Apologetas, psiquiátricos y energúmenos

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ubica dos dimensiones: “una individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, y una colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada”, dice en “Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión”.

Más aún. Si afinamos en otro terreno, en los dichos y la gestualidad de Vitette se adivinan síntomas de desequilibrio psiquiátrico. Como en muchos otros.

En 2001, Búsqueda publicó una entrevista al coronel Manuel Cordero, un múltiple violador de derechos humanos durante la dictadura, quien defendió los “métodos irregulares” para combatir el terrorismo. Varias organizaciones sociales lo denunciaron por apología del delito y me involucraron como autor de la entrevista. Pretendieron, además, violar mis derechos humanos y profesionales al exigirme infructuosamente la grabación “completa” de la entrevista.

La fiscal Dora Domenech pidió archivar la denuncia y el juez Sergio Torres Collazo procedió en consecuencia. Algo parecido ocurrirá con este show que armó el ministro Eduardo Bonomi para distraer la atención o para engañar a quienes no entienden el alcance de la libertad de expresión.

Si fuera acertada la interpretación del ministro, varios gobernantes, correligionarios de Bonomi y él mismo hubieran sido procesados por apología de delito. Y sin necesidad de denuncia, porque jueces o fiscales hubieran debido intervenir de oficio.

Un repaso super sintético:

En 2009, Valeria Fariña, vocera del grupo ultra “Fogoneros” dijo en “El País”: “La gente se queja: ¡ay, qué horrible la lucha armada! o ¡ay, qué horrible la clandestinidad! Esto es, porque no se llegó a una represión tan grande como en la dictadura (…) En este (gobierno de Tabaré Vázquez) no pasa, pero no significa que (la lucha armada o la clandestinidad) no vuelva a pasar”.

En el documental “Tupamaros” de 1996, varios de los actuales gobernantes elogiaron la violencia armada y el terrorismo de los años 60; la hoy senadora Lucía Topolansky enseñó sonriendo a las cámaras cómo usar una carabina.

En 2009, la Primera Dama insistió en el diario argentino “La Nación”. Dijo arrepentirse de los hechos violentos que protagonizó en el pasado, pero destacó que “la violencia, en Uruguay, fue muy justificada”.

Tres años después, su hermana María Elia recordó en “Últimas Noticias” su comienzo en la guerrilla: “Ingresé a los 20 años y lo volvería a hacer. El método, tomar las armas, depende del momento histórico; el objetivo, cambiar la sociedad”.

En un homenaje a Raúl Sendic en 2010, el militante tupamaro Washington Rodríguez Betil llamó a “tirar abajo en el menor tiempo posible esta caduca, podrida y bamboleante sociedad capitalista” y alentó a ocupar latifundios improductivos. (Búsqueda, Nº 1.557)

En esos mismos actos, Bonomi utilizó la misma filosofía que le critica a Vitette: es “absolutamente legítimo considerar nuestra lucha como una lucha del pueblo uruguayo por transformar sus condiciones de vida y construir una sociedad más justa, libre, solidaria y soberana. Si las guerras de 1897 y 1904 se libraron ante un gobierno constitucionalmente elegido para alcanzar la profundización democrática, la lucha de los 60 y los 70 se libró para obtener mayor justicia social”.

Tenían y tienen pleno derecho a expresarse, como también lo tienen quienes repudian esas ideas porque hacen crujir las urnas.

Tanto para el delirante Vitette como para esos nostálgicos —manzanas podridas de la sociedad y del sistema político—, el camino no es la denuncia penal sino someterlos a pericias psiquiátricas. Chalecos de fuerza, tal vez, pero no el procesamiento.

Ahora algunos tramposos pretenden disfrazar la violencia como libertad de expresión tras los pedidos de procesamiento del fiscal Gustavo Zubía contra varios energúmenos que en febrero coparon la Suprema Corte de Justicia.

La libertad de expresión refiere a pensamientos, ideas y expresiones, no al uso de la fuerza. En la Corte quedó claro el ejercicio de la violencia. El “mata burros” de la Real Academia establece como una de las acepciones de violencia la acción “contra el natural modo de proceder”. Es lo que sucedió cuando se intimidó a los ministros de la Corte para impedir su proceder para el traslado de la jueza Mariana Mota.

Como muchos de esos energúmenos tienen el ADN degradado e irrecuperable, la semana pasada, frente a los juzgados penales de la calle Misiones, insistieron en su violencia amenazando a periodistas de “El Observador”. Y seguirán.