Alfie sostuvo que la inversión de Aratirí calificaba para los beneficios fiscales que le negó el anterior gobierno

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Nº 2096 - 5 al 11 de Noviembre de 2020

escribe Guillermo Draper

El 26 de enero Isaac Alfie era blanco del fuego político. Ese día estaba en Washington D.C. para testificar en el juicio que habían iniciado los dueños de la minera Aratirí contra el Estado uruguayo por presuntos incumplimientos que, según ellos, derivaron en el fracaso de una inversión multimillonaria que habían proyectado. Tiempo antes el exministro de Economía y por entonces designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había redactado un informe a pedido del estudio que patrocinaba la demanda e iba a ser interrogado sobre su contenido.

Desde el Frente Amplio, mientras tanto, pedían que, por “ética”, no asumiera el cargo en la OPP al haber quedado “de los dos lados del mostrador”. Ante las críticas que crecían en Uruguay por su papel en el litigio, Alfie escribió un comunicado en el que aseguró que su informe no ingresaba “en el fondo ni sustancia” del caso y versaba tan solo sobre “la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay” y los “sectores” económicos que podían utilizarlo. También el gobierno electo emitió un comunicado similar que insistía con que su designado director de Planeamiento había hecho una consultoría centrada en la descripción del régimen de promoción de inversiones. La ola pasó.

El informe elaborado por Alfie, al que accedió Búsqueda, incluye varias referencias específicas a la polémica inversión minera y el consultor fija posición respecto a que califica —desde el punto de vista jurídico— para acceder a los beneficios fiscales, aunque también que debe cumplir con condiciones que se le requieran para efectivamente recibirlas. A lo largo del documento de casi 50 páginas, el economista menciona a Aratirí en 17 párrafos y en varias oportunidades sostiene que el proyecto recibió un trato distinto al que le podía corresponder en el marco de la ley de promoción de inversiones, uno de los puntos incluidos en la demanda que enfrentaba el Estado uruguayo. El párrafo 37, por ejemplo, es uno de los más claros al respecto: 

Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en mi análisis y experiencia, de haber sido ministro de Economía Finanzas, y quien terminaba firmando las resoluciones, autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo dada la reglamentación y práctica usual.

O el párrafo 39:

En mi experiencia desconozco casos donde se haya denegado el beneficio a un proyecto particular, al menos desde el punto de vista de la inversión en sí misma si cumple con los requisitos legales y reglamentarios para recibirlo. Y en este caso, como adelanté, no veo motivos por los cuales Aratirí no hubiera obtenido beneficios fiscales bajo el decreto 445/007 o el 2/2012.

Consultado por Búsqueda el miércoles 4, Alfie declaró: “Yo hice el estudio de normativa general y, consultado sobre si aplica o no, aplica como cualquiera de un sector no excluido. Luego hay otras condiciones para efectivizar”.

La demanda

Aratirí planeaba, en el marco de su proyecto Valentines, construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro y toda la infraestructura para procesarlo, llevarlo hasta una terminal portuaria propia y exportarlo. La inversión, según la estimación de la empresa, era de entre US$ 3.011 millones y US$ 6.055 millones. El proyecto fracasó.

Y para Aratirí el responsable fue el gobierno uruguayo.

La minera presentó una demanda contra el Estado ante la Corte Permanente de Arbitraje, en donde reclamó el pago de una indemnización millonaria por entender que Uruguay incumplió con el Convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el fomento y la protección de inversiones.

En la demanda presentada en julio de 2018, a la que accedió Búsqueda, Aratirí describe diversos incumplimientos del convenio en los que habría incurrido el Estado.

“Uruguay les dispensó a las demandantes y a sus inversiones un trato injusto y arbitrario”, dice el escrito de casi 300 páginas. Entre las varias “acciones” que cuestionó Aratirí en la demanda, estaban, por ejemplo, “la creación de una comisión encargada de promulgar directrices que modificarían de manera radical los principios esenciales del Código de Minería” y la “inmerecida y arbitraria negativa de Uruguay a conceder los beneficios de la Comap (Comisión de Aplicación de la Promoción de Inversiones) a los que la minera Aratirí tenía derecho de conformidad con la Ley N° 16.906 y el decreto N° 455/007”.

