Acuerdo “inédito e histórico” sobre acceso a la información ambiental inspira cambios necesarios en la ley uruguaya

Resultado de esta preocupación es el acuerdo de Escazú (Costa Rica) sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Adoptado hace poco más de un año, es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Ahora, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que lo impulsaron, empujan para que siga adelante. El acuerdo tiene hasta el momento la firma de 16 países —entre los que está Uruguay— y solo una ratificación parlamentaria (Guyana); necesita 11 ratificaciones para que cobre vigor.

“Para nosotros es muy buena noticia. Va a facilitar mucho nuestro trabajo, porque a veces la tenemos difícil con organismos que no brindan información en temas ambientales. Este instrumento es una herramienta que va a servir” para trabajar en mejorar el acceso a la información de medioambiente, añadió. Romero se refirió al acuerdo como “muy interesante”, ya que incluye “temas realmente inéditos”.

La Ley de Acceso a la Información Pública tiene más de 10 años y entrará en un proceso de revisión en el que Escazú podrá aportar. “El acuerdo recoge el derecho al acceso y además lo amplía al derecho de participación y a la justicia, es un avance notorio. El acceso a la información pública es una herramienta muy importante para obtener justicia. Sin información es difícil participar y tener justicia”, destacó Romero. Además, el acuerdo es más amplio que la ley vigente en Uruguay porque aborda el alcance de las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos, directa o indirectamente, o que desempeñan funciones o servicios públicos. “Hemos tenido dificultades en la UAIP con este tema, ya que muchas veces la información se ha negado argumentando que se trata de una empresa privada que gestiona fondos públicos. Es verdad, si uno mira el alcance, está limitado a un organismo público estatal. El tema ahí son los fondos públicos”, planteó Romero. Este es uno de los puntos que buscan cambiar de la ley, para incorporar una “visión más amplia del acceso” como plantea Escazú.

Asimetría

El acuerdo incluye disposiciones para defensores de derechos humanos.

“Estamos hablando de una lucha contra la desigualdad y la discriminación, y de garantizar los derechos a un medioambiente sano, de ubicar a la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”, dijo Mariana Blengio, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y profesora de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

“En las defensorías estamos recibiendo, desde hace ya un tiempo, cuestiones que hacen a los derechos de acceso a la información ambiental y la participación. Estamos potenciando acciones para poder generar desde grupos de trabajo hasta recomendaciones que puedan tener impacto”, destacó Blengio.

En Uruguay, durante 2018 y 2019 hubo consultas y denuncias vinculadas al derecho a vivir en un medio ambiente sano que llegaron a la INDDHH de diferentes departamentos del país. La mayoría de las consultas fueron por problemas de acceso y suministro de agua en Montevideo, Canelones y San José, según información a la que accedió Búsqueda. Las denuncias admitidas están en curso, y si bien se centran en la problemática ambiental, refieren en forma indirecta al derecho humano a la salud.

“Las problemáticas ambientales, más allá de la denuncia por un caso puntual, pueden afectar a grupos de individuos que se encuentran en situaciones de exposición y especial vulnerabilidad. Por otro lado, ponen de manifiesto la obligación del Estado de proteger integralmente a las personas frente a los posibles daños ambientales, lo que implica el deber de prevenir, y la obligación de asegurar el derecho a la información ambiental”, señaló Blengio a Búsqueda. Agregó la necesidad de que la ciudadanía participe de forma “abierta e inclusiva” en decisiones ambientales.

El acceso también implica que los datos que se brindan sean entendibles por no técnicos, plantea el acuerdo.

“En Centroamérica hay muchas amenazas de muerte y hubo asesinatos. Aunque en países como Chile o Uruguay esto no suceda, es importante apoyar lo que está pasando en otros países. Los defensores ambientales siempre se están oponiendo a grandes empresas y gobiernos. Las asimetrías ya de por sí son enormes. Si tú perteneces a una comunidad y ves que hay un derrame o un proyecto que te va a contaminar, la asimetría es enorme para poder intervenir”, declaró a Búsqueda Valentina Durán, profesora de Derecho Ambiental y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, que calificó a Escazú como “un acuerdo inédito e histórico”.

Marcelo Cousillas, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo, además de director de la Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), destacó durante el seminario que, de ratificarse Escazú, habrá tres beneficios claros para los gobernantes. Primero, que la región cumpla las mismas exigencias en materia de información, participación y acceso a la justicia. En segundo lugar, a los países que ya tienen legislación les permitirá mejorarla, porque el fin no es controlar o sancionar. Y tercero, porque si ya hay legislación, entonces existe una forma de acceso y se quiere mejorar la participación y la justicia, al país le favorece el proceso, incluso frente a la comunidad internacional.