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ASSE denunció en la Justicia casos de títulos falsos, amenazas de muerte, abuso sexual y maniobras fraudulentas en hospitales
Una auditoría sobre el trabajo de la ONG Plemuu en el Pereira Rossell concluye que en menos de un año el Estado gastó $ 20 millones más por no contratar otra empresa recomendada
La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) está procesando 13 auditorías en distintas áreas y decidió elevar a la Justicia siete denuncias penales con hechos que pueden constituir delitos. Las cuestiones que pasaron al campo judicial son de las más variadas.
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Además de la demanda que las autoridades hicieron pública sobre la gestión financiera del Hospital Maciel, hay otra que involucra la contratación irregular de horas médicas a profesionales en el Hospital de Treinta y Tres. También se llevaron a la Justicia casos de presunta falsificación de títulos por empleados de empresas tercerizadas contratadas por el Hospital Pasteur y recetas médicas presuntamente adulteradas por un usuario del Hospital de Colonia.
Se denunció a su vez una insólita amenaza de alguien que llamó a las oficinas de ASSE, se presentó con nombre y cédula de identidad y manifestó que iba a matar a su familia.
Por otra parte, ASSE denunció el caso de un enfermero de la Policlínica de Quebracho, en Paysandú, que tuvo conductas “inapropiadas e inadecuadas con connotación sexual” hacia el personal de la salud y usuarios.
Finalmente, se denunciaron a la Justicia “maniobras fraudulentas” en la expedición de carnés de salud en la Policlínica de Baltasar Brum, en Artigas.
Con excepción de la amenaza de muerte, que ocurrió en julio de este año, el resto de las denuncias surgen de investigaciones realizadas en 2019, durante la administración anterior.
El asunto más voluminoso derivado a la Justicia tiene que ver con un informe preliminar sobre la actuación de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel. Allí se informa que los auditores no pudieron acceder a los registros del sistema contable; que la contabilidad era llevada en el estudio particular del funcionario adjunto a la dirección del hospital; y que no se realizaron las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería Nacional ni de otras donaciones.
También se detectó la omisión en procedimientos de compras, donde sobresale el caso de la contratación directa en reiteradas oportunidades de la empresa JV Construcciones por más de $ 37 millones, y el indicio de conjunción del interés público y privado en la contratación de un estudio de arquitectura del cual es socio un funcionario presupuestado de ASSE y que le factura honorarios a la Comisión de Apoyo del Maciel.
Estas actuaciones están comprendidas en el período en el que el candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio, Álvaro Villar, estuvo al frente del Maciel. En los últimos días, Villar llamó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para pedirle que el gobierno “cese su intromisión en la campaña” municipal.
Consultado por Búsqueda, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, descartó intencionalidad política. “Nada más lejos de eso. Esto lo votó el directorio por unanimidad. Hay dos representantes que no son del gobierno. Y votamos lo mismo por la contundencia de la información. Nosotros no somos jueces. No podemos determinar si algo es un delito o no”, dijo. “Como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar. Es un delito no hacerlo. No es contra nadie”, insistió. Y remarcó que al asumir se encontraron con un “equipo de auditorías débil”. “La dirección estaba acéfala desde hace un tiempo. Queremos fortalecer las auditorías. Vamos a auditar a nuestra propia gestión. Si hay irregularidades, se denuncian, de quien sea”.
Una de las 13 auditorías en proceso es sobre la anterior gestión de la gerencia administrativa de ASSE. También hay en curso investigaciones sobre el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas del organismo, el Programa de Salud Bucal y distintas situaciones irregulares en hospitales de Montevideo, Bella Unión, Paysandú, Paso de los Toros y Maldonado.
Una de las auditorías en curso es sobre la contratación de la ONG Fundación de Mujeres del Uruguay (Plemuu) en el Hospital Pereira Rossell. Un primer informe, al que tuvo acceso Búsqueda, observa la compra directa de esta organización que cumple servicios de limpieza, conserjería y actividades de enfermería, por la que ASSE paga $ 13 millones mensuales.
Además, cuestiona que en el 2019 se haya dejado sin efecto una licitación en la que una comisión asesora recomendó que los servicios fueran adjudicados a otra empresa oferente. Los auditores dicen en su informe que no encuentran evidencia documentada que expliquen cuál fue la motivación de este acto administrativo. En esa actuación intervino la gerencia administrativa y el directorio anterior.
La auditoría concluye además que, si se hubiera adjudicado a la otra empresa, hubiera significado un ahorro para el período auditado (setiembre de 2019 a mayo de 2020) de unos $ 20 millones. “Es claro que la administración sufrió un perjuicio económico. Para mí es claro que se priorizaron los intereses de esta ONG sobre los de ASSE”, señaló Sosa a Búsqueda.
El miércoles 9, el vicepresidente planteó la “gravedad” del tema en la reunión semanal del directorio y reclamó profundizar en la investigación. “Esto es una fortuna que nos podríamos haber ahorrado. Hay criterios políticos al priorizar los intereses de otros. El de este directorio es cuidar los dineros públicos”, enfatizó, e informó que hay una licitación en curso para cambiar de empresa en el Pereira Rossell.
