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AFE tiene “miles” de terrenos “en la nada”, y su vicepresidente cree que ordenarlos es un mandato ético para un ente subsidiado
“No podés estar pidiendo dinero mientras no administrás bien lo que tenés. ¿Pedís plata para vivir mientras no sabés ni cuál es tu patrimonio?”, argumenta
Cambiar de lugar de trabajo implica un proceso de adaptación que el nuevo vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) parece estar atravesando. Gustavo Osta todavía mira con algo de asombro el mobiliario de su oficina. Allí hay, por ejemplo, unos aparatosos sillones de madera oscura, acolchonados y tapizados de cuero. Varias décadas atrás recorrieron el país en los coches de pasajeros de la empresa. Hoy están ahí, vacíos, dándole un aire extraño a un edificio bastante más nuevo.
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Entrar en AFE es como viajar al pasado, dice Osta. Un poco le gusta. Lo hace sentir que está dentro de la serie alemana Dark, de la que es fanático y cuya trama tiene como eje los viajes en el tiempo. De todas formas, corta rápido el romanticismo con un deseo: “Estaría bueno ver algo de futuro también”.
Justamente entre las herencias del pasado y la necesidad de proyección se mueve uno de los temas en los que el nuevo vicepresidente comenzó a trabajar. AFE, pese a ser un ente deficitario, tiene desperdigados por el país “miles” de terrenos e inmuebles. “Es un patrimonio gigantesco del que gran parte está en la nada”, asegura.
No tuvo que escarbar mucho para descubrir esa situación. El tema casi que se le impuso. En sus primeras semanas de trabajo llegó una solicitud de un funcionario al Directorio para arrendar un predio para pastoreo de ganado. La unidad de gestión de inmuebles les recomendó acceder a la solicitud. Argumentó que era una forma de “reivindicar” la titularidad del terreno. ¿Por qué sería necesario reivindicarla? Porque en realidad el organismo no tiene documentación regularizada que dé cuenta de eso. No sabe ni siquiera su padrón ni si está registrado con títulos. Ese tipo de situaciones se repiten constantemente.
A Osta no le convence eso de arrendar como reivindicación. Por eso pidió derivar el caso al departamento de Jurídica, para obtener un pronunciamiento más claro sobre el camino a seguir en esos casos.
Para intentar regularizar la situación de esos “miles” de terrenos e inmuebles AFE cuenta solo con una escribana. Durante las últimas administraciones hubo varios intentos de ordenar. Primero hubo un acuerdo con la Fundación Ricaldoni, que luego se interrumpió por falta de recursos. Luego el Directorio evaluó la posibilidad de crear un fideicomiso con República Afisa para que arrendara o vendiera los inmuebles y terrenos que no tuvieran utilidad ferroviaria, pero también ese camino quedó trunco.
En 2017 el Directorio de AFE estimaba que tenían entre 1.600 y 2.000 inmuebles y terrenos (Búsqueda Nº 1.908).
Para Osta la situación actual es insostenible. “Hay un componente ético: somos un ente subsidiado. No podés estar pidiendo dinero mientras no administrás bien lo que tenés. ¿Pedís plata para vivir mientras no sabés ni cuál es tu patrimonio? Vamos a empezar por ordenar lo que tenemos, para algo llegamos al gobierno y pedimos el voto”, afirma.
El desconocimiento del patrimonio en inmuebles y terrenos es literal. Ha sido señalado incluso por el Tribunal de Cuentas. Si bien la gerencia de Finanzas de la empresa los valúa en $ 1.071 millones, el organismo de control le ha advertido que “la asesoría Jurídico-Notarial no dispone de una base de información que respalde” ese inventario contable.
Para Osta, cada decisión que tome el Directorio de AFE tiene que tener “un ojo en la empresa y el otro en el gobierno general”. Esa misma lógica se aplica a la situación de los inmuebles y terrenos. En ese sentido, el jerarca recordó el artículo 415 de la Ley de Urgente Consideración recientemente aprobada.
“Los bienes inmuebles urbanos y suburbanos de propiedad de las entidades estatales de la Administración Central o los Entes Autónomos y Servicios descentralizados, que estén vacíos y sin uso, serán transferidos al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con destino a la gestión de los cometidos asignados a la Dirección Nacional de Vivienda o a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana”, dice la disposición.
Mientras definen el destino y la conformación de un grupo de trabajo, avanzan en soluciones particulares. Por ejemplo, AFE firmó un acuerdo con la Intendencia de Maldonado para la recuperación de dos estaciones y también el Ministerio de Ganadería está interesado en instalar oficinas administrativas en estaciones de Melo y Florida.
La situación de los inmuebles y terrenos es, según Osta, apenas “una perla de un largo collar”. En las distintas áreas de la empresa, sostiene, se arrastran problemas de gestión similares.
El subsidio que recibe el organismo, sostuvo, ronda los $ 600 millones anuales. El presupuesto que ingresará pronto al Parlamento prevé unos $ 30 millones para que el organismo pueda destinar a inversiones. El jerarca considera que es poco, pero aún así reconoce que es bastante más que los $ 7 millones que se invirtieron en el último año. Además, dentro de un panorama general de recortes, interpreta ese incremento —aunque sea escaso— como una señal positiva.
