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    A Bauzá “lo expulsaron” de la dirección del fútbol uruguayo por “honesto”, según empresarios que pagaban coimas en la Conmebol

    Eugenio Figueredo acababa de llegar a Uruguay desde Suiza para ser procesado por su rol en la corrupción dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Era 24 de diciembre y el exdirigente, interrogado por la Justicia local, anunciaba una tormenta: no estaba dispuesto a “caer solo”.

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    Figueredo había ocupado lugares clave en el fútbol local, regional y mundial, por lo que, era de suponerse, tenía información de calidad sobre el entramado de corrupción. El propio dirigente se había beneficiado de ese esquema durante años, recaudando millones de dólares para su bolsillo.

    Y sin embargo, Figueredo entregó información sobre una sola persona: Sebastián Bauzá.

    El expresidente de la Conmebol había apuntado sus dardos contra uno de los pocos sobre los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras cinco años de investigación, no había encontrado pruebas firmes. Por el contrario, una de las evidencias presentadas por el gobierno norteamericano en el marco del FIFAgate, sugiere que Bauzá no solo no cobró coimas, sino que además fue empujado a abandonar la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por “honesto”.

    La charla.

    Es 1º de mayo del 2014. Cuatro empresarios conversan, pero tres no saben que uno está grabando la charla. Se enterarán más de tres años después, cuando estalle el FIFAgate y Estados Unidos presente la transcripción de su diálogo como la evidencia 1710-T.

    Los cuatro pagan coimas a los dirigentes del fútbol regional desde hace años y es el tema de conversación ese día. Los argentinos Alejandro Burzaco, CEO de Torneos, y Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play, le explican a José Hawilla, de Traffic, a quiénes coimeaban ellos en la Conmebol. Hawilla escucha y pregunta mucho, quiere saber nombres, montos y métodos de pago. Y también graba.

    Burzaco dice que su “matemática es muy simple”: 3 millones de dólares al presidente de la Conmebol, 3 millones al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y 3 millones al de la Asociación de Fútbol Argentina; US$ 500.000 al secretario general de la Conmebol y US$ 1,5 millones a otros siete presidentes de las asociaciones de fútbol de cada país.

    A Hawilla las cuentas no le cierran del todo. ¿Por qué a siete presidentes?, preguntó.

    —Porque, porque ahora hay uno, hay uno, hay un país al que no le damos nada —dice Burzaco.

    —¿Por qué?

    —Porque es honesto. Recién lo expulsaron… —explica Burzaco.

    —Lo acaban de expulsar porque es… —acota Hugo Jinkis, aunque la grabación no capta el final de la frase.

    —Por lo tanto, nunca le dimos nada. Nos ahorramos eso. Así se dieron las cosas, no es que hablamos con todos… —añade Burzaco.

    —Pero alguien va a entrar en Uruguay —insiste el brasileño.

    —Sí, bueno, pero… —titubea Burzaco.

    —Se volverá nuestro problema en el futuro —dice Mariano Jinkis.

    —No, no, no será un problema —acota Hugo Jinkis.

    La desestabilización. 

    Dos meses antes de esa charla, Nacional y Newell´s Old Boys jugaron un partido de Copa Libertadores en el Estadio Centenario el 27 de febrero del 2014. Después del partido hubo un enfrentamiento entre hinchas y policías que provocó decenas de heridos y detenidos. El Poder Ejecutivo, presidido por José Mujica, decidió que la Policía no asistiría a los partidos de los grandes si no se aplicaban medidas de seguridad como la instalación de cámaras de identificación facial.

    En esa puja, Bauzá perdió el respaldo de varios equipos y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, encabezada por Enrique Saravia, un exfutbolista que había integrado una lista del Movimiento de Participación Popular. Saravia era muy cercano al empresario Francisco Casal, propietario de Tenfield y enemigo declarado de Bauzá.

    El presidente de la AUF, que había asumido en el 2009, debió renunciar. A los pocos días el gobierno revisó su decisión, los clubes aprobaron un protocolo de seguridad nuevo, la Policía volvió a las canchas y la pelota a rodar. Las cámaras de identificación, en cambio, tardaron tres años en llegar.   

    En una entrevista con El País, publicada el 18 de noviembre del 2017, el expresidente de la AUF opinó que “hubo algo que estaba armado” para desestabilizarlo.

    La foto.

