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Violación grave de la Constitución. Ha pasado ya medio año desde que la Corte Electoral adjudicara las bancas de la Cámara de Diputados sin que ningún partido político o alguna persona reclamara o por lo menos denunciara que, nuevamente, las ha adjudicado violando lo establecido en la Constitución. Es un escándalo ya que al no ajustar la adjudicación de las bancas a la proporcionalidad que establece la Constitución, violándola, la Corte ha modificado la voluntad de los electores.
No pongo en duda la honestidad de los ministros de la Corte Electoral quienes han actuado de acuerdo a los procedimientos que, desde hace tiempo, la Corte tiene establecidos. Lo increíble es que a pesar de estar advertidos, por el libro “El fin de la inocencia” publicado por los Dres. Guillermo García Costa y Rodolfo González Rissotto, de que la forma de adjudicar las bancas distorsionaba los resultados de las elecciones, no han verificado si lo actuado respetaba la proporcionalidad que la Constitución establece y eso que es sólo un cálculo elemental.
Para que se entienda, lo que la Constitución estables al respecto es: “art. 88.La Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país”.
El Frente Amplio obtuvo 1.134.187 votos, el 49,45% del total.
La Corte electoral le adjudicó 50 bancas, el 50,505% de las que componen la Cámara de Diputados. Si la Corte le hubiera adjudicado una banca menos, 49, tendría el 49,5% de las 99 bancas, es decir una cantidad ajustada al porcentaje de los votos que obtuvo y tal como lo establece la Constitución.
No se trata de una desviación pequeña y mucho menos intrascendente sino de una enorme que cambia totalmente el resultado de las elecciones al otorgarle la mayoría de las bancas al Frente Amplio con lo que, como ha ocurrido en los dos últimos períodos de gobierno, anula en los trámites parlamentarios las opiniones de la oposición y las posibilidades de ejercer los mecanismos de control. En síntesis, elimina de la Cámara de Diputados a los representantes del 50,55% de los electores que son la mayoría, mínima, pero mayoría al fin.
Los uruguayos confiamos en los ministros de la Corte Electoral pero han fallado en una de las resoluciones más trascendentes de las que tomaron, no se ajustaron nada menos que a la Constitución y para peor, al hacerlo, han cambiado el resultado de las elecciones, es decir han dañado gravemente a la democracia y a las instituciones.
Los ministros de la Corte Electoral, ahora que terminaron con las tareas que les exigieron las distintas elecciones y antes de terminar su mandato, deben hacer honor a su honestidad y civismo y corregir su resolución inconstitucional, adjudicando la banca que han otorgado de más al Frente Amplio, al partido al que proporcionalmente le corresponde. No sólo tienen la autoridad necesaria para hacerlo sino que tienen la obligación moral y cívica de corregir de inmediato el nefasto error en el que incurrieron.
