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Días después de asumir como ministro del Interior, Jorge Larrañaga se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y suspendió la 89a Asamblea General de Interpol, que estaba prevista desde la pasada administración para realizarse en octubre en Punta del Este.
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La decisión, informada por El Observador, obedeció a las medidas de ahorro impulsadas por el Poder Ejecutivo y generaron la reacción de los ministros salientes Eduardo Bonomi (Interior) y Liliam Kechichian (Turismo), quienes argumentaron que el evento implicaba una inversión y no un gasto debido a los ingresos en turismo que iba a producir en el momento y a futuro. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas observó dos contrataciones directas que el gobierno anterior tenía cerradas para el evento, ya que no estaban debidamente justificadas.
Según consta en resoluciones del 4 de marzo a las que accedió Búsqueda, el Ministerio del Interior realizó el año pasado dos contrataciones directas al amparo del artículo 33, literal C) numeral 10 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que permite esa excepción a la licitación pública siempre que“exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar”. Una de las contrataciones fue al Centro de Convenciones de Punta del Este para la asamblea general y la otra al Serena Hotel para la cena de gala. Para el tribunal, en ninguno de los dos casos el ministerio acreditó que no existieran “otros espacios públicos cerrados” ni “servicios de similares características”.
El costo de la cesión del Centro de Convenciones, del 15 al 31 de octubre, era de US$ 1.224.500 (sin incluir IVA) a abonarse la mitad en enero y el resto entre julio y noviembre próximos. El ministerio argumentó la compra en la necesidad de un lugar con “capacidad para 1.500 asistentes, salas de reuniones, tecnología, equipamientos técnicos adecuados, y una localización acorde que brinde servicios de seguridad, permitiendo el despliegue de un número importante de efectivos policiales en diferentes operativos”.
El Serena Hotel, ubicado sobre la playa en la parada 24 de la Mansa, había sido elegido para la cena de gala por un monto de US$ 433.100, IVA incluido. El paquete contratado incluía “montaje de carpa transparente y estructura sobre la arena, decoración y ambientación general, alquiler de mobiliario, equipamiento técnico (amplificación, iluminación y música), servicio gastronómico para 1.200 personas, tasa Agadu, personal, baños químicos y entretenimiento (shows en vivo)”. En este caso el ministerio justificó el gasto en que el hotel tiene la “capacidad, estructura, decoración, mobiliario, servicio gastronómico y equipamiento técnico” para albergar a más de 1.000 invitados.