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    Ante reclamos salariales, Vázquez advirtió a la SCJ que la situación económica es “complicada”

    Los ministros destacaron “que hubo un clima de diálogo diferente” con el Ejecutivo, aunque esperan ver los “frutos”

    En vistas de la “complicada” situación económica que enfrenta el Poder Ejecutivo, el presidente Tabaré Vázquez pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) buscar una salida “negociada” a los reclamos salariales de los gremios judiciales.

    Cuando en la mañana del jueves 19 los cinco ministros de la SCJ se reunieron con Vázquez, el presidente dedicó casi media hora a describir la “preocupante” situación financiera de Uruguay. Por eso, el presidente pidió a los ministros apostar al “diálogo” y a la “ética” para alcanzar un acuerdo sobre los aumentos salariales que reclaman los gremios judiciales.

    Tras una hora y media de reunión, los ministros Jorge Chediak (presidente), Ricardo Pérez Manrique, Jorge Ruibal, Jorge Larrieux y Felipe Hounie se retiraron de la Residencia de Suárez sin soluciones pero con el ánimo optimista por lo que entienden que es un comienzo auspicioso de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

    Luego de un final tormentoso con el gobierno de José Mujica, en la corporación valoraron el “diálogo fraterno” que mantuvieron con el nuevo presidente y esperan que las conversaciones rindan “frutos”.

    A la salida de la reunión Chediak habló de un “cambió radical” en el vínculo entre ambos poderes.

    Si bien Vázquez no dio una respuesta concreta a los planteos de los ministros —basados principalmente en necesidades presupuestarias— sí se dedicó a detallarles las dificultades económicas que enfrenta su gobierno y la necesidad de estudiar los pedidos de todos los organismos con un presupuesto “muy austero”.

    “Pienso que fue una respuesta elíptica a nuestros planteos”, evaluó el ministro Pérez Manrique, consultado por Búsqueda. Chediak, por su parte, dijo que la reunión consistió en un “planteo de temas”, sin “solución de ninguno de ellos”.

    “No hizo ninguna consideración sobre nuestros planteos, salvo que los iba a estudiar”, explicó. Lo que sí señaló el presidente “fueron las dificultades económicas” que enfrenta el Estado, añadió.

    Vázquez propuso celebrar una nueva reunión en abril, para continuar las conversaciones, con “los temas ya analizados con mayor detenimiento por parte del Ejecutivo”.

    “Ética”.

    Uno de los temas principales de la reunión fue el conflicto que enfrenta el gobierno con los gremios judiciales por el reclamo de aumentos salariales. Jueces, funcionarios judiciales, actuarios y defensores de oficio entienden que les corresponde cobrar un aumento a partir de la Ley de Presupuesto que entró en vigencia en 2011. Cuando en esa norma el gobierno de Mujica equiparó el sueldo de los ministros de Estado con el de los senadores, ocasionó una serie de “enganches” que el ex presidente ni imaginaba.

    El Poder Ejecutivo buscó subsanar el problema con dos iniciativas que fueron declaradas inconstitucionales. Luego envió al Parlamento un proyecto que otorgó a los funcionarios 8% de aumento —contra el 26% que reclaman—, lo que no convenció a los gremios, que presentaron recursos contra la norma.

    Ahora el gobierno enfrenta una sentencia en su contra. La jueza Josefina Tommasino Ferraro le dio la razón a 3.800 funcionarios y condenó al Poder Judicial y al Ministerio de Economía y Finanzas a pagar el aumento de 26% que reclaman.

    Ante este panorama, Vázquez dijo a los ministros que pretendían alcanzar una solución a través del “diálogo” entre ambos poderes. El presidente dijo que si bien el problema no había surgido en su gobierno, ahora lo debía asumir esta administración y prometió “estudiar” los reclamos y tener “una respuesta” en la reunión de abril, contó Pérez Manrique.

    Según dijeron a Búsqueda fuentes políticas, el gobierno estima que el costo de acceder a todos los reclamos salariales podría ascender a 500 millones de dólares en el quinquenio.

    Ante el complicado panorama económico, el Poder Ejecutivo no puede asumir ese costo, indicaron las fuentes. Por eso la posición del presidente es “dialogar” con la Corte para llegar a una solución.

    “Tengo que darle cumplimiento al mandato de la gente, al plan de gobierno que la gente aprobó, y voy a defender la ley y la Constitución aplicando la ética”, dijo Vázquez a los ministros, según relataron fuentes judiciales y políticas.

    De acuerdo con las fuentes, Vázquez entiende que el reclamo surge de un error que cometió el pasado gobierno, que no tenía la intención de aumentar el sueldo de los miembros del Poder Judicial. Por eso, explicaron, dijo que aplicará la “ética” para buscar una salida al conflicto.

    “El problema no se puede resolver en forma lineal porque no hay suficiente dinero. Por eso les propuso dialogar hasta encontrar una solución. Y apeló a la ética en el sentido de que los ministros saben que la idea original del presidente Mujica no era subirle el sueldo a toda esa cadena de funcionarios, sino equiparar el de los ministros con el de los senadores. Por eso espera que consideren eso para alcanzar una solución”, dijo una fuente cercana al presidente.

    Además, Vázquez dijo a los ministros que no reglamentará la ley 19.310 (que otorgó el 8% de aumento) hasta no tener una posición “global” sobre el tema. “Hasta que el tema no esté resuelto no lo reglamentará”, dijo Chediak. El presidente adelantó que no se reunirá con los distintos gremios del Poder Judicial hasta que no se celebre la próxima reunión con la Corte, añadió Chediak.

    Por otra parte, Vázquez ratificó que el Poder Ejecutivo apelará el fallo de primera instancia que lo condenó a pagar el aumento a los funcionarios judiciales.

    Más presupuesto y reforma gradual.

    Durante la reunión, la corporación planteó la necesidad de más presupuesto para hacer frente a los gastos de funcionamiento. Los ministros plantearon, además, aspiraciones que quedaron pendientes hace cinco años, dijo Chediak, como la habilitación presupuestal para instrumentar centros de mediación en todo el país.

    Insistieron en que la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) —que se pondrá en marcha en 2017— requerirá desembolsar importantes sumas de dinero. Por eso, plantearon al presidente la alternativa de que el nuevo CPP comience a aplicarse por zonas y no en todo el país. “Aspiramos a que a partir de enero de 2017 haya un cronograma progresivo de implantación y no la implantación simultánea”, señaló Chediak.

    Vázquez aclaró que nunca daba “opiniones sobre la marcha respecto a temas que recién se le planteaban”, narró Pérez Manrique. No obstante, les dijo que le parecía “bastante razonable el planteo” de aplicar el código por partes. Lo comparó con la “medicina precautoria” para manejar los problemas médicos y dijo que “a veces hay que manejarse con precaución para evitar males mayores”.

    Finalmente Vázquez dijo que quería que “todo se hiciera dentro del derecho” y expresó “su voluntad de cumplir los compromisos”, dijo Pérez Manrique. “Dentro de la Constitución y la ley todo; fuera, nada”, les dijo.

    El diálogo, resumió el ministro, fue “formal, respetuoso y serio”.

    “La opinión general fue que hubo un clima de diálogo diferente”, evaluó. “Pero recién estamos comenzando. Es como los árboles: hay que verlos por sus frutos”, concluyó.