Ante el aumento de la movilización rural, el gobierno llamó al diálogo, pero las gremiales entienden que el intento “llegó tarde”

En el encuentro, Vázquez recordó las medidas que su gestión y las dos anteriores tomaron a favor del campo, anunció nuevas, dejó la puerta abierta para más y se mostró respetuoso del derecho a expresarse libremente de dirigentes, productores y trabajadores rurales.

Pedido de entrevista urgente.

La Asociación de Cultivadores de Arroz, la ARU, la Comisión Nacional de Fomento Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Federación Rural solicitaron el 27 de noviembre una entrevista en condición de urgente con Vázquez para plantearle sus preocupaciones “sobre las crecientes dificultades que la actividad agropecuaria, en sus diferentes rubros, tiene hoy para ser rentable”. Telefónicamente, el presidente respondió que, debido a los numerosos compromisos de su agenda, la entrevista solicitada por las gremiales podía concretarse en febrero o marzo del 2018.

Desde entonces y especialmente a partir de enero fueron en aumento las protestas contra el gobierno de grupos de productores agropecuarios, que —por fuera de las organizaciones y mediante WhatsApp— convocaron asambleas para evaluar posibles medidas, como interrumpir el suministro de alimentos frescos a Montevideo y a zonas balnearias. En términos globales, critican la falta de acción del gobierno ante lo que consideran una realidad económica especialmente compleja por factores climáticos, de mercado, el dólar débil y un alto endeudamiento en un contexto de caída de la rentabilidad del negocio. Eso ha sido reconocido incluso en análisis elaborados por técnicos del gobierno, publicados en diciembre; la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio del ramo proyectó para el conjunto del sector un “estancamiento” (0,01%) en 2018, porque el crecimiento esperado de la ganadería compensaría el retroceso previsto para la agricultura y la forestación.

Con ese movimiento tomando fuerza, algunos dirigentes rurales reiteraron públicamente su expectativa de mantener una reunión con Vázquez para plantear las inquietudes, difundiéndose posibles fechas para el encuentro. La confusión generó que Presidencia puntualizara que recién el lunes 15 el presidente coordinaría su agenda para febrero, por lo cual el día de la reunión con las gremiales no estaba aún definido y podía adelantarse en caso de que se cancelara alguna de las entrevistas ya fijadas.

El lunes 15 a la mañana, cuando los productores comenzaban a ocupar rutas y caminos en otra jornada de autoconvocatoria, Vázquez difirió “una audiencia de carácter personal solicitada con anterioridad”, según informó Presidencia, y se comunicó con Zerbino para invitarlos a él y a los presidentes de las otras organizaciones a la reunión en Suárez a las 18:00. Salvo la Federación Rural, que por decisión orgánica declinó asistir pues “no estaban dadas las condiciones”, el resto de las gremiales participaron. Junto a Vázquez también concurrieron los ministros Danilo Astori (Economía), Enzo Benech (Ganadería) y Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores) y el director de la OPP, Álvaro García.

Pese a que la reunión se realizó antes de lo previsto y con la presencia de la plana mayor del Poder Ejecutivo, los dirigentes rurales lamentaron que perdiera su propósito original a causa de la intensificación de las protestas en el interior del país. “Nosotros lo que vinimos a expresar era diferente a lo que veníamos pensando que íbamos a plantear en noviembre”, señaló el lunes en conferencia de prensa Virginia San Martín, presidenta de las Cooperativas Agrarias Federadas. “En noviembre habíamos pedido la audiencia con el objetivo de manifestar la sensibilidad que había en el sector, y hoy estamos en una situación diferente porque hay movilizaciones en todo el país y eso fue conversado abiertamente en esta reunión”.

Política económica.

Durante el encuentro, Vázquez negó que las tres administraciones frenteamplistas hayan permanecido ajenas a los intereses del campo. “El gobierno no está dispuesto a aceptar que se diga que este gobierno y los dos anteriores no han hecho nada por el sector agropecuario. Hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, quizás no todas las necesarias, quizás no el 100% de las planteadas y exigidas, pero hemos dado muchas respuestas, en situaciones de emergencia, de fondo, con proyectos de ley, con decretos”, dijo una vez finalizado el encuentro a los periodistas, aún sentado en la sala de Suárez.

Además de destacar lo hecho, Vázquez anunció nuevas acciones destinadas especialmente a las industrias lechera y arrocera, que para el gobierno son las dos más afectadas. “Lo primero que tengo que atender es la hemorragia, para después atender el problema de fondo. Tenemos que tomar algunas medidas rápidas para solo algunos sectores que son los que están en problemas, porque no todos los sectores están en problemas, al contrario, algunos han tenido amplio beneficio”, explicó Vázquez.

