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Desde comienzos de 2017 el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho atiende a víctimas y familiares de delitos violentos, brindándoles asesoramiento en los procesos penales en los que están involucrados. La iniciativa forma parte de un acuerdo del que participa el Ministerio del Interior y que fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que asegura que no corresponde a esa cartera tener entre sus funciones el apoyo a las víctimas de la delincuencia.
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“Compete al Ministerio del Interior, entre otras, la política nacional de orden público y de la protección de los derechos humanos”, señaló el tribunal en un dictamen del 2 de mayo. “La protección de las víctimas de la delincuencia, su asistencia y asesoramiento, así como también de sus familiares, requiere norma atributiva de competencia expresa, que en el caso no solo no se invoca, sino que fue prevista como competencia específica del Ministerio Público en el artículo 48 del Código del Proceso Penal”, agrega. Según ese artículo, es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso “a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos”.
La decisión del Tribunal de Cuentas hace referencia a un convenio firmado en junio de 2016 entre el Ministerio del Interior con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y la Asociación de Víctimas de Delitos Violentos, una entidad privada sin fines de lucro creada en 1996 para defender los derechos de las víctimas de delitos y sus familiares.
Las cláusulas del convenio establecen que el Ministerio del Interior debe otorgar a la Facultad de Derecho aquella información relativa a las víctimas para facilitar su apoyo, y además transferirle $ 737.000 por año, correspondientes a la remuneración de un docente grado 3 con 20 horas, un docente grado 2 con 20 horas y un docente grado 1 con 20 horas. La Facultad de Derecho proporciona, por su parte, el equipo técnico docente, da el asesoramiento en su consultorio jurídico, administra los recursos económicos transferidos por el ministerio y efectúa las rendiciones de cuentas correspondientes.
Tanto el convenio como los gastos derivados de él cuentan con principio de ejecución, por lo que no pasaron por el TCR antes de ser firmados, contraviniendo de esa manera “el carácter preventivo de la intervención del Tribunal de Cuentas”, dice la resolución.
Proceso de acercamiento.
Cuando el acuerdo fue firmado en 2016, el rector de la Universidad, Roberto Markarian, explicó que la institución buscaba avanzar en un “proceso de acercamiento a la realidad que viven las víctimas del delito en el país”. Desde que se puso en funcionamiento meses después, 30 estudiantes de la carrera de Abogacía, bajo la supervisión de tres profesores, son los encargados de otorgar la asistencia legal tanto a las víctimas de delitos como a sus familiares. El único requisito para ser atendido es tener un ingreso nominal máximo de $ 28.000, para cumplir así con el objetivo del consultorio jurídico, creado como una tarea de extensión universitaria que apunta a personas que por su nivel socioeconómico estén imposibilitadas de acceder a una asistencia jurídica privada.
Además de formar parte de este programa, desde 2009 el Ministerio del Interior brinda su propia atención a víctimas de la inseguridad, aunque focalizado en el aspecto psicológico. El Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid), dependiente de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, recibe casos relacionados con delitos violentos como homicidios, violaciones, hurtos y rapiñas. Según el Ministerio del Interior, el objetivo de este centro “es ejecutar políticas para la atención en las primeras 48 horas de sucedido el hecho” para que la persona no pierda calidad de vida y “evitar la revictimización luego del hecho delictivo”.
