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La Secretaría Nacional Antilavado y la Dirección General Impositiva (DGI) comenzaron a cruzar sus bases de datos con los “Panamá Papers” para detectar posibles evasores o personas que hayan participado en casos de blanqueo de dinero, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) divulgó a comienzos de mayo, datos de cerca de 300.000 sociedades anónimas que fueron creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca (MF) en los últimos 40 años. Esa información es solo una fracción de los millones de documentos que una fuente filtró al diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y que fueron la base de la investigación periodística que se llamó “Panamá Papers”.
Después de que Búsqueda publicó los primeros artículos sobre información relacionada con los “Panamá Papers”, en abril, los equipos inspectivos de la DGI comenzaron a desembarcar en los estudios jurídicos que trabajaban con MF para conseguir información sobre sus clientes. La oficina recaudadora obtuvo datos de más de 3.000 personas físicas con sociedades offshore y a partir de ello realizó citaciones, lo que en varios casos ya derivó en la reliquidación de tributos.
Ahora que el ICIJ facilitó el acceso público a una parte de la información, la DGI y la Secretaría Antilavado decidieron aprovechar para hacer un análisis más exhaustivo, dijeron las fuentes. Para eso recurrirán a un software que permite “cruzar” las bases de datos que tiene el Estado con los “Panamá Papers”.
Las sociedades offshore son un instrumento válido para realizar negocios y poseer una no es ilegal. No obstante, las autoridades están revisando los documentos de MF para detectar posibles evasores o personas vinculadas con delitos de lavado de activos.