“Violación flagrante” de las normas puso en “riesgo” el estatus sanitario, denunció Aguerre

Para Aguerre, “lo más grave, desde el punto de vista del impacto potencial que tiene (eso) en la economía, es distribuir la brucelosis y, sin embargo, se lo terminó sancionando por no cumplir con el papeleo de Dicose”. Eso “es como Al Capone, que no lo sancionaron por dos asesinatos y lo metieron preso por evadir impuestos”, comparó.

Ese asunto “está en proceso, el predio está interdicto”, lo que implica una prohibición de mover el ganado desde el establecimiento a otro lugar, comentó.

Explicó que “la sección policial está interdicta por brucelosis, lo que no quiere decir que los animales tienen esa enfermedad, y los productores estaban obligados a hacer sangrado de los animales, lo que tampoco hicieron”.

“Hay varias irregularidades y el caso está por resolverse”, adelantó.

Esa jerarca consideró que este tipo de casos “ponen en riesgo el estatus sanitario, porque el MGAP viene realizando una campaña muy fuerte contra brucelosis y considerando el grado de prevalencia de esa enfermedad en el rodeo uruguayo, el país está en condiciones de iniciar la etapa de erradicación”.

El MGAP propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto cambiar el cálculo de las multas al pasar de Unidades Reajustables (UR) a Unidades Indexadas en algunos casos de irregularidades (UI) (ver Campo Nº 51).

Además planteó modificar los montos mínimos y máximos de las multas que puede cobrar. Actualmente, la sanción pecuniaria más baja es de 10 UR ($ 8.286) y la mayor es de 10.000 UR ($ 8,2 millones), y a partir de la aprobación de la Ley de Presupuesto la mínima será de 2.603 UI ($ 8.196) y la máxima de 520.518 UI ($ 1,6 millones).

Estableció además que en los casos de infracción a las normas que regulan los programas de control y erradicación de la brucelosis y la tuberculosis la multa máxima será de 2.602.592 UI ($ 8,2 millones) y para sancionar la deforestación de bosques nativos el monto a cobrar será de entre 10.410 UI (32.779) y 104.104 UI ($ 327.802).

“Dada la importancia que le damos a la política sanitaria, había que aggiornarnos y por eso se incluyeron algunos preceptos que hacen a normas que regulan los programas de control y erradicación de brucelosis y tuberculosis, y normas que regulan la utilización de productos fitosanitarios, veterinarios o contaminantes ambientales con uso prohibido”, explicó el titular de Ganadería.

Manejo fraudulento

Respecto a irregularidades detectadas por Ganadería en el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, la titular del SNIG dijo que en los últimos tres años “hubo dos casos de manejo fraudulento de empresas grandes que involucraron problemas de sanidad y de trazabilidad”. Y “se han puesto multas ejemplarizantes” a los responsables, aseguró.

Contó que “en algunos casos se trató de sociedades anónimas” y en el registrado en Tacuarembó, donde se movieron vacunos en plena vacunación contra la aftosa, “fue un productor”,

Para González, esas situaciones “pueden llegar a perjudicar al país” porque “lo dejan mal posicionado”.

“Esas cosas no deberían pasar cuando hay una cultura entre los productores y se tienen todas las herramientas, pero siempre hay algún desprolijo”, se lamentó.

En cuanto a los casos de riesgo en brucelosis, esa jerarca señaló que “son animales que están en secciones policiales interdictas (por esa enfermedad) y si mueven vacunos que son positivos entonces contaminan, porque el contagio se da por la secreción”.

“Hay categorías que son susceptibles, como las vacas y los toros, mientras que los novillos no lo son”, aclaró.

La posibilidad de contar con una base informática de datos sobre todo el rodeo vacuno local, mediante el SNIG, favorece el accionar para combatir ilícitos. “Cuando el Ministerio del Interior inicia un procedimiento y realiza una denuncia en la Justicia, valida todo con información que está en el Sistema de Información Ganadera, que para ellos es una gran fortaleza porque en tiempo real obtienen todos los datos y pueden encontrar inconsistencias”, valoró.