La calma típica de la retirada pospartido duró poco. Desde una camioneta Renault Oroch partieron varias ráfagas de un arma automática en las inmediaciones de la calle Tristán Azambuya, a solo una cuadra del estadio. Al principio muchos confundieron el ruido con fuegos artificiales, tal vez de un grupo de hinchas que festejaba exageradamente el triunfo. Cuando entendieron lo que pasaba, salieron corriendo, varios de vuelta hacia el interior del estadio, buscando refugio.
En las inmediaciones del Gran Parque Central, en La Blanqueada, se produjo una balacera con un arma automática que la Policía investiga como vinculada a una disputa entre grupos dedicados al narcotráfico. Ataques similares ya ocurrieron en sitios como la rambla del Buceo y las canteras del Parque Rodó.
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El enfrentamiento, sin embargo, no es entre grupos delictivos que operan en La Blanqueada. La investigación apunta a zonas del norte de Montevideo, con un patrón que se ha repetido en los últimos meses: bandas de droga del norte, oeste y noroeste de la capital que resuelven las disputas fuera de sus barrios, en zonas más céntricas y concurridas de la ciudad, menos marginales, en horarios de alta circulación. El motivo es simple: ahí las víctimas están más distraídas y relajadas, lejos del territorio en guerra. “Los toman incautos“, dijo a Búsqueda una fuente policial.
El año pasado el escenario había sido el Buceo, por problemas entre bandas que operan en Cerro Norte: un domingo a la tarde un auto detenido en un semáforo de la rambla, frente al edificio Panamericano, recibió 17 disparos desde una moto. El conductor del auto salió milagrosamente ileso y fueron heridos una mujer y un niño que viajaban con él; meses antes, esa misma mujer había perdido a un hijo en otro ataque narco.
Ya entonces la Policía advirtió que, pese a lo llamativo del lugar elegido para el intento de homicidio, se trataba de una modalidad en crecimiento que posiblemente volvería a repetirse. El pronóstico no estaba errado.
La razón principal de los homicidios
Al inicio del actual gobierno, el Ministerio del Interior creó el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) para mejorar la metodología y la presentación de las cifras de delitos en el país.
Uno de los cambios que impuso la AECA, ya analizado durante la administración anterior, fue en la tipología de los homicidios, con una nueva clasificación que distingue las muertes vinculadas a las drogas no en un único grupo, sino en distintas vertientes. “El objetivo es refinar la caracterización de los hechos y captar con mayor precisión la diversidad de contextos y dinámicas subyacentes a la violencia letal”, informó AECA en un comunicado de prensa. Según el argumento, la tipología tradicional tiende a sobrestimar la asociación entre homicidios y grupos narcotraficantes organizados, al agrupar bajo categorías amplias hechos que pueden responder a conflictos interpersonales u otras dinámicas no necesariamente estructuradas.
Dirigentes de la oposición plantearon críticas porque sostienen que la nueva medición hace lo contrario: subestima esa misma asociación, ya que adopta criterios más restrictivos para vincular un homicidio a organizaciones narcotraficantes, lo que puede derivar en una mayor proporción de casos clasificados como indeterminados o encuadrados en categorías no directamente asociadas al narcotráfico. Frente a ese debate, AECA optó por una estrategia de publicación dual: presenta los datos según ambas tipologías, la tradicional y la nueva.
Así, en las cifras anuales de delitos de 2025, bajo la tipología tradicional —conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajuste de cuentas— hubo 213 de 371 homicidios. Bajo la nueva tipología, esos casos se reparten: homicidio entre grupos de traficantes de drogas, 37; otros homicidios vinculados al tráfico de drogas, 78; conflicto interpersonal entre conocidos, 84; ejecución sumaria, 39.
José Manuel Azambuya y Carlos Negro durante una reunión de autoridades ministeriales y policiales, realizada en julio.
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Independientemente de la tipología que se utilice, el diagnóstico de fondo se mantiene inalterado: los homicidios asociados al narcotráfico representan una proporción significativa del total.
Las soluciones que busca el Ministerio del Interior
“Tenemos una criminalidad compleja, sofisticada, que en el Uruguay tiene sus particularidades, con una desorganización, atomización, división entre una cantidad muy importante de clanes criminales. Esto tiene como consecuencia casi ineludible una lucha permanente por mercados y territorios que lleva a estos clanes criminales, a estos grupos criminales a estar permanentemente en lucha entre sí y a llevarse vidas en cada una de sus acciones violentas”, explicó el ministro del Interior, Carlos Negro, el 16 de julio durante una comparecencia en el Parlamento.
