América Latina es la región con más casos ante la Corte de La Haya

Durante una visita a Montevideo a principios de mayo, invitado por el gobierno uruguayo, Couvreur destacó que el país siempre apoyó el arreglo judicial de los conflictos internacionales y fue el primero en reconocer la competencia obligatoria de la Corte, sin ninguna reserva. “Esa declaración es la más antigua y la más abierta”, señaló.

El tribunal, que ha fallado en casos de alta sensibilidad política, como las acusaciones de genocidio entre Serbia y Croacia o la denuncia de Nicaragua contra Estados Unidos por sus actividades militares, esperaba que “viniera una explosión de casos de medioambiente” y creó incluso una sala especial para tratarlos. Sin embargo, no se presentó ningún caso y la sala desapareció.

—¿Cuál es el motivo de su viaje a Uruguay?

—Me invitó el gobierno para reforzar las relaciones entre Uruguay y la Corte. Son relaciones muy antiguas y privilegiadas, porque Uruguay fue el primero en reconocer la competencia obligatoria de la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1921. Muchos Estados reconocen la competencia de la Corte, pero excluyen un cierto número de disputas, pero la declaración de Uruguay no excluye ninguna: es la más antigua y la más abierta. 

—Al ser un país pequeño, que no puede imponerse por su poderío económico, político o militar, para Uruguay es conveniente ese tipo de arbitrajes.

—Exacto, pero hay países chicos que no lo hacen. Uruguay tuvo dos jueces muy importantes en la Corte —Enrique Armand Ugón y Eduardo Jiménez de Aréchaga—, y fue uno de los primeros Estados en defender el arbitraje obligatorio, a comienzos del siglo XX. Hay todo una tradición.

—¿Es posible que Uruguay vuelva a tener un representante en la Corte? 

—Es muy difícil, porque el proceso de elección es muy complicado. El criterio, según el estatuto de la Corte, es el equilibrio entre los grandes sistemas jurídicos y, en una terminología de los años XX, entre grandes formas de civilización. Ese es el criterio que los Estados supuestamente tienen que seguir cuando eligen a los jueces.

Pero de hecho ese criterio cambió y la integración de la Corte ahora refleja la composición del Consejo de Seguridad. Es decir que ya no se sigue el criterio de los sistemas jurídicos sino el criterio regional. América Latina tuvo hasta cuatro jueces al comienzo, pero hoy son dos jueces para América Latina y el Caribe, y hay uno brasileño y uno jamaicano. No queda ningún juez de habla española, lo que es un poco raro, porque la mitad de los casos son de países de hispanohablantes.

—¿Cómo cambió el rol de la Corte en sus 70 años y cómo está posicionada hoy?

—Su actividad no es lineal, depende mucho del estado de las relaciones internacionales. Los Estados, bajo la Carta de Naciones Unidas, tienen la obligación de solucionar sus diferendos de manera pacífica, pero pueden elegir cualquier medio para eso. Entonces depende realmente del contexto político internacional. Hay momentos más favorables al arreglo judicial, y momentos que lo son menos. Durante la Guerra Fría el bloque soviético estaba opuesto a un arreglo judicial y las grandes crisis de entonces escaparon a la competencia de la Corte. A partir de fines de los 70 la Corte tuvo el mayor número de casos, pero también tuvo algunos con una densidad mucho más importante. Antes hacía cosas más bien de prevención. A partir de los 80 y 90 se llevan casos mucho más pesados políticamente, como de recurso a la fuerza. Cuando Nicaragua llevó a la Corte el caso contra Estados Unidos (por sus actividades militares), no era habitual y los norteamericanos objetaron la competencia diciendo que era un caso para el Consejo de Seguridad. Y la Corte dijo que como había un litigio jurídico, era competente. Eso cambió y hoy sigue con casos de delimitación de fronteras, y más preventivos, pero también con otros de recurso a la fuerza y de responsabilidades de los Estados. Tuvimos en Europa el conflicto en los Balcanes, en África el conflicto entre Congo y Uganda, por ejemplo.

