En su reunión de julio, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) refrendó una decena de proyectos de investigación por un monto total de U$S 2.036.175, dio trámite a un llamado a técnicos sectoriales referentes para cada una de sus cinco estaciones experimentales, aprobó la integración del Comité de Ética, así como un reglamento interno de control y prevención del consumo de drogas y alcohol. También resolvió la contratación del nuevo secretario técnico del programa de investigación en producción lechera y hacer un aporte económico para un congreso en genética que se realizará en octubre en Montevideo, entre otras decisiones.
Así surge del “Acta 1.090” fechada en Las Brujas, Canelones.
El “Acta resolutiva Nº 15”, del 1º de setiembre, señala que la comisión administradora del Fondo Nacional de Recursos (FNR) votó un compromiso de gestión con la Asociación de IMAE, a la vez que autorizó al Sanatorio Americano a realizar intervenciones de cadera y rodilla en el Banco de Prótesis. Además, se aprobó un convenio propuesto en ese ámbito por el ministro de Salud, Jorge Basso, por el cual su cartera le pagaría al FNR por ciertos asesoramientos recibidos.
Actas como estas de personas jurídicas de Derecho Público no estatal son las que el Poder Ejecutivo pretende recibir de manera sistemática, como ocurre con las empresas estatales, para mejorar los controles administrativos sobre las mismas. Un decreto fechado al 12 de setiembre apunta a eso.
Aprobado por el presidente Tabaré Vázquez y todo su gabinete ministerial, la nueva norma consta de unos pocos artículos.
Por un lado, obliga a las dependencias de la administración central a “identificar” las personas jurídicas de Derecho Público no estatal que funcionen en su órbita o que se conecten con el Poder Ejecutivo por su vía. Esa información deberá ser comunicada a la Secretaría de la Presidencia de la República en un plazo de 90 días.
Por otro, establece que en caso de que la ley de creación de dichas personas jurídicas disponga en forma expresa que se encuentran bajo control administrativo del Poder Ejecutivo, estas deberán remitir sus actas al Ministerio por el cual se vinculen.
Son personas públicas no estatales las cajas de pasividades de bancarios, profesionales universitarios y de escribanos, el Latu, Mevir, el Consejo de Capacitación Profesional, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el FNR, el Fondo Nacional de Música, los institutos Uruguay XXI, el INIA, el Impo, de Carnes, de Semillas y de Vitivinicultura, la Administración del Mercado Eléctrico, además de varias comisiones (de lucha contra el cáncer, hidatidosis y la tuberculosis) y fondos especiales (de música, de la lechería, de solidaridad universitaria, de cesantía y retiro de la construcción, entre otros).
Fuentes oficiales consultadas por Búsqueda dijeron que algunas de estas instituciones estaban omisas o cumpliendo “a medias” con la exigencia de enviar las actas de sesión de sus órganos directivos. Uno estimó que el Poder Ejecutivo pretende hacer un control más riguroso de estas personas jurídicas de Derecho Privado, sobre todo por algunos “casos puntuales”.
Estas entidades tienen fuentes de financiamiento diversas, como recursos presupuestales, ingresos por derechos musicales y un porcentaje de lo recaudado por espectáculos nacionales, contribuciones específicas de los contribuyentes, tasas o impuestos.
Números y polémica.
Desde el punto de vista financiero, estas entidades mostraron situaciones disímiles en el ejercicio de 2015, analizó Búsqueda a partir de la información adjuntada al proyecto de Rendición de Cuentas. Ocho presentaron números negativos, entre ellas el FNR (por el equivalente a U$S 9,7 millones), la Caja Notarial (U$S 3,9 millones) y el Instituto Uruguay XXI (U$S 1,7 millones). Las otras dos cajas, que tienen estructuras más grandes que la de los notarios, cerraron balances positivos, aunque peor que en 2014 en el caso de la bancarios y mejor en el de Profesionales Universitarios.
Este año, esa última institución empezó a tomar medidas y a discutir internamente otras que buscan asegurar su sustentabilidad financiera a largo plazo. Aspectos de la reforma son resistidos por algunos colectivos (ver Búsqueda Nº 1.874).
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, fue convocado a la Comisión de Seguridad Social de Diputados luego que autoridades de la Caja de Profesionales informaran acerca de una morosidad “virtual” de U$S 700 millones de aportes no realizados por personas residentes en el exterior o por otros que fallecieron y siguen en los registros de la institución, publicó “El País” el viernes 23.
La interna compleja en esa caja quedó reflejada en el “Acta Nº 155” del 31 de agosto. El director Felipe Brussoni pidió que la delegación que iría a esa comisión legislativa para exponer la situación de la institución incluyera a otras autoridades, no solo al presidente y al secretario.
La directora Carmen Brusco replicó que la caja está “más que bien representada” por esas dos personas, y que en su comparecencia se daría cuenta “con honradez, de todas las posiciones que se sostuvieran en el Directorio”, según el acta. Otros cuatro directores respaldaron esa visión. Por cinco votos a uno, el de Brussoni, se ratificó que el presidente y el secretario serían quienes fueran al Parlamento.
Asimismo, el Directorio, por una mayoría de cinco votos afirmativos y una abstención, aprobó enviar una nota al redactor responsable de la revista de la asociación de afiliados de la caja en respuesta al editorial de la publicación de agosto.
“En el mismo se atribuye al Directorio falta de humildad, y se sostiene que los pasivos han sufrido un ‘recorte indignante’ en sus prestaciones, de carácter ‘abusivo’, ‘injusto’ e ‘inconveniente’, ‘que despierta ira’”, cita la nota aprobada. Agrega que corresponde aclarar que “ningún beneficiario de jubilación o pensión ha sufrido un recorte de la prestación que le corresponde legalmente. Existen, no obstante, beneficios que puede aprobar el Directorio, en cuanto la situación financiera de la caja lo permita, y que el mismo Directorio puede disminuir o eliminar de modo de preservar el equilibrio económico del Instituto. El importante crecimiento del déficit operativo (ingresos por aportes, gravámenes y transferencias, menos gastos por prestaciones y de administración) condujo al Directorio a analizar diversas posibilidades, que no solo suponen revisar los beneficios extraordinarios en curso de pago, sino también mejorar la gestión y la fiscalización del cumplimiento de los aportes por parte de los obligados. No puede razonablemente sostenerse, por lo tanto, que para el Directorio ‘la única solución posible pasa por la vía de quitar ingresos a los actuales jubilados’”.
También marca como una inexactitud afirmar que los “déficits operativos crecientes se solventan sin dificultad con la renta de las inversiones”. Según sostiene la nota aprobada por la mayoría del Consejo, dichas inversiones dan un resultado “altamente variable”, y además deben constituir una “reserva que es insuficiente”.