    El nombre de Bauzá apareció en el juicio que se desarrolla en Estados Unidos en varias ocasiones.Una de ellas fue durante el interrogatorio al que fue sometido Burzaco entre el 15 y el 16 de noviembre del 2017. El ex CEO de Torneos se declaró culpable en 2016 y desde entonces colabora con la Justicia norteamericana para obtener una reducción de la pena.

    Interrogado por uno de los fiscales, Burzaco dijo que Bauzá era una excepción a la regla. El empresario argentino primero dijo que no había recibido sobornos, aunque después aclaró que no podía estar seguro. “Me fue solicitada una coima para Sebastián Bauzá”, reconoció en el interrogatorio. “Pero no puedo confirmar que se la hayamos pagado”. Informó que en 2013 Figueredo le había pedido el dinero para el entonces presidente de la AUF. Torneos, a través de una de sus sociedades anónimas, transfirió US$ 400.000 a Figueredo para que le pagara a Bauzá, pero Burzaco no preguntó qué había sucedido con el dinero (Búsqueda Nº 1.947).

    En su alegato final ante el jurado, el 22 de diciembre pasado, la fiscal Kristin Mace mostró la evidencia número 100: una foto de octubre del 2012 en la que posan los directivos de la Conmebol. A cada uno de los involucrados le iba asignando un monto en millones de dólares de coimas que recibieron o habían acordado obtener entre 2010 y 2016, informó ese día la periodista de AFP Laura Bonilla.

    En la foto hay dos uruguayos: Figueredo, al que le asignaron US$ 7,1 millones, y Bauzá, al que no le atribuyeron nada. La fiscal explicó que nunca pudieron probar que hubiese recibido el dinero. 

    “Me llevo a uno”.

    La Justicia uruguaya no tenía ninguna de esas pruebas cuando Figueredo apuntó contra Bauzá. Sí sabía que los norteamericanos lo habían dejado fuera de la lista de acusados, que incluía a 42 personas.

    Figueredo prefirió volver a Uruguay antes que enfrentarse a la Justicia norteamericana, que también había solicitado su extradición. Para lograrlo, contó con la ayuda del abogado Víctor della Valle, el mismo que, a pedido de Casal, había redactado la denuncia contra el propio Figueredo. 

    En su pedido de procesamiento al exdirigente, el fiscal Gómez anunciaba que investigaría a quienes estaban detrás del esquema de sociedades anónimas que le permitieron comprar propiedades en Uruguay, por montos millonarios, con el dinero sucio. Sus intenciones no cristalizaron: Gómez firmó el acuerdo de colaboración con Figueredo y poco después fue trasladado a otro juzgado.

    Desde el momento en que Figueredo acusó a Bauzá de haber recibido US$ 400.000 de coimas, la investigación uruguaya por la corrupción en el fútbol, iniciada en 2013, se centró en comprobar si esa denuncia era cierta. No importaba que Estados Unidos lo considerara limpio.

    Figueredo no aportó evidencias más allá de sus palabras. Y su versión cambiaba con el paso del tiempo. En su primera declaración dijo que se enteró de que Bauzá había cobrado porque se lo dijo uno de los Jinkis. Sin embargo, cuando debió ratificar su acusación, Figueredo aseguró que él mismo le había entregado el dinero de la coima. Añadió que lo recibió en su casa y le dio la plata en dos entregas; que una fue en junio del 2013, pero la otra no recordaba cuándo.

    El caso contra Bauzá se desmoronó por completo en julio del 2017. El Banco Central había elaborado un informe a la Justicia en el cual identificaba tres depósitos de dinero en la cuenta bancaria de la esposa del exdirigente de fútbol, informó el portal de noticias 180. Un análisis posterior, sin embargo, determinó que dos de esos tres depósitos no correspondían a la cuenta bancaria de la esposa, sino a la de otra persona con el mismo nombre.

    La única investigación iniciada a partir de la colaboración de Figueredo murió en noviembre último por decisión del fiscal Luis Pacheco y la jueza María Helena Mainard. Consideraron que no había evidencias para probar que los hechos denunciados fueran ciertos.

    Después de que la Justicia archivara el caso en su contra, Bauzá declaró a El País que Figueredo lo acusó falsamente como “represalia” porque no quiso sumarse a la corrupción y le complicaba sus negociados. Y acotó: “En el fútbol a esto se le llama ‘me llevo a uno’”.

    ?? Se divulgaron audios en los que empresarios confiesan que a Bauzá “lo expulsaron” de la AUF por “honesto'