—¿Cuál son los casos más sensibles que ha tratado?

—Por definición, todos los casos en los que hay recurso de la fuerza son políticamente muy delicados. No me gusta mencionar casos en particular, pero es obvio que cuando hay un conflicto armado, o acusaciones de crímenes tan graves como el genocidio, o la legalidad del muro en Palestina, o de la declaración de la independencia en Kosovo, son todos muy delicados.

—¿Cuántos casos tiene hoy en estudio?

—Tenemos 11 casos, pero el promedio de los últimos años es de 14 o 15. Parece muy poco, si se compara con un tribunal interno, pero son casos por definición muy importantes. Los Estados no van a la Corte sino cuando tienen un problema enorme.

—Hay otros órganos de la ONU, como el Consejo de Seguridad, cuya legitimidad es cuestionada por algunos Estados. ¿Cree que la Corte ha logrado mantener la confianza de los países? 

—Creo que sí. Por ser un órgano principal, por su composición, por el nivel de los jueces, por su jurisprudencia. La Corte es parte de la arquitectura del sistema de Naciones Unidas, y eso da seguridad jurídica y es fundamental para los Estados. El hecho de que exista una jurisprudencia bien establecida y reglas de procedimiento contribuye a la seguridad jurídica, porque la previsibilidad es un factor esencial para los Estados. Un Estado que quiere ir a la Corte puede tener una idea de sus posibilidades, porque puede estudiar la jurisprudencia pasada y conoce la personalidad de los jueces.

—¿América Latina es hoy la región que tiene más casos en la Corte? 

—Por el momento sí. Ha sido África hace un par de años, y ahora es América Latina. Centroamérica ha ido a la Corte desde siempre. América del Sur un poco menos, recurría más al arbitraje, pero hoy en día hay una clara preferencia por la Corte.

—¿Se recurre a la Corte porque fallan los mecanismos de negociación diplomática?

—Es siempre mejor negociar, pero a veces es imposible y por razones que pueden variar mucho. Por ejemplo, por razones de política interna, simplemente porque el gobierno no se puede permitir aceptar una solución dictada por la otra parte, entonces es más cómodo pasar el caso a un tercero neutral.

—Muchos diferendos en América Latina son cuestiones territoriales y vinculadas a la explotación de recursos naturales. ¿Hay más conflictos de esa naturaleza?

—Los conflictos territoriales son conflictos de siempre y lo van a ser. El medioambiente es un aspecto más moderno, pero si bien se esperaba que viniera una explosión de casos sobre medioambiente —la Corte creó incluso una sala especial para tratarlos—, ninguno se presentó y la sala simplemente desapareció. Tuvimos un par de casos con problemas de medioambiente como tela de fondo como el de Argentina vs. Uruguay, pero al final eran casos de Derecho de los tratados y responsabilidad internacional.

 —La Corte tiene el desafío de armonizar las posiciones jurídicas de distintos países. ¿Es posible aplicar un Derecho universal frente a escuelas tan diversas?

—Por eso es sumamente importante que todos los Estados del mundo vayan a la Corte. Porque el fallo en un litigio siempre se basa en los argumentos de las partes. Si solo van Estados europeos, por ejemplo, la jurisprudencia se va a desarrollar en base a un tipo de cultura jurídica, de entendimiento del Derecho Internacional, y eso no sería bueno. Es un proceso inconsciente pero inevitable. Si hay participación de todos los Estados del mundo vamos hacia un Derecho Internacional muy universal porque la Corte va a fallar en casos distintos con argumentos distintos.

—¿Cómo es el nivel de acatamiento de los fallos?

—Es muy alto. No acatar un fallo de la Corte es un acto ilícito que genera responsabilidad internacional para el Estado que no acata. Incluso una superpotencia como Estados Unidos no se pudo permitir mucho tiempo no acatar el fallo de Nicaragua, porque la presión diplomática es enorme. Si no lo hacen inmediatamente, por razones políticas o jurídicas internas, siempre al final terminan acatando.