra definición va más allá de Wikipedia y confieso que en realidad pensar en esta enciclopedia espontánea y tan poco científica jamás se me hubiera ocurrido. Tomamos como base la definición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2012, que es la última definición. En la resolución del consejo se establece que una persona se considerará prisionero político si reúne alguna de las características que allí se establecen. Ellas son:
1. Que la detención se haya impuesto por razones puramente políticas sin conexión a ningún delito.
2. Que, por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas a la ofensa por la cual se ha encontrado culpable o se sospecha que es responsable.
3. Que la detención se haya impuesto en violación de garantías fundamentales establecidas en el ordenamiento jurídico. Claramente, en todos los procesos que se siguen a los militares se vulneró el principio de irretroactividad de la ley penal, la prescripción, el principio de inocencia, se invierte el principio de la carga de la prueba, etc. Con todo ello necesariamente se quebranta el principio de legalidad y el de seguridad jurídica, que alude a la certeza que debe tener la persona en las normas que se le van a aplicar y en los efectos que van a producir esas normas.
4. Además, la detención se produce de manera discriminatoria con respecto a otras personas, y claramente es política. Tenemos a dos sectores contrapuestos a los que a los efectos de una pacificación del país se dictaron dos leyes, una de amnistía para los terroristas y otra de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para los militares, policías y asimilados que pudieron cometer delitos durante el gobierno de facto en cumplimiento de sus funciones o por acciones ordenadas por sus mandos. Una ley se respeta y la otra no. Hay terroristas que no fueron juzgados, no pagaron ni un día de cárcel y los que más estuvieron presos fueron por 12 años, hoy tenemos militares que hace 16 años que están presos. Obviamente es un tema político.
5. Otra característica es que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y esté conectado con motivos políticos de las autoridades. Y eso se demuestra con ver la evolución de la legislación desde el año 2005 para tratar de legitimar un marco jurídico que es claramente ilegal porque las leyes penales se aplican para el futuro, no hacia atrás.
Estas afirmaciones establecen claramente que el régimen de democracia que vivimos es formal, pero no pleno. En ello confluyen diversas situaciones que son las responsables de la cuestión que ahora afecta a un grupo numeroso de policías, militares y civiles, pero que mañana puede extenderse hacia otros sectores sociales que no comulguen con las ideas del sector que por estos años domina el mundo de la izquierda.
En otro orden, tenemos el uso abusivo de las consultas populares, recurso constitucional que en su uso abusivo supone un claro menosprecio de la calidad democrática del sistema representativo de gobierno. Convocamos al soberano cuestionando claramente lo sancionado por el Parlamento, en una espiral que supone la idea de que no importa lo que discutan o resuelvan nuestros representantes si no nos gusta el resultado, lo cuestionamos convocando al cuerpo electoral.
El error de Santullo está en consultar Wikipedia. Y en ignorar que los Reyes Magos siempre fueron los padres.
