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Durante la campaña electoral un spot del Partido Nacional identificaba una serie de “herencias” que el gobierno del Frente Amplio dejaría para este período. Entre ellas aparecía el proyecto Valentines de la minera Aratirí, quien había iniciado un juicio por US$ 3.500 millones contra el Estado uruguayo. La semana anterior la Comisión de Arbitraje Permanente de La Haya falló a favor del gobierno y condenó a la empresa de capitales indios a resarcir al Estado con US$ 4 millones por los gastos del proceso judicial. Los magistrados no analizaron el fondo de la demanda, sino que hicieron lugar a la “objeción de jurisdicción” que presentó Uruguay.
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El proyecto se inició en 2011 durante el gobierno de José Mujica. Su propuesta revolucionó la pequeña localidad de Valentines, ubicada entre Florida y Treinta y Tres, con unos 3.000 habitantes. La empresa anunciaba que harían una inversión de US$ 3.000 millones —la más grande de la historia del país— para extraer hierro y que colocaría a Uruguay entre los mayores exportadores del mineral en el mundo. Durante las primeras etapas de exploración y prospección la empresa empleó a unas 150 personas y el silencioso pueblo de Valentines se convirtió en un lugar con decenas de camionetas 4x4 y nuevos establecimientos de servicios. El precio del hierro estaba en su pico histórico, por encima de los US$ 190 la tonelada, y eso convertía a un pequeño yacimiento que existe en el país en un potencial gran negocio. Sin embargo, el proceso llevó más tiempo del deseado por la empresa y para cuando el proyecto tendría las autorizaciones la tonelada se había desplomado a los US$ 60. El proyecto ya no era rentable. Y la empresa, que decía haber invertido unos US$ 200 millones en las distintas fases del proyecto, responsabilizó al Estado uruguayo por la demora, apoyándose en un cambio de destino que el gobierno de Mujica decidió para la terminal portuaria por donde exportarían el mineral. Los directivos indios llevaron el planteo a La Haya, que fue desestimado días atrás.
En paralelo, el martes 11 la Suprema Corte de Justicia desestimó el pedido de acceso a la información pública que presentaron los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana solicitando una copia de la demanda realizada por Aratirí. El Poder Ejecutivo declaró esa información confidencial y los abogados recurrieron a la Justicia. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º turno les dio la razón, pero el 26 de febrero de 2019 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º turno revocó la sentencia. Finalmente la Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de Salle y Viana.