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Los expertos de Naciones Unidas que asesoran a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la elaboración de un proyecto de ley sobre corrupción privada están preocupados por el futuro de la propuesta. En la última reunión que tuvieron en Uruguay con empresarios, preguntaron qué podían hacer para evitar que la iniciativa quede “encajonada”, según supo Búsqueda.
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La Jutep había solicitado el año pasado a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) que la asistiera en la confección del proyecto, pero los asesores ahora tienen dudas de que su trabajo llegue después al Parlamento. La preocupación fue planteada en un encuentro que mantuvieron en setiembre, en Montevideo, con empresarios y expertos. Allí compartieron avances de su trabajo y al final dedicaron los últimos minutos para conversar de manera informal sobre cómo lograr que el proyecto no muera en un escritorio. En el intercambio surgieron ideas de conseguir que cámaras empresariales y organismos internacionales avalen la iniciativa previo a su presentación final, dijeron los informantes.
Los asesores de la Unodc ya habían entregado un borrador a las autoridades, quienes demoraron meses en responder y cuando hicieron su devolución incluyeron varios comentarios al documento. Está previsto que una nueva versión, que sería la final, sea presentada en diciembre.
“Todos nos conocemos”
En una reunión anterior a la de setiembre, los expertos de Unodc, cuyas oficinas regionales están en Colombia, dieron algunas pistas de por qué creen que es tan difícil establecer políticas anticorrupción en el sector empresarial.
La primera es la “falta de regulación”, ya que en Uruguay, a diferencia de la mayoría de los países de la región, las conductas vinculadas a la corrupción privada no están tipificadas. Esas conductas, según expusieron los asesores, son el fraude internacional, el peculado, el tráfico de influencias, la colusión, el manejo de información privilegiada, el soborno en el sector privado, el lobby y el fraude contable.
Los expertos identificaron trabas que están vinculadas a la idiosincrasia local. Hay una tendencia a “mantener el statu quo” en el manejo de los negocios y en su control, con la lógica de que “acá siempre se hizo así”. En cuanto a los conflictos de interés, la dificultad que identificaron a partir de sus intercambios con los actores del sistema es el concepto de que en Uruguay “todos nos conocemos”. “La falta de conciencia de la existencia de corrupcio´n” es otro elemento, dice la presentación elaborada por los expertos.
El documento sugiere realizar una priorización de sectores a los que es necesario regular con mayor fuerza en ese tema: obras públicas, farmacéuticas, laboratorios y sector salud en general, logística, energía, aduanas, proveedores del Estado y sector financiero.
No prioritaria
Las dudas sobre el futuro del proyecto tiene fundamento en algunas señales enviadas por el sistema político. Es que la Jutep debía elaborar el articulado en 2020. Con el tiempo largamente vencido, en 2022 la entonces presidenta del organismo, Susana Signorino, convocó a los expertos de la Unodc para que armaran un borrador. La decisión no pasó ni siquiera por el directorio del organismo.