En abril de 2019 el estudio Ferrere, contratado por Aratirí, recurrió a los servicios de Alfie cuando todavía estaba lejos el resultado electoral de noviembre y el economista no tenía en sus planes integrar un gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.

Ya con la coalición “multicolor” en proceso de armado de sus equipos de gobierno y el Frente Amplio digiriendo su derrota, el programa 970 Noticias, de Radio Universal, informó el 25 de enero que Alfie estaba en Washington D.C. convocado para declarar en contra del Estado uruguayo en el juicio de Aratirí. El economista dijo ese día a El Observador que estaba en la capital estadounidense porque había elaborado un informe para la minera. “De ahí a declarar en contra del Estado uruguayo hay un abismo”, aseguró.

El 26 de enero, en la medida que la controversia crecía, Alfie y el “gobierno electo” emitieron sendos comunicados sobre el tema. Desde la administración entrante se dijo que Lacalle Pou “fue informado desde un primer momento” por Alfie acerca de la “asesoría técnico-profesional” que había hecho para Ferrere. “Ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expide sobre el fondo de la controversia. El objetivo del trabajo fue elaborar un informe técnico sobre la historia y el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay. El documento fue entregado en junio de 2019 y no aborda ni tiene como objeto lo inherente al litigio entre la empresa y el Estado uruguayo”, afirmó el comunicado del gobierno electo.

Esa versión es igual a la que dio Alfie. “En abril de 2019 se me solicitó por parte de un estudio jurídico un informe técnico, en carácter de experto, sobre la historia y funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay, a partir de 1974”, escribió. Y agregó: “El informe no trata ni se expide sobre el fondo ni sustancia del caso, es decir, ni sobre la existencia de una eventual violación al Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y el Reino Unido ni sobre la existencia o monto de eventuales daños”.

El economista insistiría con sus argumentos el 10 de agosto, cuando fue entrevistado por Telemundo después de que el tribunal internacional desestimara la demanda de Aratirí: “En abril del año pasado —abril—, yo estaba trabajando para mí. Me llama un estudio jurídico de aquí y me pide un informe sobre la evolución del régimen de promoción de inversiones en Uruguay. Hice un informe en el que conté, hice el racconto de la historia, desde el año 74 a la fecha de las diferentes leyes, decretos reglamentarios con estadísticas disponibles”.

Pero el contenido del informe de Alfie no solo describe el régimen.

Un periodista de Búsqueda recibió en un sobre anónimo el documento y una transcripción de las declaraciones del director de la OPP en Washington D.C. En el proceso de constatación de su autenticidad, Búsqueda accedió a la demanda presentada por Aratirí. Toda la documentación del juicio internacional es reservada y, según declaró el 23 de agosto a El País el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, para “dar publicidad” a su contenido es necesario el acuerdo de las dos partes, lo que resulta poco probable.

Foto: AFP

Gran significación económica

El informe de Alfie consta de 213 párrafos numerados, distribuidos en 12 apartados.

En el apartado titulado Instrucciones plasmó qué tres cosas le solicitó el estudio jurídico. Además de pedirle que “describa el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en el Uruguay” y que “describa los incentivos otorgados por la última ley de inversiones (Nº 16.906) y sus sucesivas reglamentaciones”, Ferrere solicitó a Alfie que el informe “analice si el Proyecto Valentines calificaba para recibir beneficios fiscales”.

En enero, cuando el periodista Gabriel Pereyra anunció que Radio Sarandí había accedido a las “instrucciones”, Alfie escribió en Twitter que estas no eran “otra cosa, como se ve en la foto que se adjunta, que el alcance del informe”. Y lo que adjuntaba era una foto de una pantalla de computadora en la que se veía ese apartado.

La decisión del gobierno de José Mujica de no otorgar los beneficios fiscales era uno de los ejemplos que, según la demanda presentada por Aratirí, demostraba que el Estado uruguayo había discriminado a la minera y, por ende, violado el tratado de protección de inversiones.