Entre los anuncios están la inversión conjunta con las intendencias departamentales de US$ 180 millones para caminería rural, la extensión por tres meses al sector lechero de la rebaja del 15% en la tarifa eléctrica y la invitación a la Asociación de Cultivadores de Arroz a reglamentar junto al gobierno la Ley de Riego. Benech, recién nombrado ministro de Ganadería, también mencionó el fondo de garantía de endeudamiento del sector lechero, que se aumentará a seis años y al que se le agregarán US$ 6 millones para alcanzar los US$ 36 millones.

Para los gremialistas, tanto las propuestas anteriores como las presentes son escasas. “Le dijimos al presidente que no compartimos esa apreciación de que se han tomado medidas importantes para el sector. No coincidimos. Le solicitamos además qué medidas podía dar a conocer en el transcurso de las próximas horas y no recibimos una respuesta a estas inquietudes. Nos hubiera gustado acciones en concreto y se lo dijimos al presidente, para poder revertir esta angustia”, se lamentó Lago.

Los principales reclamos de las gremiales, en concordancia con los de los productores rurales, apuntan a una rebaja de la tarifa eléctrica y de combustibles para el agro en general, la reducción de ciertos impuestos y el aumento del dólar. Aunque Vázquez propuso crear la mesa de trabajo para analizar conjuntamente la situación, un ámbito donde las organizaciones eleven esas y otras propuestas, y el gobierno analice cuáles puede llevar a cabo, sus palabras fueron contundentes: la política económica del gobierno no va a cambiar.

“Marcó claramente la cancha de que no hay ninguna gran modificación prevista. Eso quedó clarísimo. Hay una disposición a crear un ámbito de intercambio, pero no va a haber cambio en la política económica”, afirmó a Búsqueda el presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino.

Vázquez se refirió específicamente al tema cuando la prensa lo consultó sobre la política monetaria de su administración. “Algo tiene que quedar claro: este gobierno está llevando adelante una política económica que no tiene marcha atrás. La política económica va a seguir siendo aplicada. Dentro de esa política económica buscaremos soluciones a los problemas que se puedan ir presentando”.

“Él dijo que la política económica no va a variar. Si no se cede, ¿para qué vamos a ir a hablar? Entonces ni nos sentamos a hablar”, evaluó Zerbino.

Institucionalidad o caos.

El otro concepto en el que Vázquez “marcó claramente la cancha” fue el de la institucionalidad. “Nos dijo que su único interlocutor son las instituciones”, dijo Buzzalino.

Ese punto, sin embargo, también ubica en veredas opuestas a las gremiales y el Poder Ejecutivo. “El gobierno necesita que las gremiales rurales sean fuertes, que tengamos un interlocutor válido, porque lo otro es el caos, es el desorden”, dijo el presidente a los periodistas sobre las movilizaciones que desde comienzos de año se suceden en el interior del país.

El pedido, por lo pronto, fue en vano, ya que ninguna de las organizaciones aseguró al presidente que puedan canalizar las protestas de los productores rurales. Todas expresaron que sus posiciones están supeditadas a lo que este movimiento pueda decidir el martes 23. Incluso, evitaron dar una conferencia de prensa conjunta para no enviar el mensaje equivocado. “No aceptamos porque al no ser representativos de la movilización, no quisimos salir en una foto con el presidente y los ministros que podía malinterpretarse”, opinó Zerbino.

Los productores, mientras tanto, han mantenido firme su posición tras conocer lo conversado el lunes por las gremiales y el gobierno. Además, comenzaron a elaborar un documento para presentar el martes 23 durante la movilización en Durazno. El martes 16, más de 100 productores, con representantes de todos los departamentos, se juntaron desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde para debatir sus contenidos.

El País informó el miércoles 17 que se discutieron propuestas como la rebaja en el precio de los combustibles o, “si no es posible”, su libre importación; la reducción de la contribución inmobiliaria rural; evitar la duplicación de los pagos del Impuesto de Primaria; el abatimiento de las tarifas de la energía eléctrica y la exoneración de los aportes al Banco de Previsión Social de los productores pequeños y los colonos que tienen menos de 50 hectáreas.

Luis Alberto de Souza, un tambero de Salto, admitió a Búsqueda que durante el debate “el aire se cortaba con un cuchillo” debido a las fuertes críticas hacia el gobierno de muchos productores “que realmente la están pasando horrible por el endeudamiento que tienen encima”. Además, descartó que el documento del movimiento contenga “cualquier cosa” sobre la eliminación de planes sociales. Y agregó: “Eso es una completa estupidez”.