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Cuando asumió como comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson dejó en claro en su discurso que no iba a tolerar más “desvíos de las normas” entre los integrantes de la fuerza, habituados desde 2010 a acusaciones y sospechas por actos de corrupción. Wilson debe lidiar ahora con una denuncia presentada en Fiscalía por el Ministerio de Defensa, que entre otras cosas busca comprobar si personal superior en actividad y retiro estuvo involucrado en el cobro irregular de viáticos y horas extras durante las inspecciones a buques.
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Aunque el período de esas actuaciones no abarca íntegramente la gestión de Wilson, horas después de divulgada la información el Comando General de la Armada envió una comunicación interna a sus oficiales donde explica la situación y atenúa cualquier responsabilidad de la institución.
El documento al cual accedió Búsqueda asegura que para la fuerza se hace “necesario realizar puntualizaciones” ante los “trascendidos de supuestas situaciones irregulares”. Apunta como causa de fondo a deficiencias legales que distintos gobiernos no solucionaron pese a las advertencias de la Armada.
“La falta de adecuación del marco legal ha ocasionado que con el transcurso de los años, los pagos que se efectuán por los procedimientos de inspecciones y auditorías, hayan quedado desactualizados”, asegura el comunicado. “Esto no ha pasado desapercibido para la Armada Nacional, la que sistemáticamente ha planteado la problemática a las diferentes gestiones ante el Ministerio de Defensa Nacional, así como también ha realizado las consultas pertinentes a órganos especializados en la materia, como el Banco de Previsión Social, la Contaduría General de la Nación y el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, para buscar una solución adecuada”, agrega.
El miércoles 20 el portal Defensa.com informó que el Ministerio de Defensa remitió una investigación a la Fiscalía General de la Nación tras detectar situaciones presuntamente irregulares con el manejo de viáticos y horas extras en la Comisión Técnica de la Dirección Registral y de Marina Mercante (Cotec), el departamento de la Armada encargado de controlar técnicamente la navegación civil de todos los barcos que llegan a Uruguay y de las embarcaciones de bandera uruguaya que navegan en el extranjero. En la investigación, centrada en el período 2015 a 2020, están involucrados oficiales en actividad y retiro, entre ellos los antecesores de Wilson como comandante en jefe: Leonardo Alonso (2015 a 2018) y Carlos Abilleira (2018 a 2020).
En agosto Búsqueda informó que, además de iniciar esa investigación administrativa para revisar el funcionamiento de la Cotec, el ministerio había decidido aumentar sus potestades sobre las inspecciones marítimas mediante un decreto firmado el 28 de julio por Luis Lacalle Pou en el Consejo de Ministros, que reglamentó el artículo 119 de la Ley de Presupuesto.
Allí se establece que las inspecciones realizadas en el exterior por parte de la Cotec serán designadas directamente en misión oficial desde el ministerio, que además será el responsable de asignar el viático que corresponda. Ordena la creación de un registro de inspecciones por parte del Comando General de la Armada a través de la Prefectura Nacional Naval, que contendrá “como mínimo” la información sobre la inspección realizada, los inspectores designados, el armador o propietario del buque, la identificación de la embarcación, la fecha y el lugar donde se hace la inspección, el importe recaudado y el viático liquidado. Obliga además a los inspectores a rendir cuentas de los viáticos obtenidos tanto en trabajos dentro del país como en el exterior, o en caso contrario se les retendrá de su sueldo el importe anticipado.
Barcos de la Armada. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS
La Cotec está integrada por oficiales superiores y jefes del Cuerpo General, el Cuerpo de Prefectura y el Cuerpo de Ingenieros de Máquinas y Electricidad. La sensibilidad de la situación determinó que el comandante en jefe marcara internamente la posición de la Armada. En el texto enviado el martes 26 a sus oficiales, cuyo contenido fue informado ese día por radio Sarandí, señala que la actualización normativa de las inspecciones de la Cotec han sido “un tema de constante preocupación” y de “difícil solución”, pero no “por omisión o falta de voluntad” de la institución.
“Al contrario, se han generado innumerables informes, grupos de trabajo, reuniones interinstitucionales, e inclusive, elevado proyectos de articulado de ley para ser incluidos en leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas, a fin de adecuar el marco normativo de los procedimientos de pago”, señala. Añade que “pese a no contar con el debido marco legal solicitado al Poder Ejecutivo”, el personal de la Armada que integra la Cotec “ha actuado y sigue actuando, bajo normativas de orden interno que han sido formal e institucionalmente establecidas para los diferentes escalones, dándoles el adecuado resguardo, base esencial sobre la que se asienta toda organización jerárquica como lo es la militar”.
El documento menciona específicamente una reunión mantenida en abril de 2020 con el director general de Secretaría del ministerio, Fabián Martínez, en donde se expuso “la problemática que existáa” en torno a las inspecciones marítimas. Fuentes militares señalaron que la institución presentó alternativas normativas que no fueron tomadas en cuenta en el artículo 119 de la Ley de Presupuesto ni en el decreto que lo reglamentó.
En el Ministerio de Defensa entienden de todas formas que las críticas hechas por la Armada están únicamente dirigidas a los gobiernos del Frente Amplio. “Es verdad que este tema se sabía y no se encaró”, dijo Martínez a Búsqueda. Para el jerarca, la comunicación interna de la Armada “advierte con justicia que se les había planteado a las anteriores autoridades políticas, de las cuales no obtuvieron solución, y que no tenía el marco legal para el cobro de viáticos, en un claro señalamiento a los mandos políticos de períodos anteriores”. Martínez sostuvo que con el decreto publicado en julio el Ministerio de Defensa sí logró resolver “en once meses un problema que llevaba décadas sin solución”.
Respecto al posicionamiento esquivo de la Armada sobre los hechos ilegales que se denunciaron en Fiscalía, Martínez aseguró que la investigación administrativa del ministerio fue suficiente para demostrar “la existencia de eventuales delitos en el manejo de fondos”.