El 27 de enero, Pereyra entrevistó en Radio Sarandí al designado secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y le preguntó sobre ese tema. En el intercambio, el periodista relató que había hablado con Alfie, quien le aseguró que Lacalle Pou conocía el contenido de su informe.

—¿El informe de quién? —preguntó Delgado.

—El que elaboró Alfie como experto. Cuando Lacalle le ofrece a Alfie el cargo, esto según testimonio de Alfie, Alfie dice “está esto sobre la mesa”. Y Lacalle le dice: “Sí, yo ya lo conozco, e incluso conozco el informe y no dice nada que te comprometa”. ¿Me explico?

—Ta, bueno, hasta ahí no sé. Lo que sí puedo decir es que Alfie advirtió esta situación y en qué condiciones fue contratado, y por qué tema fue contratado en calidad de experto, que no se pronunciaba sobre el fondo del asunto, que simplemente era un informe sobre los beneficios de la ley de inversiones, y obviamente el presidente electo decidió respaldarlo.

En el resumen ejecutivo del informe hay tres menciones directas a Aratirí. La primera está en el párrafo 25.

El decreto 477/008, también al amparo de la Ley 16.906, establece que el Poder Ejecutivo puede firmar acuerdos de inversión con empresas, con el objetivo de que las mismas radiquen inversiones en territorio nacional, otorgando beneficios superiores a los establecidos en el decreto 455/007. Naturalmente que esta facultad se aplica para inversiones de “gran significación económica”, es decir, cuando el monto invertido es muy importante para el país. En los términos que el decreto estableció, la inversión mínima para firmar un contrato de inversión es de unos US$ 829 millones a valores actuales. El proyecto de la minera Aratirí (en adelante, ‘Aratirí’) ingresaba en esta categoría.

Cinco párrafos más adelante, Alfie señaló que los “beneficios fiscales especiales son particularmente importantes para las inversiones de largo proceso de maduración y prolongado período de construcción y puesta en marcha, como es el caso del proyecto de Aratirí”. Y agregó un poco después que “la aritmética indica que para un proyecto como el de Aratirí obtener la declaratoria de promoción de inversiones, aun cuando el beneficio concedido hubiese sido el promedio de los concedidos regularmente, le mejora de manera importante la tasa de retorno, siendo esto más importante que la obtención de la totalidad de exoneración”.

El consultor abundó sobre ese punto. En su opinión, un proyecto como el de Aratirí calificaba “dentro de los que las normas catalogan como de ‘gran significación económica’, lo que lo habilita a tener los máximos beneficios fiscales”. Además, escribió que “dado el monto de la inversión planificada y su aporte al proceso de descentralización” estaría habilitado a ser “especialmente” beneficiado.

El apartado cuarto está dedicado a la “reseña histórica del régimen de promoción de inversiones en Uruguay”. Esa descripción también incluye menciones directas al proyecto Valentines.

Por tanto, yendo al caso concreto, la inversión de Aratirí, dado su monto (gran dimensión económica), estaba en condiciones de solicitar y firmar un contrato de inversiones con el Estado uruguayo, a los efectos de obtener beneficios fiscales o de otro tipo, adicionales a los que los decretos reglamentarios de la ley de inversiones disponen.

“No conozco otro caso”

El apartado 10 del informe elaborado por Alfie, que comienza en el párrafo 184, tiene como título Simulación del impacto del beneficio. El proyecto Aratirí es parte del análisis: “La siguiente simulación del impacto que el beneficio fiscal, exclusivamente del impuesto a la renta de las empresas, tiene en la tasa de rentabilidad de un proyecto nos confirma cómo el Proyecto Aratirí, al igual que cualquier otro, se hubiese beneficiado de forma significativa de obtener las exoneraciones. La significación del beneficio se da de manera independiente de la obtención de los montos máximos estipulados en la ley y decretos (en cuyo caso, naturalmente, el beneficio sería mayor). Alcanza con recibir los beneficios medios que se otorgan a todo proyecto que se presenta para que el impacto de este en la tasa interna de retorno del proyecto sea alto”.

