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Una chispa producto de un cortocircuito. Es todo lo que hace falta para que una vivienda precaria termine consumida por las llamas. Las instalaciones irregulares les permiten hoy a cerca de 60.000 hogares “colgarse” de la luz y acceder así a un servicio básico, aunque sin pagar y con los riesgos que conlleva.
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Pero este mecanismo no solo tiene consecuencias para los habitantes de esas viviendas, que se exponen a incendios o electrocuciones, sino también para la estatal de energía eléctrica UTE, que debe enfrentar daños en sus instalaciones por cientos de miles de dólares, además de lo que deja de cobrar.
Debido a que la situación es “compleja” y tiene “varias causas”, UTE resolvió desde el 2013 hacer un “salto cualitativo” en la atención a este problema y promover la regularización de barrios enteros, y no de hogar por hogar, explicó a Búsqueda el director de UTE, Walter Sosa.
“Estamos trabajando en un proceso de inclusión que sea colectivo, que promueva la participación de todo el barrio, por ello se busca involucrarlos en todo el proceso, desde antes de la regularización, durante y después”, dijo Sosa.
El proyecto implica que cada hogar comience a pagar una factura de luz por un servicio regular en una tarifa “especial”. Durante ese proceso “se aplican algunos cambios, como por ejemplo la numeración de las casas”, y se cambian las instalaciones eléctricas de los hogares.
“Como UTE no puede hacerlo ella misma, firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, para que contraten cooperativas sociales encargadas de esta parte”, explicó Sosa.
Una vez regularizados, UTE mantiene una política “seguimiento y despeje de dudas” para evitar que los recientemente creados clientes “vuelvan al sistema previo” o que dejen de pagar.
“Es un proceso a largo plazo para que sea realmente sostenible. Seguimos yendo a los barrios para explicarle a la gente las dudas que puedan tener, aconsejarla en servicios que tiene el Estado y de los que no son conocedores, como la pensión a la vejez”, añadió.
Para Sosa, este tipo de acompañamiento permite que los usuarios sigan pagando la factura. Según los datos de UTE, los índices de “cobrabilidad” en estos nuevos casos son en torno al 80%. En Montevideo el 73% sigue pagando, mientras que en el interior es de 88%.
“Estos son índices que hacen rentable el proyecto. Partimos de la base de que UTE no cobraba un peso por estos servicios y que igual los brindaba, por lo que los pagaban entre todos los demás clientes”, dijo Sosa.
Miles por venir.
El viernes 4, UTE inauguró “los servicios de energía regular” del barrio 7 de Diciembre, la localidad más reciente en insertarse al sistema. Con esta inauguración alcanzaron los 3.100 hogares regularizados este año. El objetivo es alcanzar las 4.500 viviendas.
“Del 2013 a la fecha hemos ido aumentado progresivamente la cantidad de hogares que regularizamos por año. En 2016 fueron 3.500”, explicó Sosa.
Según los datos que maneja el ente, hay aproximadamente unos 60.000 hogares todavía en situación irregular. Para atender el problema se trazaron dos posibles lineamientos: fijar un tope anual de 4.500 regularizaciones o seguir aumentando la cifra anual hasta alcanzar las 7.000 regularizaciones en el 2019.
Con la primera opción habría 18.200 hogares regularizados para el 2020; con la segunda, 22.500.
Además, la iniciativa elabora una proyección hasta el 2025. “Con esta proyección, si aplicamos la segunda opción alcanzaríamos las 59.550 hogares, solucionando el problema”, dijo Sosa.
El costo total sería de US$ 130 millones, informó.
El obstáculo es económico: la opción más ambiciosa cuesta US$ 55 millones más que la primera y requiere pedir fondos por fuera de los asignados por el ente.
“Creemos en el proyecto porque genera una cultura de pago y porque reporta beneficios económicos para UTE. No solo porque hay más gente pagando, sino porque se reducen los importantes daños que tienen las instalaciones de la empresa con las conexiones irregulares”, sostuvo Sosa, quien evaluó que esos daños ascienden a cientos de miles de dólares en todo el país.
Derecho humano.
Según UTE, estas iniciativas se enmarcan “dentro del plan de inclusión social” de la empresa. Para Ivhanna Larrosa, arquitecta especializada en temas de derecho a la vivienda adecuada, una casa “no son cuatro paredes y un techo”, sino que consta, entre otras cosas, del correcto acceso a “servicios básicos” como la luz y el agua.
Larrosa dijo a Búsqueda que Uruguay se comprometió en tratados internacionales a garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada y que si bien “queda mucho por hacer”, en el caso de los asentamientos irregulares, “mientras se siguen buscando soluciones” esos hogares “deben contar con servicios apropiados” que eviten “tragedias” como los incendios.
