En esa tarea de fortalecer y preparar a los defensores se ha embarcado el Poder Judicial. Porque la defensa penal está, principalmente, en manos del Estado: los defensores públicos patrocinan al 80% de los enjuiciados.
Una de las primeras necesidades para afrontar la reforma es incrementar la cantidad de defensores. Hoy hay aproximadamente 220 en todo el país y para todas las materias (además de la defensoría penal, está el área de Familia y Violencia Doméstica, Civil, Trabajo y Menores Infractores).
Los defensores destinados al área penal en Montevideo son 16 (en el interior atienden asuntos de distintas materias). Según las estadísticas de 2014, atendieron en el año a 11.438 personas y patrocinaron a 5.152. Más de 300 casos por defensor. “Es muy difícil, trabajamos contra reloj”, dijo la directora de la Defensoría Pública en lo Criminal, Verónica Acuña. El trabajo es arduo, y por eso destaca la “vocación” de los funcionarios. “La gente que trabaja acá es muy vocacional y expeditiva”, afirmó. “La defensoría es pobre, y es débil. Pero no en espíritu”.
Para implementar la reforma, el Poder Judicial prevé crear aproximadamente 58 cargos nuevos. Unos 18 serán para Montevideo, 8 para Canelones y 32 para el interior del país.
Son los cargos “mínimos e imprescindibles” para poner en marcha la reforma, sostuvo Acuña. “Por debajo de esto no funciona el Código”, afirmó. “Sacás a uno y se te hunde el barco”.
Conseguir esos cargos no fue fácil. Los recursos para el Poder Judicial fueron escasos y requirieron arduas negociaciones entre la Suprema Corte de Justicia y el gobierno. El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, coincidió en que los cargos que se crearán son solo los “estrictamente imprescindibles”. “Son los necesarios y por eso se pelearon”, dijo a Búsqueda.
Además, el tiempo para llenarlos también es escaso. Los partidos políticos acordaron que toda la reforma empiece en julio del año que viene, en vez de postergar algunos aspectos para 2019, como se había manejado al principio. Eso puso en aprietos al Poder Judicial, que debe trabajar a toda máquina para llegar a tiempo. Y los llamados a concurso para llenar las vacantes —no solo de defensores, también habrá nuevos jueces, médicos forenses, técnicos— son un problema, porque tienen plazos estrictos y tardan varios meses.
Por eso, la Corte decidió implementar una nueva estrategia para acelerar los procesos, informó Pérez Manrique. En vez de hacer una única convocatoria para cubrir los cargos, se harán llamados por regiones, y todos los concursos serán independientes entre sí. Esto evita que se detenga todo el llamado cuando se presentan recursos, explicó el ministro.
Además se evaluarán los méritos académicos y laborales de los postulantes, para hacer una preselección, de forma que no sean más de 100 candidatos por concurso. A los candidatos se les brindará un curso previo sobre las funciones de la Defensoría y el rol del defensor, algo que es “imprescindible” para los abogados que no tienen experiencia en el área, señaló Pérez Manrique. Para cubrir 58 cargos nuevos se necesitaría “que por lo menos se presenten tres veces más candidatos”, señaló. “Hay interés, y tenemos esperanza de que se cubran y no haya una situación de emergencia”, agregó. El tiempo apremia: “Esta gente tiene que estar en condiciones de ingresar a trabajar el 16 de julio y el concurso no lleva menos de 6 meses”, explicó.
“Cambio cultural”.
Es un Código más “garantista”, han repetido hasta el cansancio las autoridades del gobierno, de la Fiscalía y del Poder Judicial. La Justicia penal se reforma para dar más garantías a los indagados, para asegurar el respeto a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, para que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla. En suma, para salir de un proceso inquisitorio, que tiene sus raíces en la Inquisición, y pasar a un proceso acusatorio, donde hay dos partes —fiscales y defensores— que argumentan ante el juez posiciones contradictorias: la culpabilidad y la inocencia del sospechoso. Los jueces, en lugar de investigar, asumen su función natural: la de juzgar.
