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    A instancias de un abogado argentino, la justicia uruguaya investiga una presunta conexión entre el “caso Bárcenas” y el “caso Boudou”

    La justicia de crimen organizado en Uruguay investiga una presunta conexión entre el escándalo de corrupción protagonizado por el ex tesorero del Partido Popular (PP) español, Luis Bárcenas, y las denuncias de corrupción que involucran al vicepresidente argentino Amado Boudou.

    El nexo entre ambos casos es una sociedad de nombre P.T. Bex Bursátil, según lo afirmó a la fiscal Mónica Ferrero y al juez Néstor Valetti el abogado argentino Jorge Luis Vitale, quien es uno de los letrados que denunciaron a Boudou en su país.

    Consultado por Búsqueda, Vitale dijo que puso en conocimiento de la sede de crimen organizado esta conexión luego de enterarse de que los magistrados uruguayos investigaban transferencias de fondos hechas por Bárcenas hacia Uruguay y Argentina.

    De acuerdo con su versión, la empresa P.T. Bex Bursátil con oficinas “en Madrid y Montevideo fue la que recibió los fondos para la compra de la imprenta Ciccone”, causa por la que está imputado Boudou.

    Al vicepresidente argentino se lo acusa de un presunto tráfico de influencias para quedarse con el negocio millonario de la empresa que entre otros trabajos imprime para el Estado billetes de 100 pesos argentinos.

    La operación para hacerse de Ciccone —según la denuncia— la habría hecho Boudou a través de un testaferro y amigo de su juventud, Alejandro Van der Broele.

    Esta causa comenzó siendo instruida por el juez Daniel Rafecas, quien debió apartarse por verse sospechado de parcialidad y en la actualidad está en manos del juez Ariel Lijo.

    “El juez Valetti y la fiscal Ferrero comenzaron a investigar a la empresa P.T Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, radicada en Montevideo, que giró fondos por intermedio de Dusbel SA para The Old Fund para la compra de Ciccone y además manejó parte del dinero de la corrupción de Bárcenas”, aseguró el abogado argentino, quien no quiso aportar más datos de la investigación, sin perjuicio de lo cual expresó que entró en contacto con los magistrados uruguayos.

    El letrado, quien en febrero de 2012 denunció al vicepresidente argentino por este caso, comentó que en su país desaparecieron de forma misteriosa una cantidad de expedientes de la Inspección General de Justicia vinculados con este caso.

    Sobre ese punto sostuvo que la investigación que se lleve adelante en Uruguay permitirá reconstruir parte de esa documentación.

    “La desaparición de estos expedientes pone de manifiesto la connivencia de distintos organismos del Estado para no aportar elementos a la causa donde se investigan casos de corrupción que habrían cometido funcionarios públicos”, subrayó.

    “Explicación parcial”.

    En este contexto, el diario “El Mundo” de España informó el martes 23 que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz —el magistrado que envió a prisión a Bárcenas— solicitó a la Justicia uruguaya que le envíe toda la información que posea sobre este asunto, un escándalo de corrupción por el cual incluso el propio jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, es objeto de severas críticas y acusaciones de la oposición de su país.

    Según el matutino español, el juez pidió también a la Justicia uruguaya el bloqueo de todas las cuentas que el ex tesorero del PP posea en Uruguay. En la misma línea solicitó el bloqueo de las cuentas a nombre de la sociedad Tesedul, que presuntamente fue utilizada para blanquear dinero proveniente de la corrupción.

    En su artículo, “El Mundo” señala que en la fundamentación de su solicitud el magistrado español indica que existe una transferencia “efectuada desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo”.

    En particular el juez pretende que se proceda a la apertura de las cuentas para recabar la información sobre “titulares, apoderados y beneficiario último” de los “préstamos e hipotecas” que pudieran recaer sobre inmuebles, y la “información de cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, extracto de movimientos y toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas”.

    Bárcenas fue recientemente enviado a la cárcel por Ruz, ante el riesgo de fuga y para que no pueda “manipular, destruir o construir pruebas del procedimiento en el que está imputado por blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsedad de documentos y estafa procesal”, informó el diario madrileño “El País”.

    De acuerdo con ese matutino, el magistrado ordenó la prisión sin posibilidad de fianza para Bárcenas con el argumento de que en su declaración “solo” expuso “una explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente” acerca de los traspasos de dinero desde sus cuentas en Suiza una vez que estalló el caso de corrupción “Gürtel”, del cual derivó la actual indagatoria.