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La puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), en noviembre de 2017, significó un profundo cambio para la Fiscalía, que comenzó a recibir e investigar todas las denuncias de delitos, una tarea que antes recaía sobre los jueces. El número de fiscales aumentó, se crearon sedes especializadas para perfeccionar la investigación y se implementó un sistema informático para llevar registro de cada caso que llega a conocimiento de los fiscales y de cada avance en la investigación.
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El Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau) permite hoy a la Fiscalía General conocer casi en tiempo real la cantidad de denuncias que se reciben y cuántas dan inicio a investigaciones, cuántas se archivan y cuántas consiguen una resolución. Debido a que la eficacia del nuevo CPP ha estado en debate desde que se implementó la reforma, esos datos son monitoreados con atención por las autoridades de la Fiscalía e incluso son utilizados para contrarrestar las críticas al código.
Es que tras dos años de funcionamiento, el nuevo sistema penal consiguió superar la cantidad de imputaciones que el anterior, además de reducir el tiempo de los procesos y la cantidad de presos sin condena. Aun así, las críticas se enfocan en que los delitos aumentaron desde que se instaló el CPP y en que los delincuentes reciben penas más leves porque los fiscales apuestan a firmar acuerdos para evitar los juicios. El gremio de fiscales, por su parte, reclama que trabajan al límite debido al creciente volumen de denuncias y la falta de recursos.
Sin embargo, si se observa en detalle el desempeño de cada Fiscalía, los resultados son dispares y revelan que hay sedes que logran una eficacia mayor que otras. De acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía General a Búsqueda tras un pedido de acceso a la información, algunas sedes de Montevideo consiguieron imputaciones en más de 300 casos en el período enero-setiembre de 2019, mientras que otras no llegaron a los 100. Asimismo, hay fiscales que archivan un porcentaje mayor de sus casos, otros que usan más los acuerdos reparatorios o la suspensión del proceso bajo condiciones, y otros más exitosos en la cantidad de condenas que consiguen.
Disparidades similares se dan también entre las sedes del interior del país, aunque en esas zonas la comparación es más compleja porque en general los fiscales no atienden solo los asuntos penales, sino de varias materias.
Diferencias.
Entre las Fiscalías de Flagrancia de Montevideo las diferencias son notorias. En los extremos se ubican la sede de 9º turno, a cargo de Fernando Romano, que entre enero y setiembre tuvo asignadas 1.576 denuncias y consiguió imputaciones en el 21,5% de los casos (340); y la sede de 10º turno, del fiscal Gilberto Rodríguez, que lo hizo solo en el 7,6% (89) de las 1.171 denuncias que investigó. La primera logró que el juez condene a los responsables en 266 delitos, mientras que la segunda en 81.
A la sede de 9º turno le sigue la de 2º turno (del fiscal Carlos Negro), que logró imputaciones en el 21,2% de sus investigaciones. La de 1º turno (Graciela Peraza) está entre las que logró menos, (10,4% de los casos), aunque su sede estuvo más sobrecargada porque debió investigar la mayor cantidad de denuncias, 1.738.
La fiscalía de Romano también fue la que firmó más acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del proceso (67, que representan el 4,2% del total de casos). Se trata de vías de solución alternativas en las que el responsable de un delito acuerda una reparación con la víctima o acepta cumplir determinadas condiciones para resarcir su conducta, con el beneficio de que el proceso en su contra queda en suspenso. Estas soluciones fueron una de las novedades que incorporó el nuevo CPP, aunque su uso todavía es ínfimo.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía, las sedes de Montevideo acuden a esas vías alternativas, en general, en el entorno del 1% o el 2% de los casos. La sede de 10º turno las utilizó solo en el 0,3% de las investigaciones y la de 11º turno (fiscal Adriana Costa) en el 0,7%. La de 5º turno (Diego Pérez), en cambio, resolvió el 4,5% de los casos mediante acuerdos o suspensiones, y la de 7º turno (Adriana Edelman) el 3,5%, aunque ninguna fue más allá.
También se observan diferencias en la cantidad de denuncias que son archivadas. Mientras algunas sedes disponen el archivo del entorno del 50% de los delitos que investigan, otras se acercan al 90%.
En el documento elaborado para Búsqueda la Fiscalía precisó que si bien los datos del total de denuncias refieren a las asignadas a cada sede entre enero y setiembre de 2019, la información sobre las imputaciones, archivos o acuerdos en igual período puede incluir investigaciones iniciadas con anterioridad a ese lapso de tiempo. Por eso el total de casos “resueltos”, sea mediante una condena o archivo, puede eventualmente superar el de los asignados.
Las fiscalías especializadas también muestran disparidades. Por ejemplo, entre las sedes de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica, la de 1º turno (Darviña Viera) consiguió imputar a los responsables en el 7,6% de los casos, mientras que la de 2º turno (Alba Corral) duplicó ese número (14,4%). La primera archivó el 51% de las investigaciones, mientras que la segunda solo el 5,5%.
Una diferencia similar se da entre las fiscalías de Estupefacientes y en las de Homicidios. Así, la fiscal de Estupefacientes de 1º turno, Mónica Ferrero, consiguió imputaciones en el 42,8% de los casos, mientras que la de 2º turno (Stella Llorente), lo hizo en el 21,5%. El fiscal de Homicidios de 1º turno, Juan Gómez, también duplicó en imputaciones (31,9%) a su colega de 2º turno, Mirta Morales (16%). Sin embargo, en ambos casos el segundo turno fue creado con posterioridad, por lo que tuvieron menos tiempo para concretar investigaciones de largo aliento.
En el análisis que realizó como respuesta a la solicitud de información, la Fiscalía señaló que en 2016 se registraban en promedio 19.680 denuncias de delitos por mes, de las cuales solo 7.637 (39%) eran comunicadas por la Policía al juez. En cambio, entre enero y setiembre de 2019 el promedio mensual de denuncias fue de 25.314, de las cuales el 100% se comunicó automáticamente a la Fiscalía.
Aún con ese incremento, la Fiscalía dio respuesta a “un porcentaje mayor” de denuncias, destacó el informe. En 2019 la cantidad de casos que fueron objeto de un análisis primario aumentó 36% en comparación con 2016. La cifra surge de comparar el promedio mensual de denuncias informadas al juzgado en 2016 (7.637) con el promedio mensual de las denuncias que fueron analizadas por Fiscalía (10.414).