Un elemento adicional complejiza aún más este escenario: la modificación de armas semiautomáticas para convertirlas en automáticas ha incrementado la capacidad letal de estos grupos.
Frente a este escenario, el Ministerio del Interior ha definido como una de sus principales estrategias el denominado policiamiento inteligente, equivalente al concepto internacional de intelligence led policing (ILP). Se trata de un modelo basado en el análisis criminal y la inteligencia policial aplicada a la prevención, investigación y represión del delito.
La metodología busca integrar distintos insumos —información de escenas del crimen, registros balísticos, heridos por armas de fuego, homicidios, armas incautadas y otros datos operativos— mediante sistemas informáticos que permitan identificar patrones, anticipar conflictos y orientar la intervención policial en los territorios con mayor concentración de violencia.
En 2025, por ejemplo, en el marco de un plan piloto, la Policía Nacional comenzó a utilizar un dron autónomo para realizar tareas de vigilancia e inteligencia visual en Cerro Norte sobre los Suárez y los Colo, los dos grupos que generaron el ataque en la rambla del Buceo.
Este año, por su parte, se iniciaron dos operativos estrictamente de policiamiento inteligente, denominados Atenea —en los barrios La Teja, Marconi y Cerro Norte—, y Dominio, que son distintos a los Atenea, ya que son aún más focalizados dentro de los mismos territorios de Atenea. “La evidencia nos muestra que en los lugares donde se han desarrollado se ha logrado tener 11 homicidios menos a lo largo del primer semestre, comparados con los del primer semestre del año anterior, por lo que hemos determinado el éxito de este tipo de operativos”, dijo Negro.
La Policía Nacional ha enfocado muchos de sus operativos en zonas con alta densidad de conflictos, como Cerro Norte.
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El desafío para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional pasa ahora por dos aspectos. Por un lado, extender este modelo policial a otras zonas de Montevideo donde se concentran dinámicas similares de violencia. Por otro, evitar un eventual desplazamiento territorial de la violencia.
El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 aporta la mirada técnica para la actual estrategia del gobierno en seguridad pública: “Cuando la violencia letal se concentra en pocos microterritorios, la respuesta eficaz consiste en concentrar recursos con continuidad operativa. Su aporte principal es reducir homicidios en territorios prioritarios, y cortar dinámicas de escalamiento y retaliación. La lógica de intervención combina presencia policial focalizada con disuasión sobre los actores de mayor riesgo para cortar escaladas antes de nuevos homicidios”.
Sin embargo, el propio plan advierte de la amenaza de un corrimiento de la violencia frente a estos operativos de la Policía Nacional. “Es necesaria coordinación con investigación y lectura territorial para evitar dos desvíos frecuentes: saturación esporádica sin dirección y desplazamiento de la violencia hacia áreas vecinas”, indica el documento, que recomienda mantener un monitoreo territorial continuo y ajustar el despliegue policial según la evolución del fenómeno.
Un ataque en Buceo, ocurrido en 2025, puso en la órbita pública los ajustes de cuentas en zonas más concurridas de Montevideo.
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Frente a la movilidad de las bandas, tanto de su zona de operación de venta de drogas como en los lugares donde buscan ejercer represalias, el Ministerio del Interior decidió reforzar el canal de comunicación con fiscales para mejorar los procedimientos y las investigaciones contra bandas de crimen organizado. “Somos integrantes de un mismo equipo, el de la persecución penal, y estamos del mismo lado del mostrador. Queremos aceitar e intensificar los mecanismos de coordinación”, afirmó Negro el mes pasado. El objetivo, aseguró, es lograr más información, y más rápida, sobre la movilidad de las bandas criminales, sus luchas violentas por los territorios para vender drogas y “las venganzas que establecen ciclos de violencia” en barrios de Montevideo y Canelones.
Según señalaron fuentes policiales a Búsqueda, Negro ha mantenido reuniones periódicas con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Angelita Romano, y la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, dirigida por Pablo Lotito. Este ámbito de trabajo comenzó a funcionar en los últimos días y busca mejorar la planificación y ejecución de operativos conjuntos, especialmente para agilizar la coordinación de allanamientos y detenciones en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
Además, el Ministerio del Interior ha fortalecido el área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo, incorporó nuevos efectivos y prevé sumar nuevas tecnologías destinadas al análisis criminal y la inteligencia policial. El paquete de medidas también incluye la creación de condiciones de reclusión para personas de alto riesgo para internos con capacidad de influencia criminal dentro y fuera de las cárceles.
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