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A diferencia de lo investigado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación sobre el accionar de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) no evalúa las demoras en los cronogramas para la aprobación de concurso de precios o para la aprobación del pliego que habilite a llamar a licitación y profundizar el canal Martín García.
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Tampoco califica de manera alguna el accionar de uruguayos o argentinos ni si la empresa concesionaria, Riovía, fue beneficiada por las condiciones de la negociación.
Se limita a analizar el nuevo precio renegociado con la empresa concesionaria del mantenimiento del canal y concluye que fue “razonable en relación con los montos calculados según los criterios de actualización aplicados”.
“Los mismos se basaron exclusivamente en variaciones de índices generales (precios mayoristas) y particulares (combustibles y lubricantes y nivel general de salarios y compensaciones del sector público y privado) de la República Oriental del Uruguay, que habrían impactado”, se indica.
“El valor finalmente negociado se encuentra comprendido dentro de los valores a los cuales se ha arribado de acuerdo con las hipótesis señaladas”, concluyeron los miembros de la Sindicatura.
El organismo depende directamente de Presidencia de la Nación argentina.