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La caída de los jueces en la valoración ciudadana tiene que ser motivo de preocupación para el Poder Judicial y sus gremios. Según la consultora Cifra, el prestigio de los magistrados está en retroceso y su imagen es más negativa que la de los policías, lo cual no es poco decir, ante el tsunami delictivo. Según los datos, apenas 24% de los consultados aprueba la actuación de los magistrados y 46% la desaprueba (Búsqueda, Nº 1.759).
Sin ahondar en comparaciones, es interesante señalar que quienes más aprueban el trabajo de los jueces pertenecen al nivel educativo terciario y son adultos de 45 a 59 años. Es razonable: comprenden mejor la función, conocen algo de leyes y razonan más libremente pese a los debates partidarios que politizan la justicia.
Desde las edades más bajas o con menor educación surgen los mayores cuestionamientos. Probablemente se relacionan con el desconocimiento de la función, la influencia partidaria por sentencias recientes o ignorancia institucional y procesal. Entre estos últimos están quienes agitan la manida frase hecha: “los delincuentes entran por la puerta y salen por la ventana”.
Debido al asueto de la semana pasada he acumulado más correos de lo habitual. Sorprende que la mayoría refiera a lo ocurrido el miércoles 9 en un juzgado civil donde compareció la modelo argentina Valeria Mazza. Entre otras cosas dicen: “…vergüenza pública...”; “…los jueces permiten que un juzgado se convierta en pasarela de modas…”; “¡Con funcionarios cholulos nadie hace nada!”; “¡Que trabajen en lugar de pedir fotos o autógrafos...!”; y una ironía que eriza: “¡Valeria Mazza ministra de la Corte ya…!”.
Para quien no haya estado en el lugar bastan las elocuentes fotos del jueves 10 en “El País” y en “El Observador”: un edificio de la Justicia civil convertido en tinglado con funcionarios tras autógrafos o fotos para colgarlas en Facebook. Desde el palco-balcón del primer piso otros observaron y fotografiaron. No es nuevo. Ocurrió antes con Susana Giménez en ese mismo edificio, con Marcelo Tinelli hace varios años en otro edificio, recientemente con jugadores de Peñarol y Nacional en la sede penal en la que los procesaron, y en 2000 cuando jugadores de los mismos equipos fueron procesados: les pidieron autógrafos hasta en el carcelaje del juzgado.
En los últimos años el Poder Judicial ha logrado importantes avances en la cantidad de jueces, en la tecnología y en la infraestructura, pero a la generalidad de la ciudadanía poco le interesa. Considera que es una obligación de la administración. En cambio, esas imágenes y su trasiego a través de las redes sociales con muestras de idolatría a Mazza, Giménez, Tinelli, jugadores de fútbol o quien sea, tienen más impacto. Aunque los cholulos no sean jueces, es una imagen negativa.
En todas las oficinas públicas la presencia de una estrella fugaz deslumbra y genera pedidos de autógrafos, fotos o “selfies”, ese auto-recurso para escapar del anonimato y regodearse en el culto inocuo. Pero llegan sin que se conozca su presencia de antemano.
En algún momento jerarcas, funcionarios y gremios deberán asumir que deben adecuarse y exigirse pautas éticas. Su trabajo debe coincidir con el interés del Estado y el de los ciudadanos y no con sus deseos, choluleces o intereses particulares. Bastante tenemos con el adictivo uso de celulares, mensajes de texto, Twitter o WhatsApp en horas de trabajo que pagamos todos. No hace mucho tiempo —pese a estar prohibido para el público— vi a dos juezas recibir y responder mensajes durante audiencias civiles aunque ambas intentaban disimularlo bajo el escritorio. La infraestructura del Estado y las horas laborales, salvo urgencias, deben ser sólo en beneficio del contribuyente.
Muchos jerarcas no adoptan medidas. Temen que las restricciones resulten antipáticas, que les generen conflictos internos, que se las considere políticamente incorrectas o que les imputen limitaciones a una presunta libertad de acción. O tal vez asumen que la permisividad es incontrolable e irreversible. Si es así, mal futuro tendremos.
Ante ello, y para el caso, surgen múltiples interrogantes: ¿no existen normas que prohíban esas acciones?; ¿cuál sería la reacción de los ministros de la Corte si esos hechos ocurrieran en su sede ante la concurrencia de personajes del mundo del espectáculo?; ¿cómo valoran los ciudadanos la imparcialidad judicial cuando una de las contrapartes, o un testigo en un juicio civil, o un imputado, o un denunciante en un juicio penal, recibe dentro de una sede expresiones de admiración?
Siempre es bueno recordar la Constitución: “en los lugares de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función” (artículo 58) y “la ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario” (artículo 59). No cito a vendedores de perfumes, libros o ropa de contrabando porque están incorporados al “estatuto funcional”.
Debe quedar claro que si los funcionarios incumplen sus deberes son susceptibles de sanciones disciplinarias. Y si provocan daños a terceros o a la administración, pueden ser objeto de acciones civiles reparatorias.
¡Viva la Pepa!, gritaban en marzo de 1812 los liberales españoles celebrando la Constitución de Cádiz conocida como “La Pepa”. Los conservadores y la ironía popular opositora transformaron ese ¡Viva la Pepa! en sinónimo coloquial de anarquía e irresponsabilidad que desde hace tiempo golpean a las puertas de la administración.