En este nuevo escenario, el papel de los defensores cobra una nueva relevancia. “Tendremos un rol absolutamente protagónico y visible”, afirmó Berezán. “Salimos de un proceso inquisitivo donde todo se maneja desde el rol de juez, para ejercer una defensa material, que no es solo figurar al lado del imputado. Es una defensa proactiva, que debe armar el caso, buscar las pruebas, y presentarlas ante el juez”, añadió.
También para Acuña la defensa penal “cambiará totalmente la forma de trabajar”, porque requiere “una posición más activa para construir el caso”.
“Es un cambio muy importante”, coincidió Pérez Manrique. “Pasan de un proceso escrito a uno oral. Tienen que preparar el caso de otra manera, tendrán contacto previo con la persona detenida. Ahora tendrán más oportunidad de lucirse, con un rol mucho más proactivo”. Como “desaparece el juez” de las investigaciones, “las partes adquieren un papel más decisivo”, señaló.
“Hoy somos invisibles a los ojos de la sociedad”, evaluó Berezán. “Con un proceso oral y público, todos nos vamos a ver entre todos, y la gente va a entender. Quizás lo que va a generar es paz pública, porque la gente no va a tener que quemar gomas para que le expliquen: va a recibir la información de primera mano”, afirmó. Es que la reforma prevé que los juicios penales sean orales y abiertos al público, un cambio sustancial con respecto a los procesos escritos que hoy se tramitan en oficinas cerradas. “Hoy la principal falla es la comunicación, la gente quiere saber”, afirmó.
De todas formas, Berezán reconoce que si bien la “gran reforma está escrita”, el cambio tiene que ser “en las cabezas”. Y eso “es lo más difícil”. En la nueva estructura “deja de existir la incomunicación”. El detenido “tiene que poder avisar inmediatamente a la familia y debe declarar siempre con la defensa. Eso es todo un cambio cultural”, afirmó.
Además de los operadores de la Justicia, son los propios ciudadanos los que tienen que conocer sus nuevos derechos, consideró. “Falta un buen marketing para que toda la población sepa los derechos que están en el Código”.
Equilibrio.
Mientras la Defensoría trabaja contrarreloj para llenar las vacantes y capacitarse —el martes 30 se inició un curso para defensores en el Centro de Estudios Judiciales—, su contraparte viene preparándose desde hace años. Consciente de su papel protagónico en el nuevo proceso, la Fiscalía se convirtió en un servicio descentralizado, con más autonomía del Poder Ejecutivo, concentró sus recursos en el área penal —las fiscalías penales aumentaron de 15 a 24— y capacitó a los fiscales.
El fortalecimiento de la Fiscalía frente a una Defensoría más débil y con menos recursos preocupó a las autoridades del Poder Judicial, que alertaron sobre la desigualdad que se generaría entre fiscales y defensores.
“La Fiscalía se organizó para concentrar todos los recursos en lo penal, y nosotros tenemos una defensa que tiene otras tareas imprescindibles, por lo que tenemos menos margen de maniobra. Esperamos que con el ingreso de los nuevos defensores los números se puedan emparejar, porque el equilibrio está en la esencia del proceso”, dijo Pérez Manrique.
En esa misma línea se pronunció la directora de la Defensoría Criminal. “Debe haber una igualdad de armas. Hoy es lastimoso. En los turnos ves un ejército de fiscales y solo dos defensores. La desproporción es enorme”, afirmó.
Berezán coincidió en que la Defensoría está “en desventaja” frente a la Fiscalía. “Tenemos que fortalecernos, porque el fortalecimiento de la Fiscalía es muy notorio”, afirmó. Y si la parte que acusa es fuerte, y la que defiende es débil, los perjudicados son las personas que se enfrentan a la Justicia, explicó.
La desigualdad no es solo entre fiscales y defensores. Sino entre los propios justiciables, señaló Acuña. “Las personas acceden a la Justicia en condiciones de desigualdad. Si no reforzamos la Defensoría Pública, quienes pueden pagar un abogado acceden en mejores condiciones. Y se continúa reproduciendo la desigualdad”.
