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Hasta hace poco tiempo bastaba que las empresas controlaran que todos sus empleados tuvieran el carné de salud al día y brindaran un entorno adecuado para el trabajo. Pero nuevas regulaciones están elevando las exigencias y, de hecho, en algunos años todas las firmas que tengan más de cinco empleados deberán contar con un servicio periódico de prevención de riesgos laborales.
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Este nuevo marco legal surge de la reglamentación del convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo —OIT— a través de varios decretos de este año: uno general (127) con vigencia desde mayo pasado, y otros, que empezaron a aplicarse en agosto, para sectores particulares para la construcción (125) y la industria química (128). También tiene su propia reglamentación el sector de medicina privada y está en agenda aprobar el referido a la administración central y los entes estatales.
Todo este nuevo marco está generando un crecimiento de la oferta y la demanda de servicios de auditoría y diagnóstico de seguridad y salud laboral. Incluso, las emergencias móviles están profundizando sus acciones de “medicina empresarial” preventiva, dijeron a Búsqueda fuentes de esos rubros. “Están consultando muchísimo y haciendo convenios colectivos para obtener el servicio”, ilustraron desde UCM.
“Hay una gran demanda” y “va a surgir mucho más”, afirmó el integrante de la Sociedad de Medicina del Trabajo, Ricardo Ceni.
El especialista opinó que la implementación de la normativa de OIT en Uruguay debería ser “progresiva” porque falta personal capacitado para responder a la creciente demanda de técnicos prevencionistas, doctores en medicina del trabajo y tecnólogos ocupacionales.
Además, consideró que llevará varios años lograr que toda la “población joven” con problemas de “alcohol y drogas” que se ha venido incorporando al mercado laboral esté abarcada por las acciones de prevención en seguridad y salud. Consultado por el impacto de la ley que reguló el consumo de marihuana, Ceni dijo a Búsqueda que es “una incógnita de lo que puede ser la seguridad en el trabajo” porque si bien existe la posibilidad de “medir el consumo de la sustancia antes de ingresar a trabajar, hacerlo todos los días es muy difícil”.
Falta control.
Por su parte, el secretario del Colegio de Técnicos Prevencionistas, Marcos Cabrera, opinó que los decretos recientes abren un “amplísimo campo laboral” para los especialistas, ya que “hasta un quiosco 24 horas que tenga cuatro empleados y el dueño, debe contar con los servicios de un técnico” en la materia. Indicó, sin embargo, que “falta control” por parte del Ministerio de Trabajo (MTSS) para que entre las empresas se “despierte la obligación de contratar” a un especialista y apegarse a las exigencias.
Cabrera comentó que el Colegio trasladó esa preocupación a la Inspección General de Trabajo —encargada de supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional—. “Ellos tienen una visión diferente y sienten que el MTSS tiene presencia, pero vemos que no es así en la pequeña y mediana empresa, que es donde en general hay muchísimos problemas” de seguridad y salud ocupacional, aseguró.
El experto recordó que los nuevos decretos se suman al impacto que tuvo en el empresariado la discusión y aprobación de la ley de responsabilidad penal empresarial de marzo (Nº 19.196), que prevé penas de prisión para los empresarios que no tomen las medidas preventivas necesarias para evitar el “peligro grave y concreto en la vida, salud o integridad física del trabajador”. También por ello “el volumen de consultas fue altísimo; era una fiebre de las empresas por asesorarse y preocuparse” ilustró. Ahora Cabrera percibe menos efervescencia, aunque observó que han surgido “muchísimas empresas” en el interior que se han sumado a ofrecer servicios relativos al tema.
Juan Andrés Roballo, quien hasta hace pocos meses fue inspector general de Trabajo, dijo que durante el actual gobierno aumentaron “sustancialmente” los controles, sobre todo en el interior. Y adelantó que en un eventual tercer período del Frente Amplio se seguirán tomando medidas relacionadas con la salud y la seguridad ocupacional tras el “mojón” que representaron las normas recientes.
Estos asuntos fueron abordados en el IV Congreso Uruguayo de Salud Ocupacional organizado por el SMT entre el lunes 3 y ayer miércoles 5 en la Intendencia de Montevideo.
Construcción.
En dicho foro se destacó que la construcción es el sector que mejor ha trabajado en esta área, en especial en capacitación. “El Sunca logró capacitar a sus trabajadores y eso generó igualdad de acción con sus empleadores y marcan un ejemplo en la gestión de riesgos”, afirmó Ceni ante un nutrido auditorio.
Para este rubro rige desde agosto un reglamento sobre seguridad e higiene con más de 400 artículos y, entre otros muchos puntos, establece que no se puede dejar trabajar a “ninguna persona en las obras de construcción a menos que haya recibido la información, instrucción y formación necesarias” para desarrollar las tareas de “forma segura y eficiente”.
El empresariado cuestiona este reglamento porque, dice, se aprobó de manera “apurada” y “sin consenso” entre las partes.
A juicio de los expertos en el tema, el decreto “expone a las empresas al criterio” de cada inspector y advierten: “Y no se olvide que tenemos una ley de responsabilidad penal”.
Agregaron que hasta el momento la Inspección de Trabajo en obra “está muy cauta” en su accionar.
Desde las empresas que prestan servicios de seguridad laboral advierten que la demanda de firmas de la construcción está “creciendo mucho”.
Las gremiales vienen desarrollando acciones de información porque “hoy los empresarios no tienen claro qué les falta, qué hacen mal, qué criterios tienen que tener para mejorar lo que ya están haciendo”, afirmó Jorge Pazos, secretario de la Cámara de la Construcción en la última edición de la revista institucional.
El crecimiento de la actividad en este sector fue muy importante en la última década y el personal en obra alcanzó nuevos máximos históricos (actualmente hay más de 60.000 trabajadores directos). Sin embargo, la cantidad de accidentes mortales se mantuvo desde 2005 en un rango de entre nueve y 12 por año, destacan los empresarios.
Química.
El decreto específico para la industria química establece las disposiciones mínimas a las que están obligadas las empresas: aquellas con más de 100 trabajadores deben tener en planta un “servicio de prevención y salud en el trabajo integrado al menos por un médico y un técnico prevencionista o tecnólogo en salud ocupacional, pudiendo ser complementado por un psicólogo y personal de enfermería” que deberá elaborar y actualizar “permanentemente un informe” en la materia. Las empresas de menor porte pueden recurrir a un servicio “externo”.
La gremial de esta industria viene realizado actividades de promoción e información de la normativa para que las empresas tengan conocimiento de las responsabilidades que enfrentan.