Argentina hace un uso “prudente” de la solicitud de datos tributarios

Hasta ahora Uruguay recibió al año, en promedio, menos de una decena de pedidos de información a través de estos acuerdos bilaterales. Argentina, a través de su AFIP, fue la que canalizó más solicitudes referidas a empresas o ciudadanos argentinos con negocios o inversiones en el país. El único caso cuyas autoridades quisieron dejar trascender sus circunstancias es el que involucra a algunos clubes de fútbol por la transferencia irregular de jugadores.

Son de argentinos la mayor parte de los U$S 4.226 millones en depósitos que había colocados en bancos en Uruguay al cierre de noviembre pasado. A esa fecha, en casas e instituciones financieras externas locales había otros U$S 200 millones de no residentes.

Los argentinos también son dueños de gran parte de los apartamentos y casas en Punta del Este; muchos de ellos están impulsando la actividad turística en el balneario en el comienzo de esta temporada.

Y son “principalmente argentinos” los que están pagando cientos de miles de dólares por los lujosos apartamentos de la futura Trump Tower de Punta del Este que empieza a construirse, aseguró Eric Trump, uno de los ejecutivos principales del grupo estadounidense que lleva adelante el emprendimiento. “Las cosas han estado un tanto complicadas en su país y la gente prefiere traer el dinero a Uruguay porque es un mercado más seguro y estable”, explicó en declaraciones publicadas el martes 6 en “El País”.

Operadores inmobiliarios han dicho que el tratado de intercambio de información tributaria afectó significativamente la inversión nueva de argentinos en Uruguay. La cámara del sector llegó a pedir su derogación.

Este acuerdo establece el procedimiento para la solicitud de todo “dato, documentación, declaración o registro” en poder de bancos, otras instituciones financieras o cualquier persona que actúe en calidad de mandatario o fiduciario referido a individuos o sociedad que curse la administración de impuestos de un país al otro, así como las condiciones y plazo para la respuesta. Los pedidos deben referir a casos específicos que estén siendo investigados en torno a los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales que recauda la AFIP, y al IRAE (renta empresarial), el Imeba (enajenación de bienes agropecuarios), el IRPF (renta personal de los activos), IRNR (renta de no residentes), IASS (renta personal de los pasivos) y el Impuesto al Patrimonio que cobra la DGI.

También Impositiva ha solicitado datos al amparo de los tratados de intercambio suscritos por Uruguay con Argentina y países como Alemania, Francia, Dinamarca, Islandia, Canadá, Noruega, Holanda, Corea del Sur, entre otros. “Hemos tenido respuesta de pedidos de información hechos al exterior y eso nos ha hecho ver cosas que no podríamos haber sabido de otra forma”, explicó el subdirector de la DGI. Como ejemplo, contó que un caso apuntó a conocer la situación de una persona que aseguraba que no tenía renta en otro país y se comprobó que sí tenía y eran “más que importantes”.

Automaticidad

En octubre pasado, el gobierno se comprometió a hacer esfuerzos para, desde fines de 2017 o un año después, adoptar los estándares de intercambio periódico y automático —sin que se requiera una intervención judicial— de los datos sobre depósitos y pagos canalizados a través de los bancos locales con otros países que adhieran a este compromiso y que tengan acuerdos bilaterales vigentes. Ello ocurrió en el marco de la reunión anual del Foro Global de Transparencia e Intercambio de datos con propósitos fiscales de la OCDE que se celebró en Berlín (ver Nº 1.789). Otros 50 países también adhirieron a ese compromiso.

Según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, esto supondrá, ya en el transcurso de la nueva administración, el envío al Parlamento de un proyecto de ley que modifique el secreto bancario para habilitar la automaticidad del intercambio de datos de sus clientes que manejan las instituciones financieras. Aclararon que los acuerdos bilaterales de intercambio suscritos hasta ahora se mantendrán.

Estos tratados “se van a usar cada vez más. Y con el intercambio automático muchísimo más todavía”, señaló Romano.

“Dentro de cuatro años va a ser totalmente distinta la actuación de las administraciones tributarias porque el flujo de información que irá y vendrá será infinito. Y de manera automática, sin pedir nada”, explicó.

Desde el punto de vista interno, para la DGI esto implica un desafío. “El mundo ha cambiado mucho últimamente en esta materia y ha obligado a que las administraciones se vayan poniendo a punto. Nosotros tenemos gente capacitándose para estas cuestiones y vamos a tener que afrontarlo de la mejor manera”, añadió el jerarca.