El 52% de la población de Uruguay considera “malo” o “muy malo” el acceso a médicos especialistas en el país. La percepción positiva es mucho menor a la mitad que la negativa. Solo un 20,7% considera ese indicador “bueno” o “muy bueno”.
Las opiniones más críticas, donde se supera el 60% de percepciones negativas, se dan en las capitales departamentales o en las localidades de menos de 5.000 habitantes. En la zona costera de Montevideo, en cambio, no llega al 40%.
Este es uno de los resultados de una encuesta online realizada por la consultora rioplatense Encuestas del Plata, entre fines de abril y principios de mayo, a la que accedió Búsqueda. Es uno de los insumos que maneja el equipo del diputado frenteamplista Federico Preve para sostener su proyecto de ley sobre la creación del Servicio de Atención de Salud Pública. Según valoran en su entorno, el sondeo refleja que la iniciativa —que consta de apenas dos artículos— tiene la opinión pública a su favor. Más concretamente, entre el 56% y el 57,6% de los encuestados.
El articulado propuesto garantiza a “los profesionales de las distintas especialidades” un trabajo en el sector público de la salud “con énfasis en el interior del país”, remuneración acorde y “carga horaria flexible entre 4 y 16 horas semanales, por un período de dos años”, en prestadores públicos, y ha generado opiniones divididas. La división se centra sobre todo en que ese servicio “será obligatorio para quienes inicien su formación de posgrado con posterioridad a la entrada en vigencia” de esa ley, hoy a estudio en la Comisión de Salud de Diputados.
De no cumplirse esto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional” en tanto dure ese incumplimiento. El servicio se tendrá que realizar en el ámbito de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), las sanidades Militar y Policial y el Hospital de Clínicas, añade el texto.
La obligatoriedad produce rechazo en distintos ambientes médicos. Un artículo sobre el tema publicado en el Observatorio del Sistema Nacional Integrado de Salud, firmado por el cirujano y catedrático Gerardo Bruno, llevaba por título Equidad territorial, sí; coerción profesional, no.
“Según los análisis jurídicos que tengo, no (coarta libertades individuales)”, respondió Preve a Búsqueda consultado al respecto. Y añadió: “En el amparo del derecho humano a la atención en salud, que es un un bien mayor, se regula el inicio del ejercicio profesional buscando bienestar general. Hay quienes aducen eso, pero en un Estado de bienestar batllista y con un sistema de financiamiento público de salud se puede regular. Así lo amparan la Constitución y leyes. Tengo informes al respecto y, además, hay legislación similar en muchísimos países del mundo. También en Uruguay hay ejemplos con jueces, maestros y policías”.
PROYECTO SERVICIO DE ATENCION EN SALUD PUBLICA TRANSITORIO
Inequidades de acceso
El sondeo de Encuestas del Plata también indica que un 52,5% califica como “malo” o “muy malo” el acceso a “otros profesionales de la salud”, como psicólogos, nutricionistas o enfermeros. Eso es casi un calco de la consulta referida a los médicos especialistas.
La diferencia en el acceso entre Montevideo y el interior es percibida con el tamaño de un mundo. Un 50,8% percibe “muchas” diferencias y un 29,9% “algunas”, siempre en favor de la capital. Esta percepción es “trasversal”: no sabe de “edades, niveles educativos, preferencias políticas y tipos de cobertura médica”. Solo un 4,7%, uno cada 21, no nota diferencias.
Un documento realizado en 2015 por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, cuando era presidida por la hoy vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, señalaba las enormes inequidades del acceso a médicos que hay en el país. Si en Montevideo había un profesional cada 116 habitantes, la proporción bajaba a uno cada 556 en el resto del país y a uno cada 1.112 en el área rural.
Completamente a tono con la propuesta del legislador oficialista, un 76,6% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado “implemente medidas” para abatir esa desigualdad. Todavía más en concreto, 56% asiente “con la propuesta de que los especialistas realicen un servicio parcial de 4 a 16 horas semanales en el sector público”, según Encuestas del Plata. Más aún, un 57,6% considera que eso debería ser “obligatorio” para los especialistas.
“El relevamiento deja una conclusión: el acceso desigual a médicos especialistas es una preocupación nacional reconocida por la ciudadanía. La percepción de dificultades para acceder, en particular en el interior, atraviesa edades, niveles educativos, preferencias políticas y tipos de cobertura sanitaria. Un 73,1% de las personas encuestadas considera que esta política de redistribución territorial de especialistas podría tener un impacto positivo en el interior del país”, resume el documento.
Sin unanimidad
En el entorno del diputado piensan hacer jugar la carta de la opinión pública ante las distintas reacciones que ha provocado su iniciativa. Esta tuvo el respaldo de cerca de un centenar de profesionales, incluyendo al expresidente de ASSE Marcos Carámbula, al exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Miguel Martínez y a la exdirectora de Salud del MSP Fernanda Nozar. También tuvo el respaldo de la Asociación de Estudiantes de Medicina.
Sin embargo, otros grupos de estudiantes, como Medicina con Libertad, sostienen que esa iniciativa “no aborda las causas estructurales del problema” y termina “condicionando la libertad profesional al retener la habilitación plena del título hasta cumplir el período obligatorio”, según expresó a Búsqueda Sonia Nalerio, una de sus integrantes.
Los colectivos corporativos tampoco han abrazado automáticamente el proyecto. Si bien tanto el Colegio Médico del Uruguay (CMU) como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) no han adoptado una postura oficial, tienen reparos.
El presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer, dijo a Búsqueda que este proyecto de ley es una herramienta “que puede ser válida”, pero que “no trata el problema de fondo, no va a lo sistémico”. Según el directivo, la no radicación de especialistas en el interior se explica por temas económicos (“el laudo es menor y hay más precariedad laboral”), por inferiores condiciones laborales y por el alejamiento de la academia y la comunidad científica.
“Si al profesional le dan una remuneración adecuada y estabilidad, buenas condiciones de trabajo y un desarrollo profesional contínuo, no sería necesario un proyecto de estos”, agregó.
Desde el SMU la propuesta es bienvenida, salvo en lo referido a la obligatoriedad, que directamente no es aceptada. En su lugar, dijeron fuentes de la gremial, pretenden sustituirla por “estímulos” como “puntajes académicos” o “cuestiones impositivas”. El consejo directivo tenía previsto analizarlo este jueves 21 para afinar un posicionamiento.
Ya en 2011, el SMU, presidido entonces por Martín Rebella, había manifestado su rechazo a una medida que entonces impulsaba el gobierno de José Mujica similar a este proyecto, que obligaba a los médicos a radicarse en el interior.
La nueva iniciativa tiene el respaldo de la bancada del Frente Amplio e ingresó recientemente para ser estudiada en la Comisión de Salud de Diputados. No tiene el respaldo de la oposición. Fuentes legislativas dijeron a Búsqueda que el tratamiento de este proyecto de ley no está entre las prioridades de la comisión. El diputado nacionalista José Luis Satdjian (presidente de esa comisión) está trabajando en un proyecto alternativo con énfasis en la formación profesional.
El año pasado, el MSP había anunciado su intención de replicar el modelo de los Centros Docentes Asociados (Cedas) para algunas especialidades críticas en número en el interior del país. Esto seguía el ejemplo de lo ocurrido en ginecotocología, que llevó a que alrededor del 70% de estos profesionales que hicieron las residencias en el interior se radicaran ahí.
