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Cuando a mediados del mes pasado el candidato presidencial blanco, Luis Lacalle Pou, presentó a su equipo económico en la Torre de los Profesionales, junto a Azucena Arbeleche estuvieron sentados: tres técnicas jóvenes, cuatro economistas cuarentones y uno más veterano. Alberto Sayagués, ese contador-economista de 69 años, fue quien calculó en unos U$S 4.000 millones el costo de algunas de las medidas propuestas por el Frente Amplio y también es el autor de otro informe con el que quiso refutar lo que considera son “medias verdades” lanzadas por el oficialismo en la actual campaña electoral.
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En ese documento, que recientemente compartió con otros asesores y la fórmula Lacalle Pou-Larrañaga como un insumo para la campaña, expone una visión “realista” sobre la situación económica de Uruguay, según dijo Sayagués a Búsqueda. Allí incluye análisis propios, citas de diversos estudios académicos y de organismos públicos e internacionales, y frases de políticos de izquierda y de entendidos para sostener su enfoque.
Algunos de los argumentos que plantea en su informe atacan lo que a su juicio es simple “ignorancia” de ciertos dirigentes, como afirmar que el Producto Bruto Interno —PBI— se cuadruplicó entre 2004 y 2013 (de U$S 13.700 millones a U$S 55.700 millones), cuando dicho crecimiento se compone de 65% real y los restantes 241 puntos porcentuales “son solamente consecuencia de la inflación en pesos y el atraso cambiario”.
En el análisis señala que “ya en 2004”, antes de que la coalición de izquierdas asumiera el poder, “la economía había iniciado firmemente su recuperación y estaba comenzando a aprovechar una extraordinaria bonanza venida del exterior”. Reconoce que en estos 10 años los equipos económicos del Frente Amplio administraron en forma “profesional” las políticas —más allá de las “discrepancias con el déficit fiscal, la política de comercio exterior, la pérdida de competitividad, etc.”—, aunque dice que las mismas no explican la expansión económica.
Para Sayagués, si bien en los últimos años la inversión en Uruguay aumentó como en el resto de toda América Latina, aún “falta mucha”, en especial en infraestructura de transporte. “La inversión productiva creció gracias a la inversión extranjera directa y a los subsidios” otorgados a través del régimen de promoción, que alivia la carga de impuestos a este tipo de planes, cuestiona.
También machaca sobre el déficit fiscal, situado actualmente en el equivalente a 3,4% del PBI en los 12 meses cerrados en julio, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. En su informe recuerda que el desequilibrio anual era de 1,9% en 2004 y agrega: “Se afirma que estos déficits son manejables y es cierto, ya que todo déficit es ‘manejable’. La cuestión es la dificultad y el costo de ese manejo y quién lo paga. Y ese costo viene creciendo cada vez más y lo tendrán que pagar las futuras generaciones”. A su entender, el futuro gobierno debe proponerse reducir el desequilibrio a la mitad para hacer los números sostenibles a largo plazo.
Estado y desempleo.
Sayagués conoce el aparato estatal desde adentro. Antes de recibirse de contador-economista fue ayudante en el viejo Ministerio de Industria y Comercio, luego trabajó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Su último cargo fue de director de la Asesoría Tributaria y de Recaudación del Banco de Previsión Social a fines de los años noventa. También tuvo participación en diversas reorganizaciones en el sector público (ANP, BCU, AFE, Intendencias de Salto y Maldonado, e Instituto Nacional del Menor). Ahora se desempeña como consultor privado.
En su opinión, en los períodos del Frente Amplio se hizo “muy poco” en materia de reforma del Estado y persisten “múltiples bolsones de ineficiencia”.
Rechaza que, como sostiene el oficialismo, la regularización de trabajadores sea lo que explique el aumento de la plantilla estatal hasta unos 297.000 empleados. Los “hechos”, según su informe, son que el número de becarios, pasantes y otros vínculos laborales pasaron de 12.000 en 2004 a 17.000 en 2013, por lo que “mal puede ser esa la explicación” de un incremento de 57.000 empleados en el período.
“Suponemos que algunos funcionarios habrían sido necesarios, ¿pero todos? Además, ha ido creciendo una “extraordinaria y poco conocida cantidad de personas que trabajan para el sector público (en sentido amplio) a través de contratación“ de empleados que trabajan dentro de oficinas públicas pero cobran por intermedio de “fundaciones, cooperativas, ONG y otras figuras de derecho privado”, asegura. También por la contratación de tareas y la “proliferación de empresas privadas propiedad de organismos públicos”.
Sayagués marca en su informe como una “media verdad” la afirmación de que “nunca fue tan bajo el porcentaje de gente desocupada” y cita datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ubican la tasa no muy lejos de la actual, como el 7,4% registrado —en promedio— entre 1979 y 1981, o el 6,6% de 1981. Plantea que en períodos “prósperos” en Uruguay la tasa de desempleo tendía al 8% y ahora se estabiliza en 6-7%. “Un 1% de empleo son unos 17.240 empleos. El fuerte incremento de funcionarios públicos y de guardias privados de seguridad explica suficientemente esa disminución. Esperemos que no siga disminuyendo por esta razón”, señala.
Asegura que del mismo modo que “toqueteando” los precios de algunos artículos se puede afectar la evolución del índice de Precios al Consumo, es posible bajar “en el papel” los niveles de pobreza. En ese sentido, cuestiona que el INE compute el promedio de una cuota mutual como parte del ingreso de las familias al calcular la pobreza.
Otra “media verdad” es atribuirles el mérito a las políticas del Ministerio de Desarrollo Social por haber logrado una fuerte reducción de la cantidad de pobres, dice. A su entender, el aumento del empleo y los incrementos salariales fueron básicamente la razón de esa mejora. Pero, mirando hacia adelante, considera que el “10% es un núcleo duro al cual las transferencias monetarias difícilmente lo saquen del pozo, si bien podrían quedar por arriba de la línea de pobreza”. Según Sayagués, la solución requiere de una mayor inversión en educación y en acciones que permitan atacar los problemas específicos de esos sectores sociales.