En sus conclusiones, el consultor escribió que, si bien “la forma” y “el alcance” del régimen de protección de inversiones cambió desde su creación, los “mayores beneficios” fueron concedidos a partir del decreto 455/007, “para el que el Proyecto Aratirí calificaba”.

Sobre el final, el director de la OPP reiteró algo que estaba en el resumen ejecutivo del informe: la resolución del 27 de marzo de 2012 por la que el Poder Ejecutivo le negó a Aratirí los beneficios fiscales previstos en la Ley Nº 16.906 era una excepción histórica. El comienzo del párrafo 208 es directo: “Ciertamente, no conozco otro caso donde se emita una resolución denegatoria como la de Aratirí”.

En el párrafo 209 Alfie insistió:

Como expresé antes, no conocí casos de denegación total de beneficios por Comap, sí de concesión, donde la ejecución del proyecto estaba condicionada al cumplimiento de otros requisitos sin los cuales el mismo no puede llevarse adelante (medioambientales, manejos de suelos, seguridad edilicia, etc.).

Y en el 211:

Particularmente, no conozco ningún proyecto de gran porte (de “especial significación económica”) que no hubiera recibido beneficios fiscales.

 “Tenía derecho”

La controversia desatada en Montevideo por el viaje de Alfie, en enero, tuvo repercusiones en Washington D.C. De hecho, el economista agradeció al tribunal por haber cambiado el cronograma para que respondiera a las preguntas “como primer experto, dadas las circunstancias que están rodeando esta declaración”.

La fase inicial del interrogatorio al economista fue llevada adelante por una abogada de Aratirí, que se centró en el contenido descriptivo del informe:

—Señor Alfie: finalmente, le quería preguntar, en su experiencia y sacando el caso del que es objeto este arbitraje, ¿usted vio alguna vez una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas que niegue beneficios fiscales que hayan sido solicitados al amparo del decreto 455? —preguntó la abogada de Aratirí.

—No, que yo haya visto, no.

—¿Vio usted alguna vez en su experiencia profesional alguna decisión de la Comisión de Aplicación que haya rechazado liminarmente, en principio, un proyecto sin analizar los indicadores y ponderarlos de la manera que usted nos indicó antes? Fuera del caso objeto de este arbitraje.

—No, que yo recuerde no vi nunca resoluciones de este tipo. Y en la página web que yo miré no había ninguna en realidad.

Para el juicio, el Estado contrató al bufete estadounidense Foley Hoag. El abogado Derek Smith, miembro de ese estudio, fue el encargado de interrogar a Alfie.

Smith le leyó al economista un párrafo de un escrito presentado por los demandantes en los que se menciona su informe: “Dada la dimensión del Proyecto Valentines y los beneficios que habría generado, el señor Alfie concluye que debería haberse concedido la solicitud presentada por la minera Aratirí en virtud del decreto número 455/007”. “Ahora, parece que es en la nota a pie de página que indican que basan esa afirmación en el párrafo 208 de su informe”, agregó.

—Y estaría de acuerdo en que en realidad ahí usted no dice que debería haberse concedido la solicitud presentada por la minera Aratirí en virtud del decreto 455/007. ¿Correcto? —preguntó el abogado del Estado uruguayo.

—Lo que digo es que tenían derecho a los beneficios del decreto, ¿sí? Y más adelante, en otros párrafos, también digo como que son canales separados. Una cosa es tener el derecho en función de la ley y otra cosa es que el derecho efectivamente se usufructúe.

—Entonces usted estaba en desacuerdo con la decisión del gobierno de ese momento de denegar la promoción del proyecto Aratirí y los…, le pregunto.

—Correcto. No, a ver… Primero, yo lo que hago es un estudio objetivo de la historia y si califica en función de la ley, los decretos y los instructivos, en este caso de la Comap. La declaratoria de interés es otro paso, ¿sí? Es otro paso distinto al procedimiento de la Comap.

Contratapa
2020-11-05T00:28:00