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En una escena bélica rodada en el desierto, al extra hindú Hrundi V. Bakshi, interpretado por Peter Seller en la comedia de 1968 The Party —conocida en Uruguay como La fiesta inolvidable—, lo hieren mientras él toca el clarín intentando dar aviso de la llegada de fuerzas enemigas. Cae, pero sigue tocando. Las balas le llueven, incluso de ambos bandos, para silenciarlo, pero entre los estertores del actor, el clarín continúa sonando.
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Como a Seller en esa escena, al secreto bancario en Uruguay “le tiran, le tiran, le tiran”, pero “sigue existiendo”, comparó el lunes 11 el secretario general del Banco República, Roberto Borrelli, en las VI Jornadas de Derecho Bancocentralista.
El secreto bancario, que instauró un decreto-ley de 1982, “ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, no solo ante la administración fiscal sino frente a cualquier acreedor legítimo que reclama una deuda en procura de un sistema menos opaco, más transparente”, afirmó el abogado.
“Sin embargo —agregó—, el derecho a la intimidad es un derecho a preservar y a proteger, y por eso el secreto bancario sigue siendo la regla y su levantamiento la excepción”, dijo en el evento, organizado por el Banco Central y efectuado en su sede.
Su exposición fue un repaso de las sucesivas “fisuras” que tuvo la disposición que prohíbe a las instituciones financieras divulgar información sobre los depósitos de sus clientes, salvo determinadas excepciones. Bajo presión de grupos de países y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde 2009 Uruguay amplió su red de tratados de intercambio de ese tipo de datos con fines de fiscalización tributaria, a la vez que limitó el alcance del sigilo bancario.
Borrelli se refirió al secreto bancario como un “derecho de la intimidad de las personas físicas y, por qué no también, de las personas jurídicas”.
Lo defendió diciendo que “hoy el derecho a la intimidad en sus múltiples aspectos está cada vez más vulnerado, cada vez más debilitado, por aspectos tecnológicos, redes sociales. (…) Lo íntimo sufre cada vez más ataques y más agravios. Que eso sea una realidad no quiere decir que no lo debamos proteger” a ese “valor” y ese “derecho que es esencial”.
Alegó que la situación económica entra en la órbita de la intimidad de las personas. “(La comunidad) no tiene por qué saber lo que tenemos o lo que no tenemos, o qué hacemos con nuestras opciones de inversión, cómo canalizamos nuestros ahorros o qué costumbres tenemos en la adquisición de bienes y demás. (…) Obviamente, (…) eso cede ante el interés general”.
En el mismo panel habló Guillermo Nieves, integrante de la Asesoría Tributaria de la Dirección General Impositiva (DGI), acerca de los compromisos a los que adhirió Uruguay para intercambiar de manera sistemática y periódica información financiera de residentes y no residentes en el país. Informó que la oficina recaudadora prevé aprobar este mes o el próximo una resolución que establecerá plazos y otros detalles operativos para la cesión de datos.
El primer reporte, con el detalle de los saldos e intereses cobrados a fin de 2017, será enviado en setiembre del año próximo a las administraciones tributarias de países con los que se tienen firmados acuerdos bilaterales para el intercambio automático (35 actualmente).
La DGI también recibirá para su uso exclusivo información referida a saldos anuales y promedios (en bancos o bajo administración de intermediarios bursátiles), así como de la rentabilidad obtenida, de los residentes en el país. Las compañías aseguradoras deberán reportarle datos acerca de las rentas vitalicias o pólizas vinculadas al ahorro.
