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Cerro, Casabó, Casavalle, Borro o Manga. En esos barrios se dan situaciones de pobreza y extrema pobreza. Y de allí provienen los adolescentes que cometen delitos. Esos jóvenes, hasta poco antes de ir a prisión estaban estudiando o trabajaban de manera informal, en su mayoría tuvieron familiares que también fueron a la cárcel y registraron algún problema de consumo de drogas, aunque no en un grado “severamente problemático”.
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Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó el sociólogo Luis Eduardo Morás al evaluar la situación de los adolescentes que cometieron delitos. En julio de 2015 había 523 adolescentes presos. Morás entrevistó a 87 de esos jóvenes y pudo sistematizar el lugar de residencia declarado en Montevideo de 263. Otros 163 vivían en el interior y 8 en la calle.
La investigación de Morás es parte del libro “Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolescente”, de próxima publicación. El experto sostuvo también que hay un “reducido grupo de adolescentes” que tienen una sumatoria de problemas que demandan una “especial atención”.
Morás encontró que existe una “estrecha relación entre los niveles de privación de libertad y una geografía urbana signada por múltiples indicadores negativos”.
Tres de cada cuatro infractores “residían en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos tanto de la población adolescente como de los adultos”.
“Esta configuración, habitualmente calificada bajo el signo de los ‘factores de riesgo’ que ambientan el delito; no debería opacar que resulta más pertinente focalizar en los ‘factores de protección’ ausentes para amplios sectores de la población infantil y adolescente”, escribió Morás.
Los municipios A y D son los lugares que cuentan con mayor cantidad de adolescentes que cometieron delitos. En esos municipios están barrios como el Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Paso de la Arena, Los Bulevares, Manga, Piedras Blancas, Casavalle o el Borro.
En el documento, Morás señaló que una parte importante de los adolescentes presos mantuvieron un vínculo con el sistema educativo en una fecha inmediata previa al momento de ser recluidos en el sistema penal juvenil. En este caso, seis de cada diez estaban estudiando o habían abandonado recientemente la secundaria.
“El considerable volumen de repetición y abandono de los estudios a nivel de enseñanza media, atribuido por los propios adolescentes a dificultades con ‘todas’ las materias o expresiones como ‘la cabeza no me daba para seguir estudiando’, indican la importante presencia de dificultades de aprendizaje que no fueron correctamente diagnosticadas ni oportunamente atendidas como lo determina la normativa vigente”, dijo el experto.
En función de las entrevistas realizadas y a los informes técnicos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), Morás indicó que ocho de cada diez adolescentes tenían experiencias de trabajo anteriores a su ingreso a la institución, y se habían vinculado a ellas a temprana edad.
Pero los adolescentes que infringieron la ley y que trabajaban lo hacían de manera informal. “Esta dinámica inducida por las importantes carencias económicas de los hogares que integran, implica un círculo vicioso donde al abandono de los estudios le sigue una temprana inserción al mercado laboral de la precariedad y los bajos salarios; condición de la cual no resulta posible salir en el futuro por el escaso avance logrado en el ámbito educativo”, señaló el autor.
Morás investigó también sobre el nivel de consumo de drogas de los adolescentes y su relación con el delito. Concluyó que si bien el nivel de consumo es “importante y alcanza a tres de cada cuatro adolescentes”, eso “no permite validar la creencia generalizada” de que los menores de edad privados de libertad “son consumidores y menos aun, que todos ellos lo son en un grado severamente problemático”. En los casos de adolescentes que son consumidores problemáticos de drogas, “se ubicó también un cúmulo de situaciones personales y familiares previas, signadas por la sucesión de experiencias traumáticas o múltiples violaciones a los más elementales derechos; lo cual sugiere que la habitual lectura que se realiza sobre el vínculo causal droga-delito no permite apreciar un conjunto de situaciones que anteceden al propio consumo y el posterior delito”.
A partir del análisis de los casos se observó que algo más de la mitad de quienes se encontraban internados tenían familiares con antecedentes de privación de libertad. Morás escribió que si bien esta presencia es relevante, “no puede establecerse la existencia generalizada de una ‘subcultura’ que naturalice el delito a nivel familiar, en tanto en muchos casos los costos del pasaje por la cárcel son señalados por los referentes adultos como una experiencia negativa que debe ser vista por lo menos como ejemplo para el desistimiento del comportamiento infractor”.
Morás concluyó que el principal desafío que enfrenta el tratamiento de los adolescentes para su inclusión se ubica en un “reducido grupo de adolescentes que presentan una sumatoria de características que demandan especial atención”.
“El conjunto de aquellos que exponen trayectorias de vida particularmente problemáticas, se puede estimar en una cifra inferior a uno de cada diez de los que se encontraban internados al momento del relevamiento. En ellos coincidía el temprano abandono del sistema educativo a nivel de primaria con la total ausencia de experiencia laboral previa; a lo cual sumaban la inexistencia de vínculos con referentes positivos o apoyos a nivel familiar y un consumo problemático de sustancias desde temprana edad”.